Un nuevo escándalo estatal ha sacudido al Perú en los últimos meses, esta vez involucrando a una vasta red de jueces, fiscales, abogados y más personal de alto rango en el sistema de justicia. Varios de ellos han quedado expuestos en los audios negociando sobornos con empresarios, congresistas y otros a cambio de sentencias livianas, la obstrucción de investigaciones, la anulación completa de veredictos u otros favores.

El nuevo escándalo es otro golpe para un establishment político y estatal ya enormemente desacreditado después de las revelaciones del escándalo Lava Jato, el cual implica a políticos del Perú y de toda Latinoamérica con sobornos realizados por corporaciones brasileñas, incluido al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien fue obligado a renunciar en marzo.

Su sucesor, el presidente Martín Vizcarra anunció el mes pasado en su mensaje a la nación del Día de la Independencia un plan de referéndums, uno de los cuales propone la reforma del sistema de justicia, específicamente el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la entidad estatal encargada de nombrar jueces y fiscales en todo el país. La medida tiene como objetivo calmar la creciente ira popular contra el gobierno.

Los audios filtrados provienen de una investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de Callao, una “provincia constitucional” dentro de la capital de Lima que incluye el puerto marítimo más importante del país para las exportaciones e importaciones. También es el epicentro del tráfico de cocaína a Europa y EUA, un negocio ilegal y extremadamente lucrativo que vincula a las bandas de narcotraficantes, corruptos funcionarios portuarios y, como lo reveló el escándalo, el sistema judicial del Callao.

Los casos de corrupción y los altos niveles de delincuencia —debidos a las bandas de narcotraficantes— ya habían dejado huella en la historia reciente de la provincia. Dos exalcaldes del Callao, Alex Kouri y Félix Moreno, están tras las rejas y se enfrentan a juicios por malversación de fondos y sobornos.

La Fiscalía Especializada en Crimen Organizado estaba investigando a una banda de narcotraficantes conocida como los “Castañuelos del Rich Port” por su conexión con un conocido capo de la droga, Gerson “Caracol” Gálvez, cuya sentencia de prisión fue abrupta y sospechosamente anulada en el 2014. Se reportó que tal era su dominio sobre el Callao que ofreció al Ministerio de Justicia detener las guerras territoriales de los narcotraficantes a cambio de su liberación de prisión.

La Fiscalía descubrió a través de las escuchas telefónicas que “Caracol” era el vínculo entre los “Castañuelos” y el sistema de justicia en el Callao. Solicitaron una intervención telefónica más amplia de los abogados de la pandilla y confirmaron que estaban sobornando a los jueces de Callao. Pronto las conversaciones interceptadas de los jueces, abogados y asesores dejaron claro que el sistema judicial del Callao era una plataforma para obtener sentencias favorables y puestos públicos beneficiales a cambio de dinero y otros favores. La Fiscalía decidió cambiar el enfoque de la investigación al sistema judicial del Callao y le cambió el nombre por “Cuellos Blancos del Puerto”.

Mientras revisaban las escuchas telefónicas quedó claro que el juez de la Corte Suprema del Callao, Walter Ríos, era el principal responsable de la toma de decisiones dentro del sistema de justicia. Las grabaciones de sus conversaciones con el miembro de la Corte Suprema César Hinostroza —una figura importante en el sistema legal del país— señaló que los dos eran cómplices, ampliando así el enfoque de la investigación hacia todo el sistema judicial del Perú.

Entonces, el 7 de julio, IDL Reporteros, un equipo online de reporteros independientes comenzó a publicar en su sitio web audios filtrados de la investigación.

Los audios de Ríos dan una idea de la mentalidad corrupta que proporciona una posición de inmenso poder: él exige que trabajadores de limpieza estatales vayan a su casa y hagan trabajo aparentemente no remunerado y que se asignen “señoritas atractivas” a uno de sus viajes de trabajo, mientras abusa verbalmente de sus subordinados cercanos. En el audio que provocó su arresto al final, se jacta ante su conductor —y cobrador— acerca de los valiosos sobornos que está recibiendo.

Ríos fue arrestado el 15 de julio y está cumpliendo 18 meses de detención preventiva. Hinostroza fue suspendido de sus funciones como miembro de la Corte Suprema y, aunque la Fiscalía presentó al Congreso una petición para acusarlo, él se ha mostrado desafiante y ha afirmado que no ha hecho nada malo a pesar de que uno de los audios filtrados —en el que favorecía la liberación de un presunto violador de niños— causó indignación pública.

Otro cómplice principal y benefactor de una relación con Ríos fue el empresario automotor Antonio Camayo. Él tuvo contratos lucrativos con el poder judicial cuando Ríos estaba en el cargo y parecía haber sido un vínculo entre Ríos, Hinostroza y el partido de derecha Fuerza Popular (FP) que controla el Congreso con 66 escaños. En un audio, Camayo le pide a Hinostroza una reunión con la “Señora K de la fuerza número uno”. Esta es una clara alusión a FP y su lideresa Keiko Fujimori. Su pretensión de que ella no era la “Señora K” fue tratada por la población con escepticismo y burla.

Camayo fue arrestado junto con otros en una redada contra los “Cuellos Blancos” la noche del 29 de julio, un día después de que Vizcarra entregase su mensaje a la nación proponiendo los referéndums.

En una conversación con Hinostroza, Camayo afirmó que podía servir como intermediario con el propio presidente Vizcarra. Él ya había visitado al primer ministro César Villanueva como parte de una delegación de la Sociedad Nacional de Industrias. Vizcarra negó haberlo conocido y los medios no investigaron más. Esto es parte de su intento de promover a Vizcarra, un político previamente desconocido, para asegurar la estabilidad de su presidencia.

Cuando apareció un audio que mostraba una relación amistosa entre Hinostroza y el ministro de Justicia Salvador Heresi, el propio presidente Vizcarra solicitó a través de Twitter a Heresi que renunciara, lo cual él aceptó “para que el presidente pueda dirigir la reforma de la justicia”.

Otro audio muestra a Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ofreciendo entradas para los partidos de la Copa Mundial en Rusia a Hinostroza, en los que jugaba el equipo peruano. Oviedo también es dueño de un negocio azucarero ubicado en la región norteña de Lambayeque, y los fiscales locales lo acusaron de ordenar los asesinatos de dos líderes de los trabajadores azucareros. Los abogados acusaron que los regalos de Oviedo a Hinostroza insinúan que el miembro de la Corte Suprema estaba retrasando la investigación.

Miembros de alto rango de la judicatura del país comenzaron a dimitir a medida que nuevos audios salían cada día vinculándolos de una forma u otra con Ríos o con Hinostroza. Incluso el fiscal del Estado tuvo que ser reemplazado por uno nuevo, Pedro Chavarry, quien declaró que no tenía ninguna relación con Ríos o Hinostroza. Pero, entonces, IDL presentó audios de él hablando con los dos.

José Domingo Pérez, un fiscal contra el lavado de dinero, criticó públicamente la nominación de Chavarry, calificándolo de “poco ético”. Además, como parte de la delegación legal enviada a Brasil para interrogar a Jorge Barata —el principal funcionario de Odebrecht en Perú— sobre los sobornos del gigante de la construcción a expresidentes, reveló que sus superiores habían obstaculizado deliberadamente esta investigación. Afirmó que uno de ellos le prohibió preguntarle a Barata quién era el hombre detrás de las iniciales “AG” en uno de sus cuadernos de sobornos. Las iniciales son, por supuesto, las mismas que las del expresidente Alan García, quien, durante su segundo gobierno de 2006-2011, otorgó a Odebrecht los contratos de construcción más sobrevalorizados del Perú.

Pérez también afirmó que después de ordenar una redada en las oficinas del fujimorista FP (cuya lideresa Keiko Fujimori también está acusada de recibir dinero de Odebrecht), el exfiscal le dijo: “No sabes con quién te has metido”.

Tanto García como Fujimori tienen una influencia masiva dentro del poder judicial peruano. García durante su último gobierno rellenó los principales puestos del sistema de justicia con miembros de su partido, mientras que la influencia de Fujimori proviene de ser la “fuerza número uno” en tener a los principales empresarios dentro de las filas de su partido y disfrutar del patrocinio de la mayoría del círculo empresarial.

Precisamente es la intervención de Hinostroza en anular dos casos que podrían dañar severamente a FP lo que explica hasta ahora su salvación. El año pasado realizó una resolución procesal que detuvo una investigación de supuesto lavado de dinero por Joaquín Ramírez, ex secretario general de FP. Él asimismo aceptó un recurso legal de Fujimori por otra investigación por un presunto lavado de dinero. Es el Congreso —dominado por FP— que tiene el poder para invalidar cualquier acusación legal contra él.

(Publicado originalmente en inglés el 21 de agosto de 2018)