Luego de cinco horas de deliberaciones, la Corte Suprema peruana votó la semana pasada a sentenciar a cadena perpetua a Abimael Guzmán, su esposa Elena Yparraguirre, Osmán Morote y otros siete miembros del grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso por ordenar el bombardeo en julio de 1992 de la calle Tarata, un área comercial densamente poblada del distrito de Miraflores en Lima.

Según el diario Correo, "El liderazgo de Sendero Luminoso está acusado de crímenes contra la tranquilidad pública, terrorismo en forma de terrorismo agravado y crímenes contra la salud pública".

Las cadenas perpetuas por el bombardeo de la calle Tarata se suman a las condenas de prisión de por vida previas, por "terrorismo" y "traición", dictadas contra los líderes de Sendero Luminoso en 1992 por un tribunal militar secreto, después de que fueron capturados por las fuerzas de inteligencia peruanas. Siguieron varias apelaciones, pero todas terminaron en los tribunales confirmando las sentencias originales.

El Ministerio Público, informa El Comercio, apelará la absolución de los acusados en el caso Tarata en relación con los cargos de narcotráfico.

El momento del nuevo juicio por terrorismo cumple una función política definida en condiciones en las que todo el aparato estatal peruano, y en particular el sistema judicial, están envueltos en una ola de escándalos de corrupción.

El ex banquero de Wall Street, Pedro Pablo Kuczynki, fue obligado a renunciar como presidente en marzo por cargos relacionados con el extenso escándalo de corrupción que involucraba al gigante de la construcción brasileño Odebrechet.

Su sucesor, el presidente Martín Vizcarra, se enfrenta a una crisis cada vez mayor que involucra cintas de audio de jueces, fiscales y abogados de alto rango que negocian veredictos, sentencias y cargos.

Bajo estas condiciones, el nuevo enjuiciamiento de Sendero Luminoso sirve para desviar la opinión pública al resucitar los resentimientos generalizados entre el pueblo peruano por los crímenes cometidos durante la guerra de 20 años entre el grupo guerrillero y el ejército peruano.

En su informe final, la Comisión de la Reconciliación y la Verdad peruana concluyó que 69,280 personas habían sido asesinadas o desaparecidas entre 1980 y 2000; 54 por ciento a manos de Sendero Luminoso y la mayor parte del resto por el Ejército peruano. La abrumadora mayoría de las víctimas provenían de los 6 millones de ciudadanos de origen indígena del país, que representan alrededor del 20 por ciento de la población.

En la noche del 16 de julio de 1992, dos vehículos estacionados en la calle Tarata, cada uno cargado con 250 kilogramos de explosivos, fueron detonados matando a 25 personas e hiriendo a más de 200. La explosión fue tan poderosa que dañó 183 hogares, 400 negocios y 63 automóviles estacionados.

El ataque a un concurrido centro comercial de Miraflores marcó un punto de inflexión en la percepción pública de la lucha contra Sendero Luminoso. Por primera vez, la sangrienta lucha había exigido víctimas en un barrio frecuentado por las clases altas de Lima, que habían permanecido en gran medida indiferente a la muerte y el sufrimiento experimentado por la población indígena de los Andes.

Adhiriéndose a la doctrina maoísta de la guerra de guerrillas en el campo, Sendero Luminoso comenzó operaciones violentas a principios de los años ochenta. Su principal fuente de reclutamiento fue estudiantes universitarios de la Universidad de Huamanga en Ayacucho, donde Abimael Guzmán enseñó filosofía, la Universidad de Huancayo, también ubicada en los Andes centrales, y la universidad de docentes La Cantuta, junto con dos universidades nacionales importantes en Lima. Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería.

Inició operaciones en Lima en 1983. Además de volar torres de electricidad, creando apagones en grandes partes de la capital, los miembros de Sendero Luminoso incendiaron fábricas y atacaron las oficinas de partidos burgueses. Eventualmente expandiría sus operaciones, explotando coche bomba en las calles.

Inicialmente, Sendero Luminoso ganó popularidad entre los jóvenes campesinos más oprimidos que asistían a la universidad en el altiplano. Pudo capitalizar siglos de opresión y abandono por parte del gobierno central hacia las regiones andinas más pobres del país: Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.

En 1991, Sendero Luminoso controlaba la mayor parte de la región andina del centro y sur de Perú. La guerra costó la vida de decenas de miles de campesinos inocentes con bajas masivas infligidas tanto por el Ejército peruano como por Sendero Luminoso.

Sendero Luminoso pronto perdió su fachada de un movimiento guerrillero que lucha para liberar al pueblo andino de la opresión del estado. Comenzaron los juicios sumarios en las aldeas de los campesinos pobres, acusándolos de pasar información al ejército peruano. Los juicios se convirtieron en ejecuciones masivas.

Perdiendo popularidad entre los campesinos, que se encontraron en el fuego cruzado entre el ejército peruano y la guerrilla, en 1985 Sendero Luminoso recurrió cada vez más a actos de terrorismo, incluido el asesinato de líderes de grupos de izquierda, partidos políticos locales, sindicatos y organizaciones campesinas.

Mientras tanto, el asesinato de estudiantes sospechosos de ser simpatizantes de Sendero Luminoso fue dirigido desde el nivel más alto del gobierno. El ex presidente Alberto Fujimori, que se adjudicó la victoria en la década de 1990 por capturar a Abimael Guzmán, fue declarado culpable, junto con su siniestro asesor Vladimiro Montesinos, de crímenes de lesa humanidad por haber ordenado las masacres de "La Cantuta" y "Barrios Altos" a manos del escuadrón de la muerte de “Colina”. Fujimori y Montesinos fueron condenados a 25 años de encarcelamiento por estos crímenes, junto con sentencias separadas por actos de corrupción.

En contraste con la nueva persecución de los líderes de Sendero Luminoso, en diciembre de 2017, el expresidente Kuczynski perdonó a Alberto Fujimori, quien permanece libre hasta el día de hoy.

Todavía hay más juicios relacionados con Sendero Luminoso por venir. Según El Comercio, "este fallo no pone fin a los procesos judiciales de los líderes terroristas. Ellos tienen que enfrentar otros dos juicios. ... Uno de ellos es el proceso por el asesinato de 117 campesinos del pueblo de Soras en Ayacucho en 1984."

El otro caso involucra a un grupo diferente de acusados, que no han sido implicados en ningún acto de violencia o terrorismo. Estos son los líderes del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), fundado en noviembre de 2009, y liderado por Alfredo Crespo, abogado defensor de Abimael Guzmán. Se enfrentan a cargos de ser miembros de Sendero Luminoso y de haber recibido dinero del narcotráfico para financiar sus actividades.

El grupo se ha centrado en exigir una amnistía general para todos los encarcelados en relación con la guerra sucia de 20 años en Perú, desde los prisioneros de Sendero Luminoso hasta Fujimori y miembros de las fuerzas armadas. En 2011, el grupo buscó el reconocimiento como un partido político para presentarse a las elecciones, pero su solicitud fue denegada por los funcionarios electorales federales.

(Publicado originalmente en inglés el 19 de setiembre de 2018)