Esta semana, Estados Unidos presenció una escena demasiado familiar en años recientes: al enfrentarse a inundaciones récord, decenas de miles de hombres, mujeres y niños en unas de las partes más empobrecidas del país se quedaron sin alimentación adecuada, refugio y agua, teniendo que esperar horas para poder comprar gasolina y siendo rechazados de refugios saturados, mientras escapaban de aguas desbordadas y tóxicas.

A medida que se repliegan las inundaciones, volverán a sus hogares dañados o destruidos, necesitando decenas de miles de dólares para reparaciones, en un país en que un hogar promedio no puede cubrir un gasto de $500. Cuando pregunten por qué el Gobierno no los ayuda a cubrir gastos, les dirán que no hay dinero. Cuando pregunten porqué el Gobierno no preparó mecanismos adecuados para prevenir inundaciones, les dirán lo mismo: no hay dinero.

Pero, mientras los noticieros reportaban incesantemente cada etapa de la catástrofe, el Senado de EUA les dio una respuesta diferente al Gobierno de Trump y el Pentágono cuando solicitaron aumentar dramáticamente el gasto militar.

El Senado, por una mayoría contundente de 93 votos a 7, aprobó un proyecto de ley para financiar casi todo el Gobierno federal el año siguiente. Ochenta por ciento del presupuesto —$675 mil millones de $854 mil millones— serán gastos militares, un aumento de $60 mil millones comparado al año pasado.

Dado que la aprobación del proyecto de ley no fue mencionada en ninguno de los noticieros vespertinos, ni apareció en ninguna de las portadas de los principales periódicos, sería sorprendente si uno de cada cien estadounidenses supo al respecto. Y ese era precisamente su objetivo.

En una declaración igual de reveladora, el presidente de la comisión de apropiaciones del Senado, Richard Shelby, aplaudió la aprobación del proyecto de ley, declarando, “Vamos a hacer poner el tren de las apropiaciones de vuelta a correr”. Era una metáfora bastante peculiar. Una búsqueda en Google de la frase “make the trains run” (poner el tren a correr) resulta solo en referencias al dictador fascista italiano, Benito Mussolini, quien, según el decir, “puso a los trenes a correr a tiempo” deshaciéndose de los procedimientos democráticos.

En una declaración igual de reveladora, Patrick Leahy, el líder demócrata en la misma comisión, declaró: “Hicimos nuestro trabajo y nos enfocamos en lo que deberíamos estar haciendo, tomando decisiones responsables y ponderadas sobre cómo financiar estas agencias federales y dejar temas políticos controversiales fuera”.

En otras palabras, para la “oposición” demócrata, cuyos senadores votaron de forma unánime por el proyecto de ley, uno de los gastos militares más grandes en la historia del país no es un “tema político controversial”, sino algo indiscutible.

Se dedicarán casi $150 mil millones para equipos militares nuevos y modernizados, incluyendo $24,2 mil millones para la construcción de 13 navíos para la armada, incluidos dos submarinos con potencia nuclear y de clase Virginia que cuestan $2,4 mil millones cada uno.

La enorme cifra no incluye la construcción en marcha de dos nuevos portaaviones de clase Gerald R. Ford que cuestan $13 mil millones cada uno.

Otros $9,3 mil millones se emplearán para comprarle a Lockheed Martin, un contratista militar, 93 aviones de caza F-35 nuevos, posiblemente el proyecto más caro e incompetentemente manejado en la historia del lucro armamentístico. El financiamiento de este programa, según los demócratas, no es un “tema político controversial”.

La expansión masiva en el gasto militar expresada en la aprobación del proyecto de ley refleja la implementación de la estrategia en defensa nacional del Pentágono, la cual declara que la “competición estratégica interestatal, no el terrorismo, es ahora la principal preocupación de la seguridad nacional estadounidense”.

Las distintas ramas del ejército han concluido de este documento que tienen que prepararse para una guerra contra Rusia, China o ambos tan pronto como el 2025. El lunes, la Fuerza Aérea presentó su propuesta para cumplir con esta meta.

La secretaria de la Fuerza Aérea, Heather Wilson, declaro ante la conferencia de la Asociación de la Fuerza Aérea en Maryland esta semana que la agencia tendría que crecer 25 por ciento, añadiendo 1.500 aeronaves a su actual flota de alrededor de 6.000.

“Tenemos que ver al mundo como es”, dijo Wilson. “Por eso, la estrategia de defensa nacional reconoce explícitamente que hemos vuelto a la era de la competición entre grandes potencias. Tenemos que prepararnos”, señaló, para “vencer a una gran potencia”.

“La Fuerza Aérea es mucho más pequeña de lo que la nación espera”, dijo.

Además, “necesita cinco escuadrones de bombarderos más… y siete escuadrones espaciales adicionales para que podamos dominar en el espacio, donde no nos habían amenazado en el pasado… necesitaremos 15 escuadrones de recarga de gasolina… 22 escuadrones más para control y comando, monitoreo de inteligencia y reconocimiento”, entre otros.

Les dejó en claro a los contratistas militares presentes en la audiencia que pueden aumentar sus ganancias ya que la Fuerza Aérea comenzará a “comprar cosas más rápido”. Los tentó con la posibilidad de “entregas de contrato de un día” para contratistas, quienes serían invitados a “darnos sugerencias y si al administrador del programa le gusta, la compañía saldrá ese mismo día con fondos y un contrato firmado en un día”.

En otras palabras, con decenas de miles de millones de dólares a mano, la Fuerza Aérea los entregará por montones a los empresarios de la guerra, prácticamente lanzándolos por la ventana.

Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, estará ahí para atraparlos. Pronunciándose en la misma conferencia de la Asociación de la Fuerza Aérea, Bezos, quien se ha aferrado al contrato tecnológico más grande en la historia del Pentágono, de aproximadamente $10 mil millones, declaró: “Es tan importante para el Departamento de Defensa, para la Fuerza Aérea, para todas las instituciones gubernamentales —cuando es posible— que utilicen soluciones comerciales”, como la que llegó a perseguir.

Wilson finalizó su discurso con la declaración: “Nuestro dominio como una potencia global no es un derecho de nacimiento. Es nuestra decisión”.

Alguien en la audiencia pudo preguntar: ¿quién está decidiendo? Nadie le preguntó al pueblo estadounidense si quería apresurarse hacia una guerra con una o dos potencias nucleares, una guerra que sin duda implicaría armas nucleares y cobraría millones, sino miles de millones, de vidas.

“Es una obligación para nuestros compatriotas, decirles… lo que deberíamos hacer, lo que se debe hacer” para hacer más “letal” a la Fuerza Aérea, describiéndola como el “puño apretado” de Estados Unidos.

El empleo de una retórica propia del fascismo —“poner el tren a correr”, el “puño apretado”, el ejército diciéndole a la población “lo que se debe hacer”— pone de manifiesto algo esencial sobre el plan del Pentágono de perseguir “conflictos entre grandes potencias”.

No es compatible con la democracia. Sin duda, el documento estratégico del Pentágono deja esto claro, declarando que “la patria” es uno de los campos de batalla por ser vulnerable a la “subversión política” por parte de “actores no estatales”, un eufemismo para referirse a disidentes políticos.

Según esta prescripción, la acumulación militar está siendo acompañada por la construcción de un régimen de censura estatal por parte de las empresas de tecnología, atrincherándose todas detrás del Pentágono y sus contratos lucrativos.

Una conclusión es inescapable: el capitalismo y la guerra son incompatibles con la democracia. Las luchas contra la guerra y contra la censura política requieren un programa socialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de septiembre de 2018)