La Administración de Trump ataca a los inmigrantes que reciben beneficios federales

por Harvey Simpkins
26 septiembre 2018

El sábado, en otra escalada viciosa de su guerra contra los inmigrantes, la Administración de Trump anunció planes de imponer regulaciones federales que prohíban a los inmigrantes que alguna vez hayan recibido beneficios federales obtener tarjetas de residencia o visas, colocando así límites a la inmigración a los Estados Unidos basados en clase social.

Según la norma propuesta, la cual probablemente entrará en vigor después de un período pro forma de 60 días de revisión pública y comentarios, los beneficios descalificadores incluyen medicamentos recetados de la Parte D de Medicare, Medicaid, cupones de alimentos y comprobantes de vivienda de la Sección 8.

La nueva regla afectará a las personas que soliciten visas de inmigración o aquellas con residencia temporal que busquen permanecer en el país. También podría prohibir que los más de 600.000 recipientes de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, todas las siglas en inglés) obtengan la residencia permanente.

Las regulaciones draconianas están claramente dirigidas a los inmigrantes de la clase trabajadora. Ahora obligarán a aquellos que buscan un estado legal permanente a elegir entre renunciar los beneficios para ellos o sus familiares o recibir los beneficios, perder cualquier posibilidad de obtener una tarjeta de residencia o cambio de visa y arriesgarse a ser deportado. Incluso los residentes podrían estar sujetos a la nueva norma y perder su condición de residentes permanentes legales si, en determinadas circunstancias, abandonan el país e intentan regresar.

Según la Fundación de la Familia Kaiser, casi 20 millones de niños, el 90 por ciento de los cuales son ciudadanos estadounidenses, podrían verse afectados por las nuevas regulaciones porque sus padres u otros familiares se verían obligados a dejar de recibir beneficios para mantener la posibilidad de obtener la residencia permanente o un mejor estatus de visa.

La política propuesta hará que los inmigrantes estén "más hambrientos, más enfermos y más pobres", dijo Oliva Golden, directora ejecutiva del Centro de Derecho y Política Social, a USA Today. "Está dirigido a padres documentados que trabajan y que siguen las reglas. Todo lo que sabemos sugiere que es una idea terrible. Tenemos que luchar".

Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, notó la naturaleza de clase de la regla propuesta en una declaración a la prensa, "Cómo contribuyes a tu comunidad, y no cómo te ves o el contenido de tu billetera, debe ser lo que más importa. Esta regla propuesta hace todo lo contrario y deja claro que la Administración de Trump continúa priorizando el dinero por encima de la unidad familiar al garantizar que solo los más ricos puedan construir un futuro en este país".

Al igual que con casi todas las otras políticas antiinmigrantes que promulga el Gobierno de Trump, la nueva regulación propuesta se basa en las políticas de los demócratas. El último ataque de Trump es una extensión de una regulación federal implementada por la Administración de Clinton en 1999, que impide que los inmigrantes que reciban beneficios federales en efectivo, incluyendo asistencia social y ayuda por discapacidad del Seguro Social, o aquellos institucionalizados para cuidado a largo plazo a expensas del Gobierno, obtengan permisos de trabajo o green cards.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que el reglamento afectará a unas 382.000 personas cada año, quienes estarán sujetos a una revisión más extensa de su uso de los beneficios públicos. El DHS también afirma que la norma ahorrará $2,7 mil millones anualmente al disuadir a los inmigrantes de solicitar beneficios a los que estarían calificados. Suponiendo que estos ahorros son correctos, es un porcentaje pequeño en comparación con el dinero asignado a las agencias antiinmigrantes, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), sin mencionar los $675 mil millones asignados para el Pentágono en el año fiscal 2019 o los masivos recortes de impuestos de $1,5 billones para los ricos que se aprobaron en diciembre de 2017.

El último ataque contra la sección más vulnerable de la clase trabajadora viene justo a tiempo para aumentar su apoyo entre los republicanos en las elecciones legislativas del 6 de noviembre. Stephen Miller, el director de política fascista de Trump, abogó firmemente a favor de la nueva regla, la cual se utilizará para aumentar el apoyo entre los partidarios más reaccionarios de la ofensiva de gran alcance de Trump contra los inmigrantes. Las regulaciones son una bebida especialmente potente para los republicanos, ya que apuntan tanto a los inmigrantes como a quienes usan los beneficios públicos.

Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, un grupo pro reforma migratoria, dijo a USA Today: "Esto tiene las huellas dactilares de Stephen Miller por todas partes. Él y su camarilla de intransigentes están decididos a mantenerse al margen y expulsar a tantos inmigrantes y refugiados como sea posible".

El último ataque contra inmigrantes es solo una de una serie de políticas de Trump dirigidas a los sectores más vulnerables de la clase trabajadora internacional, incluida la prohibición de viajes que prohíbe a la gran mayoría de ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Corea del Norte y Venezuela entrar a los Estados Unidos; la separación forzada de niños, incluyendo bebés y niños pequeños, de sus padres en la frontera de Estados Unidos y México; redadas militares contra lugares de trabajo y hogares que han llevado al arresto y la deportación de miles de personas; y un aumento considerable en los arrestos de inmigración, incluyendo el arresto de cientos de ciudadanos estadounidenses.

La semana pasada, la Administración de Trump anunció que limitaría el número de refugiados admitidos en los Estados Unidos en el año fiscal 2019 a 30.000, que sería el número más bajo en más de 38 años. En el año fiscal 2018, que finaliza el 30 de septiembre, EUA solo admitió a unos 21.000 refugiados.

También la semana pasada, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) notificó al Congreso que no puede localizar a casi 1.500 niños detenidos por el Gobierno. Esto se produce solo unos meses después de que HHS revelara que había perdido cuenta de 1.475 niños a fines de 2017. En ambos casos, los niños eran menores no acompañados que el HHS colocó con familias o agencias.

En respuesta a la última acción indignante de Trump, los demócratas emitieron quejas impotentes por un día o dos, antes de regresar a sus pilares gemelos de "resistencia": la caza de brujas antirrusa y la campaña #MeToo (#Yotambién).

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de setiembre de 2018)