El viernes, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés,) Kirstjen Nielsen, firmó una nueva regla propuesta que exigirá que todos los inmigrantes que soliciten un estatus legal permanente o ciudadanía brinden evidencia de su estado financiero, incluyendo las solicitudes de beneficios públicos, comprobante de seguro de salud privado e historiales de crédito.

La norma es otro paso importante de la Administración de Trump para crear un sistema de inmigración basado en clase. El DHS defiende la nueva regla como un medio para evitar que los inmigrantes que puedan convertirse en una "carga pública" adquieran un estatus legal permanente.

Esto supuestamente se está haciendo para evitar que los extranjeros se conviertan en una "carga" para el contribuyente estadounidense —una apelación al chovinismo nacional y la xenofobia—. Ni la Administración de Trump ni su oposición nominal en el Partido Demócrata muestran una preocupación similar por la carga a los contribuyentes de los recortes tributarios multimillonarios para las empresas y los ricos.

Según la propuesta, se necesita una verificación de crédito para revelar el historial de pago de facturas de una persona, la deuda actual, el historial laboral, la bancarrota y, lo más importante, si una persona puede ser "autosuficiente" en los Estados Unidos.

Esta propuesta sigue un cambio de regulación anunciado la semana pasada que prohibirá efectivamente a los inmigrantes adquirir estatus legal permanente si sus familias han usado programas sociales. Esa nueva política califica como cargos públicos a todos los inmigrantes indocumentados que alguna vez hayan utilizado beneficios en efectivo o no en efectivo, como cupones de alimentos, cupones de vivienda o el seguro social Medicaid, lo que les imposibilita obtener un estado legal permanente (green card). Esto afecta directamente a menos de 10 millones de trabajadores indocumentados que ya han utilizado los beneficios descritos en este reglamento.

Millones de trabajadores inmigrantes más se verán afectados porque renunciarán el uso de los beneficios públicos para ellos y sus niños por temor a que se les etiquete como "cargas públicas" y sean objeto de deportación. La regla, como han señalado numerosos estudios e incluso el propio DHS, se va dirigida desproporcionadamente contra los sectores más vulnerables de la población, las mujeres embarazadas y niños, y aumentará las tasas de pobreza.

Hay 10,4 millones de niños que son ciudadanos estadounidenses con al menos un padre no ciudadano. De este grupo, casi 6 millones de niños reciben beneficios de salud pública. Estas familias podrían separarse si un padre es considerado una carga pública y no se le concede la residencia legal permanente.

Estos cambios serán vigentes después de un período de 60 días para observaciones públicas pro forma. Al mismo tiempo en que se efectúan redadas propias de la Gestapo y arrestos masivos por parte de la policía de inmigración en sitios de trabajo en todo el país, se llevan a cabo la construcción de una red de campos de detención para inmigrantes y la detención continua de cientos de niños inmigrantes que han sido separados de sus padres.

El Gobierno de Trump está intensificando su guerra contra los inmigrantes detrás de un muro de silencio en los medios y con la connivencia del Partido Demócrata, que no dice nada. Los demócratas prácticamente han abandonado toda pretensión de defender a los trabajadores y jóvenes inmigrantes. Están enfocando todos sus esfuerzos en las elecciones de mitad de período de noviembre en la promoción de su campaña belicista contra Rusia y su caza de brujas derechista, #MeToo (#Yotambién), diseñada para consolidar su alianza con la CIA y el ejército y movilizar su base de apoyo entre las capas privilegiadas de la clase media-alta.

Mientras tanto, decenas de miles de trabajadores inmigrantes están siendo sometidos a condiciones sumamente brutales en centros de detención en todo el país, por el único "crimen" de buscar refugio de las condiciones infernales de pobreza y violencia causadas por un siglo de intervenciones imperialistas estadounidenses en Centroamérica y el resto de América Latina.

La semana pasada, un caso judicial en Tacoma, Washington, destapó una huelga de hambre de un mes de duración por detenidos en el Centro de Detención del Noroeste, una instalación administrada por la empresa con fines de lucro, GEO Group. Los detenidos, a quienes se les paga $1 por día en lugar del salario mínimo estatal, protestaban contra la política general de "tolerancia cero" de la Administración de Trump y las condiciones dentro de sus instalaciones, incluyendo una epidemia de varicela y la exposición a toxinas de un fuego químico cercano.

También se informa que casi 70 padres, separados de sus hijos, comenzaron una huelga de hambre en el centro de detención de Karnes en Texas.

Las redadas en los lugares de trabajo por parte de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) continúan sin cesar. La semana pasada, ICE llevó a cabo una serie de redadas en el sur de California, arrestando a 150 inmigrantes que fueron categorizados como "amenazas a la seguridad pública".

En una operación de ICE de 10 días en el norte de Texas y Oklahoma arrestaron a casi 100 personas.

La persecución y el uso de los inmigrantes como chivos expiatorios no son simplemente un problema de los Estados Unidos. Son un fenómeno global. En toda Europa, en Alemania, Italia, el Reino Unido, Europa del Este y Escandinavia, las clases dominantes capitalistas y todos los partidos principales buscan desviar el descontento masivo hacia canales nacionalistas reaccionarios, cazando inmigrantes y culpándolos por el desempleo y la pobreza. Están fomentando el crecimiento de los partidos de extrema derecha y neofascistas como parte de las preparaciones para guerras en el exterior y dictaduras en casa.

Los trabajadores en los Estados Unidos deben unir esfuerzos con los trabajadores de todo el mundo para defender los derechos de los inmigrantes y luchar por una política socialista de fronteras abiertas. Los trabajadores de todos los países deben tener derecho a vivir y trabajar en el país de su elección.

(Publicado originalmente en inglés el 29 de septiembre de 2018)