Un juez federal de California ha emitido una orden judicial preliminar que bloquea la orden ejecutiva de la administración Trump, la cual eliminaría el Estatus de Protección Temporal (TPS) de cientos de miles de inmigrantes. El juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Edward Chen, dictaminó el miércoles que el TPS para inmigrantes de Nicaragua, El Salvador, Sudán y Haití debe mantenerse hasta que se resuelva una demanda que cuestiona la legalidad de la orden.

Los cuatro países citados en la demanda representan a casi 300.000 de los 437.000 refugiados que actualmente reciben TPS en los Estados Unidos. Ha habido una adición de 273.000 niños nacidos en los Estados Unidos de estos inmigrantes. Al emitir su fallo, el juez Chen afirmó que la administración pudo haber terminado el TPS para los inmigrantes sobre la base de una política racista que busca restringir la entrada de inmigrantes no blancos al país.

Según Chen: “Hay ... evidencia de que esto pudo haberse hecho para implementar y justificar un resultado preestablecido deseado por la Casa Blanca”. Además, “los demandantes también han planteado serias dudas sobre si las acciones tomadas por el Secretario Interino o Secretario, fueron influidas por la Casa Blanca y basadas en la animosidad contra los inmigrantes no blancos, no europeos, en violación de la protección igualitaria garantizada por la Constitución”.

Chen citó múltiples documentos de funcionarios de la administración que demuestran que estos funcionarios intentaron revocar el estatus de protección de los refugiados, a pesar del hecho que aún enfrentarían graves peligros si regresaban a sus países de origen. En muchos casos, los funcionarios de Trump contradijeron directamente la evaluación de riesgos realizada por los funcionarios de carrera del Departamento de Estado de los países en cuestión.

En un intercambio citado por la CNN, Francis Cissna, el director de inmigración y servicios de ciudadanía de los Estados Unidos, hizo la observación de que un documento que buscaba justificar la revocación del TPS para los inmigrantes sudaneses pareciera ser el caso contrario hasta que fue modificado por funcionarios del gobierno de Trump.

“El memorándum dice que una persona que apoya firmemente la extensión del TPS para Sudán escribió todo hasta la sección de recomendaciones y luego alguien que se opone a la extensión se coló detrás del primer hombre, lo golpeó en la cabeza, sacó del camino su cuerpo sin sentido a empujones, y terminó el memorándum. ¿Me estoy perdiendo de algo?”.

Los funcionarios también expresaron dudas similares con respecto a los documentos que pretendían justificar el fin del TPS para los inmigrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua. En un intercambio de correo electrónico, la Jefe de la Oficina de Política y Estrategia, Kathy Nuebel observó que “el problema es que se lee como si recomendáramos una extensión porque hablamos mucho sobre lo malo que es, pero no hay suficientes medidas positivas que se hayan tomado desde su designación”.

Los fiscales demostraron que funcionarios de la administración Trump intentaron revisar la interpretación tradicional del TPS, alegando que las condiciones en los países en cuestión y que llevaron al TPS ya no existen y, por lo tanto, podrían ser rescindidas. Esto pese al hecho que los cuatro países afectados por el fallo están agobiados por la guerra civil, la pobreza extrema y la represión política.

Defendiéndose, Brandon Prelogar, oficial del departamento de Estado, escribió lo siguiente: “Podemos analizar las condiciones del país para tratar de ver qué más podría haber, pero el problema básico es que allí ES malo (con respecto a) todas las métricas estándar. Nuestro argumento más fuerte a favor de la terminación, pensamos, es que no está mal de una manera claramente relacionada con los desastres iniciales que motivan las designaciones. Podemos trabajar … para tratar de obtener más y/o peinar las condiciones del país que tenemos nuevamente buscando gemas positivas, pero las condiciones son las que son”.

Los documentos muestran una interferencia continua de funcionarios de la administración en el proceso de evaluación de riesgos, incluyendo la intervención directa de Gene Hamilton, el entonces consejero principal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y un aliado político del fiscal general Jeff Sessions. Hamilton realizó revisiones de última hora de algunos informes, incluyendo la eliminación de referencias a violaciones de derechos humanos, con el fin de defender mejor las protecciones.

Aproximadamente 1.000 refugiados de Sudán, a quienes originalmente se les otorgó el TPS en 1997 debido a una guerra civil y cuyo estado de protección se renovó posteriormente varias veces, habrían enfrentado la deportación el 2 de noviembre de este año si la orden de Trump no hubiera sido bloqueada. Los funcionarios del DHS intentaron justificar la revocación alegando que el conflicto armado que ha afectado a Sudán durante décadas ahora se limitaba a “regiones específicas”, aunque reconocen en el mismo documento que cientos de miles de refugiados han huido de la violencia en los últimos años y que la región aún sufre de “agudos niveles de inseguridad alimentaria”.

Hasta ahora, el DHS se ha negado a levantar el estatus de protección para los refugiados de Sudán del Sur, que tiene el menor número de inscritos en el programa de cualquier país.

A los inmigrantes haitianos se les otorgó originalmente el estatus de protección en 2010 debido al terremoto de enero de ese año que mató al menos a 160.000 residentes y destruyó 250.000 hogares. Haití nunca se ha recuperado completamente de los daños causados por el terremoto.

En 2017 la ONU declaró que todavía hay al menos 55.000 haitianos en los campamentos de refugiados y que “Muchos todavía viven en condiciones insalubres debido al desplazamiento causado por el terremoto”. El país también ha sufrido una epidemia de cólera tras el terremoto de 2010, la cual ha afectado a 800.655 haitianos y ha matado a 9.480.

Haití también fue severamente afectado por el huracán Matthew en octubre de 2016. La tormenta tocó tierra en Haití como un huracán de categoría cuatro y se estima que destruyó 200.000 hogares. Aproximadamente 45.000 inmigrantes de Haití — el país más pobre del hemisferio occidental — se habrían enfrentado a la deportación en julio de 2019 antes de que se emitiera la suspensión.

A los nicaragüenses se les otorgó el TPS por primera vez en 1998 después del huracán Mitch, el cual causó la muerte de al menos 3.800 personas y desplazó a otras 368.300. Se estima que la tormenta causó mil millones de dólares en daños. Este país, que ahora está gobernado por el líder sandinista Daniel Ortega, ha experimentado una violencia política constante en los últimos años, ya que el exlíder guerrillero “marxista” ha tratado de reducir las pensiones y aumentar las contribuciones a la seguridad social en línea con los dictados del Fondo Monetario Internacional. Más de 5.300 refugiados de Nicaragua — devastada por décadas de dictadores respaldados por Estados Unidos y por la austeridad proempresarial — enfrentan la deportación en enero de 2019 debido a la orden de Trump.

Cerca de 200.000 refugiados de El Salvador, que representan el mayor número total de beneficiarios del TPS de un solo país, se habrían enfrentado a la deportación en septiembre de 2019. Al igual que los otros países en la lista de Trump, El Salvador es uno de los más pobres del mundo. Una cuarta parte de los niños salvadoreños menores de cinco años viven en la pobreza extrema y el 36 por ciento de la población rural total vive en la miseria. El país también tiene la tasa más alta de homicidios juveniles en el mundo.

A los salvadoreños se les otorgó el estatus de protección después de los terremotos de 2001, en los cuales murieron más de mil personas y cientos de miles más fueron desplazadas.

El gobierno de Obama ya había revocado el TPS para Guinea, Liberia y Sierra Leona en 2017, a pesar de las condiciones miserables en esos países. Ahora, cientos de miles de refugiados más verán su vida en peligro a medida que la administración de Trump lance nuevos ataques contra inmigrantes y refugiados en un intento de movilizar a su base política de extrema derecha como una protección contra el creciente descontento social.

(Publicado originalmente en inglés el 6 de octubre de 2018)