El gobierno español del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos está rechazando las exigencias de los gobiernos autonómicos de imponer el confinamiento en los hogares. A falta de una vacuna contra el COVID-19, esta es la única política que puede hacer que el virus esté controlado y que puede evitar una horrenda pérdida de vidas en medio de un resurgir devastador del virus. Esta decisión pone de relieve la criminalidad política del gobierno español y, en particular, del partido "populista de izquierda" Podemos, que está manteniendo a los trabajadores en sus lugares de trabajo y a los niños en las escuelas para que las ganancias masivas de los bancos y los principales inversores puedan seguir acumulándose.

España es uno de los países más afectados de Europa, con un total de 35.878 muertes y 1.264.517 infectados, aunque las muertes podrían llegar a ser hasta 60.000 y los infectados unos 3 millones. Ha añadido 7.100 muertes por COVID-19 a la cifra oficial de muertos desde julio. Si la tasa no baja, España tendrá otras 8.000 muertes más para estas Navidades. Ayer, el ministerio de sanidad informó de 55.019 nuevos casos a lo largo del fin de semana.

El virus se está extendiendo rápidamente, particularmente en las escuelas. Casi 6.000 aulas tuvieron que cerrar por casos de COVID-19 en octubre, más de las 3.850 de septiembre. En total, 159 escuelas han cerrado y se han infectado 1578 docentes, según el Sindicato Trabajadores de la Enseñanza.

En este contexto, la norteña Comunidad de Asturias le pidió al gobierno central del PSOE y Podemos que autorizara un confinamiento en los hogares de 15 días en un esfuerzo por contener el contagio.

En una rueda de prensa celebrada tras una reunión urgente del Comité de Crisis del COVID-19, el presidente de la Comunidad Autónoma de Asturias, Adrián Barbón, dijo que la región estaba luchando por contener el virus. En Asturias ya ha habido más de 400 infecciones por cada 100.000 habitantes, y sus hospitales y unidades de cuidados intensivos (UCIs) están a punto de colapsar. En cada uno de los últimos días de octubre, en la región hubo más de 3.000 infecciones.

Barbón dijo que el comité está preocupado por "el aumento de las hospitalizaciones. Si seguimos a este ritmo y no podemos controlar la difusión ni las hospitalizaciones, podríamos llegar a una situación límite".

El llamamiento urgente de Barbón expone las pretensiones del gobierno central de que las medidas limitadas como los toques de queda que van de medianoche a las seis de la mañana, que limitan las reuniones a seis personas y el cierre de bares y hoteles, mientras que se permite el trabajo no esencial y se obliga a los niños a volver a las escuelas, contendrían el virus.

En cuestión de unas pocas horas, sin embargo, el gobierno del PSOE y Podemos desestimó exigencias de una política de confinarse en casa. El ministro de sanidad Salvador Illa dijo: "Ahora no lo prevemos. No estamos trabajando sobre ello, ni lo prevemos. Pensamos que el abanico de medidas que están disponibles para las autoridades de los gobiernos autonómicos son suficientes".

Fuentes del gobierno le dijeron al canal público español de televisión, RTVE: "Lo que se propone es lo que está aprobado, y no hay otras propuestas".

Aunque el viernes se confirmó un número récord de 25.595 nuevos casos, Illa le dijo cínicamente a la población española que esperara a ver si las medidas limitadas de su gobierno tenían algún impacto en la pandemia: "Cuando se implementan medidas, puede tomar de 10 a 15 días ver los resultados. Por lo tanto, debemos tener paciencia y saber esperar lo suficiente para ser capaces de ver los efectos de medidas muy drásticas, y no entrar en una especie de competencia por ver quién toma las medidas más duras".

Después de Asturias, el enclave africano español de Melilla también pidió el confinamiento en las casas. El domingo por la noche, el enclave pidió formalmente al gobierno central que considerara la política del confinamiento en casa y suspendiera la enseñanza presencial.

La semana pasada, las autoridades sanitarias de Castilla y León le pidieron al gobierno central las herramientas legales requeridas para aplicar la cuarentena en casa si no había mejoras en los datos epidemiológicos de la región. Otras regiones españolas, incluyendo a Cataluña y Andalucía, también están debatiendo solicitudes semejantes.

Mientras tanto, los científicos están pidiendo la implementación inmediata del confinamiento. Tomás Cobo, el vicepresidente del Colegio de Médicos, le dijo a El País la semana pasada que "El confinamiento es la única medida que está demostrada científicamente", y añadió: "el resto [de las medidas implementadas hasta la fecha] son solo ensayo y error".

José Martínez Olmos, el ex secretario general del ministerio de sanidad y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, le dijo al mismo diario: "Será difícil evitar el confinamiento con estas cifras que tenemos en las regiones".

La única solución es la movilización independiente de la clase trabajadora europea e internacional. Fue la intervención independiente de los trabajadores lo que obligó a adoptar políticas de confinamiento esta primavera en Europa, con paros espontáneos en plantas automovilísticas, plantas acereras, de ingeniería y de procesado de alimentos que cortaron las cadenas de abastecimiento y forzaron a los gobiernos de la UE a imponer órdenes de confinamiento. La intervención de la clase trabajadora salvó millones de vidas.

Hoy, no se cuestiona que el cierre de negocios no esenciales combinado con inversiones masivas en salud pública, tests, cuarentenas y rastreo de contactos son la única política científica para combatir el virus. Para implementar tal programa, sin embargo, hace falta que la clase trabajadora se dirija hacia una lucha internacional y consciente por el socialismo.

Ello requiere una lucha política contra el gobierno del PSOE y Podemos. Desde el principio de la pandemia, Podemos ha estado ayudando a implementar un rápido regreso al trabajo de los trabajadores no esenciales y la reapertura de las escuelas, al mismo tiempo que guardaba un silencio cómplice sobre la incapacidad del gobierno de contratar miles de rastreadores de contactos y personal médico necesarios para tratar con un muy esperado resurgimiento del COVID-19.

Aunque el socio regional de Podemos en Asturias presentó la demanda para que la región controlada por el PSOE implementara un confinamiento de la gente en sus casas, ello simplemente pone de relieve el papel reaccionario de Podemos a nivel nacional. Pablo Iglesias —el secretario general de Podemos que ahora es vicepresidente del gobierno y miembro de la comisión que supervisa su Centro Nacional de Inteligencia— ha guardado un silencio ensordecedor sobre la pandemia. Este es otro ejemplo de la "total lealtad" en todas las cuestiones de Estado que Iglesias le prometió al PSOE cuanto ingresó en el gobierno con este partido el año pasado.

Respecto a la burocracia sindical, calló completamente con la esperanza de que una parte de los miles de millones de los rescates pasen a las arcas de los sindicatos. Los sindicatos más grandes —Comisiones Obreras (CCOO, afiliado a Podemos) y la Unión General del Trabajo (UGT, afiliado al PSOE)— que fueron los principales encargados de aplicar la política de regreso al trabajo desde la primavera, no han hecho ninguna declaración. La Confederación General del Trabajo (CGT), que a veces se las da de sindicato "radical" alternativo, también guardó silencio.

Las secciones europes del Comité Internacional de la Cuarta Internacional están exhortando a los trabajadores y a los jóvenes a organizar comités por la seguridad en los lugares de trabajo y en las escuelas, por fuera de los sindicatos. Esto sentaría las bases para huelgas masivas coordinadas, una oposición sistemática y la toma del poder por parte de la clase trabajadora para incautar los recursos necesarios para una lucha científica y humana contra el COVID-19 y poner fin a la política de inmunidad colectiva de la burguesía.

(Publicado originalmente en inglés el 2 de noviembre de 2020)