Los casos y muertes por coronavirus están aumentando rápidamente una vez más en España. Tras un breve respiro en los nuevos contagios diarios a finales de noviembre y a principios de diciembre, en las vacaciones se ha producido una subida renovada, y los casos han vuelto a niveles que no se veían desde el pico de la segunda ola a finales de octubre.

El jueves pasado, España superó el sombrío umbral de los dos millones de casos de coronavirus, registrando 42.360 nuevos contagios desde el martes. El miércoles 6 de enero fue festivo en España, por lo tanto ese día no se dieron cifras. Más de 25.000 nuevos contagios se registraron el viernes —la segunda cifra más alta en toda la pandemia. Hasta ese día, España había registrado oficialmente un total de 2.050.360 casos y 51.874 muertes por COVID-19.

La televisión pública RTVE informó de que un impactante 8 por ciento de todos los residentes en asilos de ancianos murieron de casos confirmados o sospechosos de COVID-19 en 2020. Son 24.933 de los 312.753 que llevaban viviendo en esas instalaciones el año pasado. Estas muertes constituyen cerca de la mitad de todas las bajas por coronavirus en España, ya que esas residencias se volvieron campos de la muerte debido a las medidas inadecuadas que tomó el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos para contener el contagio.

También el viernes, las cifras del gobierno mostraron que la tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes había subido a 350,48 —un rápido incremento respecto a los 321 del día anterior. Esta cifra se ha casi duplicado en un mes, habiendo permanecido en 180-190 por 100.000 a principios de diciembre.

En la región occidental de Extremadura, este índice se disparó a 803 por 100.000 para el viernes, y las comunidades autónomas de Baleares, Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja registraron tasas de 400 a 525. El gobierno español condiera una tasa de incidencia de menos de 25 por 100.000 como señal de que la pandemia está bajo control, y 250 o más indican "riesgo extremo". Según esta medida, todas las comunidades españolas excepto el País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias están ya o se están acercando al riesgo extremo.

En una señal de que muchos casos todavía siguen sin ser detectados, las cifras oficiales muestran que cerca del 14 por ciento de los tests de coronavirus dan resultados positivos en toda España. Esta cifra se eleva a un enorme 25,89 por ciento en la Comunidad Valenciana, 23,4 por ciento en Castilla-La Mancha, 20,91 por ciento en Extremadura y 17,73 por ciento en Murcia. Los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dicen que una tasa de positivos de más del 5 por ciento indica que el virus está descontrolado.

Mientras tanto, la implementación de la vacunación en España va muy lenta, y solo 277.976 personas han recibido por lo menos una dosis de la vacuna —o el 0,6 por ciento de la población de España.

Aunque muchos países europeos impusieron ciertas medidas limitadas de confinamiento mientras los casos subían en noviembre y diciembre, el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos se negó a hacerlo. Dejó a discreción de las 17 comunidades autónomas decidir qué medidas implementar. Muchos gobiernos regionales impusieron restricciones limitadas, como toques de queda durante la noche y restricciones a los viajes entre regiones. Sin embargo, las escuelas y los lugares de trabajo siguen abiertos, y siguen extendiendo el virus.

Como respuesta a las crecientes tasas de contagio en las últimas semanas, muchas comunidades autónomas se han visto obligadas a introducir nuevas y limitadas restricciones para contener el virus —aunque todas están lejos de implementar medidas de confinamiento total. En Andalucía, los bares y restaurantes ahora tienen que cerrar a las 6 de la tarde; están restringidos los viajes desde y hacia la comunidad.

El gobierno regional balear cerró bares, centros comerciales y gimnasios en la isla de Mallorca. Galicia extendió sus restricciones actuales a los viajes desde y hacia la comunidad hasta finales de enero y decretó que la hostelería cierre a las 6 de la tarde en las ciudades de Ourense, Santiago y La Coruña. La comunidad de Madrid también limitó los desplazamientos entre varios municipios de su territorio.

El 5 de enero, la autoridad regional de Castilla-León requirió que el gobierno central del PSOE y Podemos le concediera permiso para implementar un confinamiento en las casas como el que se impuso en marzo. El viernes, esta región tenía una tasa de incidencia de 326 por cada 100.000 habitantes, y el 32,1 por ciento de las camas de cuidados intensivos en esta región estaban ocupadas —una de las cifras más elevadas de España. Las tasas de tests positivos también subió al 12,2 por ciento en la semana que terminó el 4 de enero, un 6,91 por ciento más respecto a apenas la semana anterior.

A pesar de la grave situación de la región, el gobierno del PSOE y Podemos rechazó la solicitud de estas autoridades locales. El ministro de sanidad Salvador Illa declaró el jueves que las medidas en vigor actualmente dejan "suficiente marco de actuación".

Haciéndose eco de los comentarios de Illa, la vicedirectora del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra Moros, declaró en una rueda de prensa el mismo día que "no hace falta un confinamiento duro, pero sí tomar medidas serias sobre algunas de las actividades que sabemos claramente que son un riesgo".

Sierra Moros, junto al director del CCAES, Fernando Simón, fue uno de los 13 firmantes de la carta mentirosa a la revista médica The Lancet de principios de diciembre, en la que cargos de la sanidad defendían el manejo políticamente criminal de la pandemia por parte del gobierno.

"Hay muchas medidas que tomar antes de un confinamiento duro de nuevo. Medidas que además han demostrado ser efectivas", seguía Sierra Moros en la rueda de prensa del jueves. Rechazando explícitamente la medida de cerrar los centros educativos, declaró: "En este momento, no tenemos una recomendación, desde el Ministerio [de Sanidad], de cerrar colegios ... realmente no ha habido brotes importantes en colegios ... ha habido casos sueltos, que enseguida se han controlado, se han confinado".

Que las escuelas sigan abiertas es "importante para el desarrollo de los niños, incluso para [superar] las brechas sociales en este país", dijo. "Habría muchas más medidas que tomar ... antes que el cierre de colegios. ... Obviamente todo es valorable, pero no creemos que sea el momento de tomar una decisión amplia".

Esta preocupación fingida por la perspectiva educativa de los niños tiene por objetivo oscurecer los verdaderos intereses de clase tras mantener las clases presenciales durante una pandemia mortal. Se está utilzando a las escuelas como servicios glorificados que se preocupan por los niños, para asegurarse de que los padres sigan yendo a trabajar y generando ganancias para la aristocracia financiera.

La negativa del gobierno a tomar medidas serias para contener la extensión de la enfermedad se está topando con una oposición popular generalizada.

Casi el 60 por ciento (el 59,2) de los españoles creen que el gobierno debería haber tomado medidas más estrictas para controlar el virus, según una encuesta realizada a principios de diciembre por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), financiado por el Estado. Solo el 25,8 por ciento de la población española creía que el gobierno del PSOE y Podemos había hecho lo suficiente para combatir el virus. El estudio también reveló que más de un cuarto (el 27,9 por ciento) de la población de España conocía a alguien que murió por el virus.

Huelgas están estallando en toda España contra las políticas oficiales de "volver al trabajo" y los ataques a las condiciones de vida de los trabajadores durante los últimos años. Cada lunes de este mes han estado convocando un paro los trabajadores de los servicios telefónicos de Konecta, una empresa que brinda sus servicios de atención telefónica al cliente a grandes empresas como el banco Santander, Openbank, Bankia, Vodafone y Orange.

Cientos de trabajadores de esta empresa de servicios telefónicos de la costa norte de España están protestando por la obligación de volver al trabajo presencial, tras haber pasado los últimos meses trabajando a distancia para protegerse del COVID-19. Los trabajadores se pasan horas hablando por teléfono en oficinas abarrotadas y cerradas —condiciones idóneas para la transmisión aérea del virus.

Los trabajadores deben tomar estos asuntos en sus propias manos para protegerse de la enfermedad. Ello implica necesariamente romper con los sindicatos y el gobierno del PSOE y Podemos —que ha implementado a sabiendas una política que lleva a muertes masivas— como parte de un movimiento más general de los trabajadores en España y en el mundo.

(Publicado originalmente en inglés el 10 de enero de 2021)