Un juez de Estados Unidos declara que la gente de Detroit no tiene derecho al agua

3 octubre 2014

Esta perspectiva apareció en inglés el primero de octubre del 2014 [traducción de Rafael Azul

En un fallo el lunes 29 de septiembre, el juez federal que supervisa la quiebra de Detroit admitió que ¡ni trabajadores, ni jóvenes, ni jubilados tienen ningún "derecho fundamental" al agua! El juez Steven Rhodes negaba así una demanda contra la medida municipal de negarle a decenas de miles de residentes una de las necesidades más fundamentales para la vida.

La cruel decisión del tribunal de Rhodes es una lección para toda la clase obrera. El mensaje de Rhodes expresa la lógica del sistema capitalista, la crueldad de la aristocracia empresarial y financiera que lo controla y el carácter clasista de todas las instituciones del Estado.

Los abogados de los demandantes, que incluyen víctimas de los cierres de agua, sostienen que sus clientes y los residentes de Detroit sufren de un daño irreparable. Si la política continua, dicen, causará enfermedades y muertes.

Sin dejar de reconocer ese daño, y que "el agua es un ingrediente necesario para la vida", Rhodes, sin embargo, falló que confirmar un daño irreparable "no sugiere que exista un derecho legal fundamental a los servicios de agua potable. No existe tal derecho en la ley, del mismo modo que no existe un derecho legal a otras necesidades de la vida, como vivienda, alimentos y atención médica ".

Detener los cierres de agua es inaceptable, dijo Rhodes, porque sería interferir con la plata destinada bancos y a los rentores, que reciben 50 centavos de cada dólar que recoge el departamento de agua, de propiedad municipal. "Detroit no puede permitirse ninguna reducción de ingresos. Las obligaciones de la municipalidad a sus acreedores exigen que adopte todas las medidas razonables y de negocios para cobrar la deuda que se le debe", insistió Rhodes.

En resumen, la clase trabajadora no tiene derecho a una vida sana, seguridad económica, educación o cultura. El único "derecho" reconocido por el tribunal es el derecho al saqueo, de los ricos

Según declaraciones ante el tribunal del director financiero del departamento de agua Detroit (DWSD), los cierres en masa de agua son una condición impuesta por las agencias de calificación crediticia de Wall Street, (Fitch, Moodys y S & P). Exigen que el DWSD borre su "deuda mala" con el fin de mejorar el precio de bonos municipales. El chorro actual de cierres (en un momento afectaban a casi 900 familias al día), le posibilitó al departamento emitir millones de dólares en nuevos bonos de deuda con menores costos de financiamiento.

El cierre del agua y la expectativa de privatizar al DWSD revelan la esencia de este proceso de quiebra. Todo va a ir a los bancos y los inversores ricos (el dinero que se adeuda a los pensionistas, el museo de arte y los terrenos municipales, las nuevas facturas extraídas de familias de bajos ingresos para las compañías privadas de basura, de estacionamiento, y de servicio de agua). El servicio más esencial de la ciudad será pagar la deuda.

En este proceso, el tribunal no ha funcionado como un árbitro neutral, sino como un instrumento de la clase de poder. La afirmación de Rhodes que absolutamente nada se puede hacer para detener cierres de agua, que sus manos están atadas por la ley, está en agudo contraste con la decisión de su tribunal de anular las protecciones constitucionales del estado de Michigan a recortar las pensiones de los trabajadores de la ciudad. A lo largo de toda la quiebra, todas las leyes que obstaculizarían el pago a los acreedores han sido desaparecidas o son ignoradas.

La decisión de Rhodes desenmascara a todos los que afirman (junto a los sindicatos y otras organizaciones afiliadas al Partido Demócrata) que los trabajadores obtendrán justicia y defenderán sus intereses en los tribunales burgueses y rogando a las autoridades.

En la sala del tribunal de Detroit, Rhodes declaró ante todos la única norma que guía a la clase de poder en todo el mundo. Todos los derechos que en otros tiempos logró el proletariado arrancarle a la clase gobernante (como pensiones y salud y sanidad) se le está quitando. De Detroit a Atenas y Madrid, la historia es la misma: los únicos "derechos" reconocidos por los gobiernos de todo el mundo son los de los Lores financieros.

A pesar de las pretensiones acerca de la democracia, todas las instituciones del gobierno (jueces y tribunales, testaferros políticos locales y estatales, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, la Presidencia y el Congreso, la policía y los militares) defienden la dictadura económica y política de los ricos.

No le es posible a los obreros aceptar las mentiras de los políticos empresariales de los “lujos” que ya no le son posibles al capitalismo. El verdadero punto de partida debe ser lo que las masas obreras necesitan; sus labores colectivas producen toda la riqueza y son indispensables para la funcionamiento y el progreso de la sociedad.

Es necesario comenzar defendiendo los derechos sociales fundamentales que sí existen:, el derecho a un trabajo seguro y bien remunerado, a la salud, a la vivienda, a la educación y a la cultura, y, por supuesto, el derecho al agua potable y los servicios públicos esenciales. Estos derechos, insiste el programa del Partido Socialista por la Igualdad, son esenciales para la vida en una sociedad compleja, moderna y son, por lo tanto, "inalienables".

La decisión de Rhodes, una vez más deja en claro esos derechos sólo se pueden defender con los métodos de la lucha de clases (a través de la movilización de masas de los trabajadores como clase, independiente de y en oposición a los partidos políticos controlados por las grandes empresas y a las instituciones del Estado capitalista). La actual estructura política debe ser reemplazada por órganos genuinamente democráticos que actualizan los intereses sociales de la clase obrera.

Lo que se requiere es un asalto frontal al "derecho" de la clase capitalista de gobernar a la sociedad y de enriquecerse de la explotación y del empobrecimiento de la clase obrera. El agarre dictatorial de los bancos debe ser roto y las ganancias mal habidas de los delincuentes financieros capturadas y puestas a disposición de la población. Para ello será necesario la nacionalización de los bancos y las grandes compañías bajo el control democrático de los trabajadores.

Un sistema económico y político que no puede proveer las necesidades más básicas de la civilización moderna, incluyendo agua limpia, merece perecer. Lo que logró el juez Rhodes, fue demostrar la necesidad de una lucha revolucionaria para reorganizar la sociedad y reemplazar al capitalismo con el socialismo.

Jerry White