El miércoles 7 de octubre, un día antes de que hubieran pasado dos meses del asesinato de Michael Brown en Ferguson, Missouri, ocurrió otro salvaje asesinato: un joven más, Vonderrit Myers (18 años de edad), murió por razón de disparos de un agente de la policía de la ciudad de St. Louis que estaba fuera de sus horas de trabajo.

Al igual que con el asesinato del nueve de agosto de Brown y del veinte de agosto de Kajieme Powell (25 años), nada se puede creer de lo que diga la policía. Defiende la ejecución callejera; cambia su cuento, y se niega a identificar al individuo que baleo a Myers, quien ahora está con licencia a sueldo.

Le disparó 17 veces (nada le pasó al policía). La evidencia indica que el asesino uniformado siguió disparando aun cuando el joven adolescente yacía postrado. El diario St. Louis Dispatch dice que “la bala fatal entró por la mejilla izquierda y fue encontrada dentro del cuerpo del joven”.

El asesino de Myers vestía su uniforme de policía aunque a esas horas estaba trabajando de vigilante para una empresa privada de seguridad. Había perseguido al joven porque le pareció “sospechoso”.

La policía de St. Louis sostiene que el joven estaba armado y disparó primero. Los parientes de Myers dicen que éste no portaba ninguna arma, cosa comprobada en un video de la tienda donde el muchacho había comprado un emparedado unos minutos antes de ser perseguido y asesinado por esté policía de St. Louis.

Alguien preguntó por qué el agente sintió que debió dispararle al joven adolescente tantas veces. Neil Bruntrager, abogado de la Asociación de agentes de la Policía de St. Louis, replicó que cuando un agente “dispara a matar, sigue disparando a matar hasta que la amenaza desaparece”.

La más reciente matanza detonó manifestaciones esa misma noche que fueron reprimidas por cientos de agentes de la policía con equipo militar [SWAT] y helicópteros. Esto trae a la memoria ataques de la policía militarizada contra manifestantes en Ferguson. La semana pasada la agencia de difusión Reuters informó que la policía se alista para una serie de protestas este fin de semana, en conmemoración de dos meses desde el asesinato de Michael Brown. Han ocurrido juntas con agencias de espionaje para compartir información sobre “agitadores de otros estados” que van a estar entre ceja y ceja de las autoridades.

Hace dos meses mataron a Michael Brown, un joven de dieciocho años que fue ejecutado a balazos cuando tenía sus manos en el aire. El asesino de Brown sigue en libertad, con licencia paga y protección de la policía. No ha sido acusado de nada.

Al igual que con la matanza de Myers, en Ferguson la resistencia de los habitantes no se dejó esperar. Ocurrieron manifestaciones, concentraciones y vigilias. La policía reaccionó con ataques desmedidos. Una ley marcial de facto se impuso sobre este pueblo de clase obrera. Cientos de policías con uniformes y equipo militar atacaron a los manifestantes con gas lacrimógeno y balas de hule (con el apoyo de soldados de la Guardia Nacional). Detuvieron a cientos de personas arbitrariamente. La policía inventó acusaciones fraudulentas (como “resistir dispersarse” y “asamblea ilegal”) para sancionar fianzas punitivas.

La naturaleza ilegal e inconstitucional de la reacción policial quedó clara cuando la semana pasado una juez federal pronunció un fallo contra la supuesta “regla de cinco segundos”, una arbitrariedad de la policía para vedar la libertad de asamblea (que la constitución garantiza). La juez indico que esa medida permitía a agentes de la policía, cuando así se les daba la gana, ordenar que manifestantes pacíficos y obedientes de la ley estuvieran en constante movimiento.

Acabó diciendo que “la manera con que se impuso la practica en este caso… va contra la constitución”.

¿Cuál entonces es el castigo por el crimen de no obedecer la constitución, la ley fundamental de la nación (un “daño irreparable”, dice el fallo)?

No habrá ninguna sanción; nadie tiene que aceptar ninguna culpa. “Yo nunca supe de esa regla; no es nada que habíamos incluido en nuestros procedimientos, métodos o prácticas”, declaró al diario Washington Post Jon Belmar, jefe de la policía del condado sobre la orden de la jueza. Ese es un embuste, periodistas del WSWS estaban presentes cuando esa regla inconstitucional fue usada como pretexto para arrestar al fotógrafo Scott Olson, que había tomado esa foto tan simbólica de un manifestante solo, encarando una docena de agentes de la policía que le apuntaban con rifles automáticos.

En su fallo, la jueza añade: “Que impere la ley es esencial en nuestro sistema constitucional, y vale tanto para los oficiales de la ley como para todos los otros ciudadanos”.

La sociedad actual desmiente esa oración, por ser tan incongruente con la realidad. Todo el mundo sabe que la ley no trata a todos con igualdad. Los policías pueden violar la ley con impunidad. Son inmunes de ser castigados por los crímenes que cometen.

En teoría abstracta la ciudadanía goza de derechos. Sin embargo, como dijo un instructor de la policía en un comentario en el diario Washington Post, “a menos que usted quiera recibir un balazo (choque eléctrico, roció de irritantes, cachiporrazo, zarandazo), es mejor obedecer las órdenes de la policía”.

Han pasado dos meses de cuando miles se manifestaban contra el asesinato de Michael Brown. En ese ínterin la policía estadounidense ya mató a más de cien. Una y otra vez se han negado los tribunales sancionar a policías por su violencia y asesinatos. La semana pasada un tribunal de apelaciones aceptó no acusar de felonía al policía de Detroit que mató a Alyana Stanley-Jones (de siete años de edad) durante un asalto a su hogar por un grupo SWAT. También la semana pasada, un gran jurado rechazó acusar a miembros de otro grupo SWAT en Georgia que en mayo hirió gravemente un niño infante disparando una granada luminosa que cayó en su cuna.

Estados Unidos ya no es una nación donde imperan las leyes. Se han entronado la fuerza, el poder y la riqueza monopolizada por unos pocos. La policía ejecuta cientos todos los años. El gobierno de Washington tortura, ordena asesinatos vía drones, y espía en forma ilegal. La gerencia de Wall Street defrauda a millones. Todo eso ocurre con impunidad.

Quitarle todo significado al Estado de leyes (reemplazarlo con formas dictatoriales, arbitrarias, militaristas) es el equivalente legal del aumento canceroso de la desigualdad social y está mancornado al amague de guerra.

El World Socialist Web Site dijo en agosto: “En el centro de las cuestiones sociales y democráticas que plantean los acontecimientos en Ferguson está la naturaleza misma del sistema capitalista. Ninguna lucha contra la desigualdad y contra la máquina de Estado policial en los Estados Unidos puede triunfar a menos que se base en entender que se trata de una lucha contra toda la estructura social y económica” .

Dos meses después, nuevos crímenes, nuevas tragedias, aseveran ese análisis. En la campaña contra la represión policial y en defensa de derechos democráticos, la cuestión candente más urgente es la actualización de un gran movimiento de masas del proletariado, un alud humano armado con un programa socialista de reivindicación de las necesidades sociales, en contra el lucro privado.