Han pasado cuatro semanas desde que la policía de la ciudad de Iguala, Guerrero (uno de los más pobres estados de México), atacó a unos 80 jóvenes normalistas (estudiantes a maestro). Seis murieron, diecisiete fueron heridos, y 43 “desaparecieron”.

Los estudiantes del Colegio normal rural de Ayotzinapa, habían estado protestando contra los recortes del presupuesto de su escuela y levantando dinero para una manifestación en la Ciudad de México marcando el aniversario de la masacre de Tlatelolco, una matanza de cientos de estudiantes y civiles en 1968. Fue una de las más graves atrocidades en la historia moderna de México.

La masacre de los normalistas de Iguala es un nuevo e histórico crimen, que está causando una enorme inquina popular, rabiosas manifestaciones y huelgas de estudiante en todo México.

Aún no se sabe a ciencia cierta que pasó con los 43 estudiantes desaparecidos. Algunos de sus camaradas que lograron escaparse, dicen que la policía los entregó a un cartel de drogas de la zona que se llama Guerreros Unidos. Alejandro Solalinde, cura mexicano dedicado a la defensa de los derechos humanos, informó esta semana que hay testigos que dicen que los pandilleros quemaron vivos a al menos algunos de los estudiantes.

Este episodio horrible revela como detrás de la “guerra a la droga”, las instituciones del Estado y las fuerzas de seguridad han sido capturados por, e integrados con, los carteles de drogas. En México se usan palabras compuestas como narcopolítica y narcoestado, de se los que forman parte todos los partidos burgueses (de derecha a izquierda)

La masacre le pone el dedo en el renglón a la creciente desigualdad social y al salvajismo que acompaña a las reformas de libre empresa en México, proceso que se profundizó durante las tres décadas pasadas, y que llegó a su cumbre con el “Pacto por México” (2012) del actual presidente Enrique Peña Nieto y todos los partidos mayores.

Esta sarta de medidas tiene el objeto de acabar con algunos de los pocos sobrantes logros de la Revolución Mexicana de hace cien años, para atraer capitales extranjeros. Una de esas medidas es la “reforma energética” que privatiza el monopolio petrolero estatal, PEMEX. Otra de esas medidas en una “reforma laboral”, que “flexibiliza” la explotación y despido de los trabajadores.

La primera medida reaccionaria de este programa capitalista fue un acta educativa que transforma a los maestros en chivos expiatorios mientras ignora el requetepútrido andamiaje escolar y a los graves problemas sociales detrás de la crisis de la educación pública. La nueva ley, aprobada hace un mes, subordina la educación al lucro privado y a las grandes compañías.

Los normalistas, idealistas futuros maestros, son acérrimos opositores de esas supuestas reformas capitalistas. Por lo tanto son el blanco de bárbara violencia.

La masacre de Iguala no es un incidente aislado. Desde que se lanzó la supuesta guerra a la droga en el 2006 por Felipe Calderón, el presidente antes de Peña Nieto, se estima que unos 130,000 mexicanos han perdido sus vidas; según las estadísticas del gobierno actualmente hay 22,322 desaparecidos.

Tan solo este junio, en la ciudad de Tlatlaya, sin ton ni son, tropas mexicanas acabaron con las vidas de 21 civiles desarmados, incluyendo una niña de 15 años, otra masacre que el gobierno no ha podido enterrar.

Claramente se trata de métodos que van más allá de la guerra a la droga, que tienen sus raíces en una sociedad dominada por imposibles niveles de disparidad social. De los 34 países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México es el que mayores niveles de desigualdad tiene. Los de arriba (el 10 por ciento más rico) reciben ingresos treinta veces mayores a los de abajo (el 10 por ciento más pobre). Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo, vive allí, junto con 15 más megamillonarios. Por la otra mano, la mitad de los mexicanos viven en la pobreza. El salario mínimo no ha aumentado desde 1976, y ha perdido el 77 por ciento de su poder original de compra desde entonces.

La política oficial se ha puesto al servicio de la nueva oligarquía y de la clase media privilegiada que vive acomodada con ella. Todos los partidos burgueses están muy bien enredado a la matanza de Guerrero, más directamente los partidos de izquierda (PRD, MORENA) en torno a los que giran las organizaciones seudosocialistas.

El PRD (Partido de la Revolución Democrática), fundado por Cuauhtémoc Cárdenas, esta a cargo del gobierno del estado de Guerrero y de la alcaldía de Iguala. José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, ha huido con su señora esposa, hermana de uno de los principales líderes de Guerreros Unidos.

Por el otro lado, el Movimiento de Renovación Nacional (MORENA) de Andrés López Obrador está bien enroscado en todo esto. López Obrador, ex alcalde de México D. F. y candidato presidencial (PRD), fundó a MORENA después de una separación amistosa (según él) con el PRD, Apoyó la candidatura de Abarca, urgido por Lázaro Mazón, un amigo de Abarca, que había sido alcalde de Iguala y que fue el candidato de MORENA para gobernador guerrerense y que fue echado del puesto de Secretario de Salud del estado, dijo hace poco que no responde por sus amigos.

Un silencio chocante sobre la masacre de Iguala proviene del gobierno de Obama. El imperialismo estadounidense defiende importantes intereses en México (el tercer socio comercial de Estados Unidos). México aporta un enorme ejército laboral a sueldos de hambre para las fábricas de ensamblaje (maquiladoras, automotrices, y otras industrias) que abastecen el mercado norteamericano. Tanto la banca y casas de finanzas estadounidenses, como las empresas de petróleo están a la expectativa de las oportunidades de lucro ligadas a la privatización de la industria de petróleo de México,

El gobierno de Estados Unidos en verdad está totalmente involucrado en la sangrienta represión mexicana. Bajo el Plan Mérida ha destinado a México más de dos mil millones de dólares en armas. Entrena también a fuerzas de seguridad y envía “asesores” al otro lado de la frontera sur. Es totalmente posible que los agentes involucrados en la masacre de Iguala hayan sido entrenados y apertrechados por Estados Unidos. No se puede descartar, tampoco, que parte de esa ayuda haya parado en manos de Guerreros Unidos.

En las semanas desde la masacre la única declaración del gobierno en Washington ha sido una cautela a los turistas estadounidenses de mantenerse lejos de manifestaciones en solidaridad con los normalistas desaparecidos. Bien ilustra ese silencio selectivo la complicidad directa de Estados Unidos en la represión de las luchas del proletariado mexicano.

La masacre de Iguala lanza una seria alarma para los obreros y jóvenes de Estados Unidos. No cabe duda que los mismos métodos carniceros se usarán en reacción a las luchas de las masas del norte del Río Grande.

Todos los procesos de producción en común forman un puente inquebrantable sobre los dos lados de la frontera armada entre Estados Unidos y México (donde millones de obreros mexicanos trabajan en Estados Unidos), y crean la razón objetiva de la unificación de la clase obrera norteamericana para luchar juntos (mexicanos y estadounidenses) contra un mismo enemigo de clase, cosa que exige una dirección revolucionaria fundamentada en el programa socialista e internacionalista del trotskismo, presente hoy en el Comité Internacional de la Cuarta Internacional.