Que el Informe del Comité Selecto de Espionaje del Senado estadounidense sobre el proyecto de tortura de la CIA haya sido hecho público en Estados Unidos en el contexto de enormes protestas contra una sarta de asesinatos (brutales e impunes) a manos de la policía es ignorado por los medios de difusión del país.
Ambos acontecimientos (que la prensa discute por separado) derivan del mismo proceso: El crecimiento de una enorme máquina criminal de Estado policial que cuenta con total impunidad. Los crímenes de ultramar y los crímenes caseros están enraizados en un andamiaje económico y social que tambalea. Sus características principales son la desigualdad social, el armamentismo, y el asalto sin respiro a los derechos democráticos.
Los policías que asesinaron a balazos a Michael Brown en Ferguson Missouri, asfixiaron a Eric Garner en la ciudad de Nueva York, y mataron a personas incapaces de defenderse en Cleveland, Phoenix, y otros lugares, no sufrirán ningún castigo. Los abogados del Estado utilizan el manipulable sistema de gran jurados para impedir que se los acuse de ningún crimen.
La información del informe del Senado es más que suficiente para exigir la detención inmediata y el proceso judicial de los torturadores y asesinos de la CIA, y también de George W. Bush, Dick Cheney, George Tenet, Condoleezza Rice, y otros altos oficiales que autorizaron y supervisaron un sistema de inmoralidad y violencia en total desobediencia a leyes estadounidenses e internacionales.
Sin embargo ningún miembro del Congreso de Estados Unidos, del gobierno de Obama, o de ningún otro sector de los grupos de poder sugiere la posibilidad de esos procesos, ni en sueños. El jueves 11 de diciembre, John Brennan, el capo de la CIA (otro en la lista de los culpables de estos crímenes) organizó una conferencia de prensa en la sede central de la CIA en Langley, Virginia, para defender el proyecto de “interrogaciones perfeccionadas” (léase: torturas) y vituperar el informe del Senado.
En el 2002, Cofer Black, exdirector del centro contraterrorista de la CIA, le había dicho (con complacencia) a un comité del congreso que “hubo un antes del once de septiembre y un después. Después del once de septiembre nos quitamos los guantes.”
Esa frase que levanta la imagen de una riña a puñetazos a rienda suelta, se convertiría en un cliché favorito del gobierno de Bush y del comando militar estadounidense, se extendería para justificar todas las brutalidades, desde colgar gente de sus muñecas, ahogo, e hidratación rectal.
Pero el “sacarse los guantes” iría aún más allá. Justificaría darle las espaldas a la constitución de Estados Unidos, a los convenios de Ginebra y a todos los códices nacionales e internacionales sobre tortura.
La “sacada de guantes” llegó a involucrar a los interrogadores de Guantánamo, Abu Ghraib, Bagram, y los calabozos de la CIA escondidos por todo el mundo, y también empapó a todo el Estado, abarcando hasta la policía municipal.
Diga lo que diga el presidente Obama que la tortura “va en contra de nuestra moral”, esta transformación sigue evolucionando durante su gobierno.
La “moral” del señor Obama le permite hacerse del poder de asignar a ciudadanos estadounidenses a la categoría de terrorista y mandarlos a matar con aviones drones, sin ningún proceso judicial. Hace posible actualizar en leyes un supuesto derecho a declarar a quien sea, estadounidense o extranjero, un enemigo combatiente sin ninguna justificación o juicio, y es congruente con la enorme expansión (bajo su mando) de espionaje nacional e internacional, que recoje información de casi todas las formas de comunicación de gente inocente a través del mundo.
Esa misma evolución adquiere una siniestra forma en los departamentos municipales de la policía. “Homeland Security” es la nueva consigna. Es decir, la norma es ahora la seguridad nacional por sobre todas las cosas. El enemigo en potencia es todo el pueblo. El cuento de ficción de una guerra al terror sin fin ahora se usa para justificar todas las arbitrariedades, todos actos de violencia desproporcionada y todos los asesinatos.
Esa mentalidad se materializó con la creación de la Fuerzas de Faena Antiterrorista (Joint Terrorism Task Force) a través de Estados Unidos, fuerzas que juntan a policías municipales con Homeland Security, la FBI y otras agencias federales. A la misma vez el Pentágono destina todos los años, a departamentos municipales de policía, equipo militar que con un precio de miles de millones de dólares, efectivamente construyendo fuerzas de policía militar en caso de una guerra interna.
En abril del 2013 salta a la luz el resultado de esa transformación: se impone la ley marcial sobre la ciudad de Boston, so pretexto de la bomba de la maratón en esa ciudad. Toda una población fue hecha prisionera en sus propias casas, que en cualquier momento podrían ser invadidas por policías en cascos y con ametralladoras sin ninguna autorización legal, supuestamente para capturar a un joven de 19 años de edad.
Más recientemente en Ferguson, la policía, vestida como tropas de combate en Afganistán, chocó contra manifestaciones pacíficas contra un asesinato a manos de la misma policía. Siguió a esas confrontaciones la imposición de un estado de emergencia preventivo por el gobernador de Missouri y el uso de la Guarda Nacional anticipando la reacción popular a la decisión del gran jurado de no acusar de nada al policía asesino.
En el trajín de las protestas actuales contra la matanza de Michael Brown y Eric Garner le toca a representantes de la clase política como el presidente Obama y el millonario charlatán Al Sharpton (acompañados por una cadena de organizaciones satélites del Partido Demócrata) campanear que la causa raíz es el racismo, que lo que se requiere es una “conversación sobre relaciones raciales,” otro “movimiento de derechos civiles” o el ungüento de algunas reformas a la policía.
Se trata de encarrilar a la inquina popular sobre vías más controlables y camuflar una realidad mucho más amenazante. Una policía militarizada, mano a mano con un aparato militar y de espionaje, se alista para reprimir toda la clase obrera. Se utilizará contra huelgas, manifestaciones, protestas y toda manera de rechazo a las medidas de las élites de las sociedades anónimas y de las casas de finanzas.
La tortura, los asesinatos a manos de policías, la destrucción de derechos democráticos, son los métodos de una clase criminal de poder enraizada en el parasitismo financiero cuya fortuna deriva de transferir la riqueza de la sociedad de los de abajo (la clase obrera, la gran mayoría de la población) a los de arriba, al un por ciento superior. Al mismo tiempo se emplea la violencia de las fuerzas armadas para robar en el extranjero.
Las capas de poder no operan así por sentirse poderosas o confiar en su sistema; las motiva el temor. Bien saben que la enorme desigualdad social no es compatible con la democracia y que se avecina una explosión social no bien se detone otra (inevitable) crisis financiera mundial. Si los torturadores y los asesinos policiales actúan con impunidad es porque se proyecta lanzarlos contra un pueblo en rebeldía.