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Despidos masivos luego de elección de nuevo alcalde de derecha en Lima, Perú

Casi 3,000 trabajadores municipales han sido sumariamente despedidos luego de la toma de poder del nuevo alcalde de Lima, Perú: Luis Castañeda. Los repentinos despidos han causado una indignación masiva e incitado especulaciones de que una amplia reorganización de la municipalidad pueda estar tomando lugar ya que el nuevo gobierno afirma -y con lo que justifica sus actos- de que la saliente administración de la alcaldesa de pseudo-izquierda Susana Villarán dejó a Lima "en bancarrota".

Castañeda, quien ocupase el cargo de alcalde de Lima por dos períodos entre 2003 y 2010, es un populista de derecha. Fue elegido el pasado octubre con 50 por ciento de los votos divididos entre 13 candidatos. Él postuló en una campaña en la que hizo hincapié en las variadas obras públicas populistas que sus administraciones pasadas llevaron a cabo en los distritos más pobres de Lima. También se le acusó de haber tomado parte en una operación de malversación multimillonaria en la que todos sus subordinados fueron acusados, mientras que él, hasta ahora, ha escapado enjuiciamiento.

Vigilantes callejeros (conocidos como serenazgos), inspectores de tráfico y otros funcionarios públicos que trabajaban en varios programas municipales descubrieron el 1ro. de enero de que habían sido despedidos por la entrante administración sin ninguna notificación. Ellos protestaron ya que su contrato con la administración Villarán era hasta el 31 de enero, supuestamente para que la nueva administración pudiera tener un mes para evaluar el estado de los trabajadores y contratar a nuevos, como todas las administraciones deben de hacer. En vez de ello, la vicealcaldesa Patricia Juárez y otros miembros de Solidaridad Nacional (el partido de Castañeda) insistieron con que Villarán había contratado a más trabajadores que el presupuesto podía sostener.

Esta explicación ha sido cuestionada no sólo por los trabajadores y sus sindicatos, sino incluso por representantes de la derecha. Las explicaciones para los abruptos despidos indican que Castañeda planea contratar a nuevos y más baratos trabajadores para la municipalidad; recortar costos para hacer dinero disponible para la rápida implementación de sus proyectos de obras populistas (una importante promesa de campaña); o promover la idea de que la municipalidad está en bancarrota para que pueda obtener un status de "emergencia" con el cual pueda promulgar decretos inmediatos sin supervisión.

Protestas y ocupaciones estallaron el mismo día en el que los trabajadores descubrieron que habían sido despedidos. Una portavoz que representaba a serenazgos despedidos -la mayoría de ellas mujeres- declaró: "Somos más de 300 mujeres afectadas con este despido arbitrario, masivo (...) La actual administración simplemente decidió no contar con nuestros servicios y cerrarnos las puertas (…) No hubo ningún tipo de notificación de ceses". Una delegación de mujeres serenazgo declaró que el Ministerio del Trabajo también rechazó ayudarlas, argumentando que esto estaba más allá de su jurisdicción. En total 700 serenazgos han sido despedidos, incluso aunque se informó que Castañeda prometió incrementar su número a 2,500.

Elmer Mercado, representando a los inspectores de tráfico despedidos, condenó los despidos de casi 700 en esa categoría: "Dicen que (nuestros trabajos) están afectando las arcas de la municipalidad, pero eso es falso porque nuestra labor se ejecuta gracias a un Proyecto de Inversión Privada del Ministerio de Economía". También declaró que la municipalidad ya está contratando a inspectores de tráfico con salarios más bajos.

La mayoría de inspectores de tráfico trabajan bajo el sistema de trabajo CAS, una contrarreforma reaccionaria que priva a la mayoría de funcionarios públicos de sus beneficios y derechos que fueron eliminados con la introducción de las reformas de libre mercado durante los noventas.

Caos vehicular se desató en la larga Avenida Arequipa de Lima -uno de los principales corredores vinculando a los distritos centrales y norteños de la ciudad- debido a la ausencia de inspectores. En un intento de reducir el número de buses compitiendo por pasajeros en cada esquina de la avenida Arequipa, Villarán prohibió a todas las empresas privadas y permitió sólo a largos buses municipales operar en dicha avenida. Inspectores de tráfico son necesarios para guiar e informar tanto a los pasajeros como a los conductores.

Un pasajero comentó que "las cosas están peor con Castañeda; contratará trabajadores a voluntad, pasando por encima las formas establecidas para contratar trabajadores municipales. Castañeda será un dictador".

Una anciana declaró que el bus estaba tan lleno que temía ser robada ya que la aglomeración hace que muchos pasajeros no alcancen las varas y se mueven para atrás y delante apoyándose con los otros pasajeros; un escenario perfecto para los carteristas. "En este bus fácilmente me puedo romper un hueso", añadió la mujer.

Intentando salir bien parada, la municipalidad tuiteó una foto de un encuentro entre miembros del sindicato de trabajadores municipales y los principales funcionarios de la nueva administración, alegando que el sindicato apoyaba al nuevo alcalde. Luego, el mismo sindicato negó esta afirmación y declaró que el encuentro fue simplemente una sesión informativa entre las dos partes. El sindicato dijo que llevaría a la municipalidad a la corte por los despidos.

La responsabilidad por el retorno de Castañeda yace con la pseudo-izquierda peruana cuyo apoyo a los cuatro años del gobierno pro empresarial de Villarán dejó un vacío que podía ser llenado por un candidato de derecha que demagógicamente prometía obras públicas inmediatas. Tan amplio es el abismo entre el abismo y la política oficial que durante la campaña una encuesta descubrió que más de la mitad de la población de la ciudad votaría por un candidato que "roba pero hace obra pública". Otra encuesta descubrió que 80 por ciento de la población no se sentía atraída a ningún tipo de partido.

Cualesquiera sean las ilusiones que existan en Castañeda entre los más pobres de la ciudad antes de la elección, hay un creciente sentimiento de indignación entre la población de Lima de que un patentemente corrupto lleve a cabo despidos arbitrarios de trabajadores municipales. Estos despidos en masa dejan claro que un nuevo período de conflicto de clases está emergiendo en la capital peruana.

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