El gobierno de Obama dijo el martes que retrasaría la implementación de su plan de exención temporal de deportación para los inmigrantes indocumentados, después de que un juez tejano emitió una orden judicial.

La Casa Blanca dijo que pospondría la implementación de su programa, que proveería aplazamientos de tres años y permisos de trabajar a algunos inmigrantes indocumentados, hasta que se decida una apelación. El Secretario del Departamento de Seguridad Interna, Jeb Johnson, declaró, “Mientras tanto, nosotros reconocemos que tenemos que cumplir” con la orden.

En noviembre, Obama anunció que él, a través de un orden ejecutiva, iba a crear un mecanismo para que más de cuatro millones de inmigrantes indocumentados de solicitar las exenciones a la deportación y permisos de empleos.

El orden ejecutivo de Obama hubiese afectado a menos de la mitad de los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, o aproximadamente 4.4 millones de personas cuyas hijos son o ciudadanos o residentes permanentes. La medida sería solamente un aplazamiento de deportación temporal, y requeriría a los inmigrantes indocumentados que admitan al gobierno que, de hecho, han cometido el “crimen” de entrar los EE. UU. ilegalmente.

El fallo judicial tejano llegó unos días antes del comienzo del plan de Obama, que permitiría a 270,000 personas quienes vinieron a los EEUU como niños solicitar las exenciones temporales. Una sección mucho más amplia de la propuesta, afectando más de 4 millones de personas, hubiera comenzado en mayo.

El fallo por el Juez de Distrito Estadounidense Andrew Hanen argumentó que Obama se excedió en su autoridad constitucional cuando cambió la política migratoria por medio de un orden ejecutivo, y también no siguió los trámites administrativos de poner en práctica sus cambios legislativos.

La Casa Blanca defendió su acción ejecutiva, y Obama les dijo a los periodistas el martes que “la ley está a nuestro lado y la historia está a nuestro lado”.

El fallo del juez no es una decisión basada en los méritos de la demanda presentada por 26 estados, incluso Texas, pero mejor dicho exigió el retraso de la implementación del decreto ejecutivo hasta que se resuelvan los temas legales.

Hanen afirmó absurdamente que su orden era necesaria para asegurar que los estados no fueran forzados a hacerse cargo de los costos de imprimir licencias de manejar para los inmigrantes indocumentados cuyo estatus legal no es seguro. “Si el fallo preliminar es negado, los demandantes se tendrían que hacer harán cargo de los costos de emitir las licencias y otros beneficios una vez que los beneficiarios de DAPA [Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents; Acción Diferida para los Padres de Americanos y Residentes Permanentes Legales] —armados con tarjetas de Seguro Social y documentos de autorización de empleo— exijan estos beneficios”, escribió Hanen. “Una vez que se provean estos servicios, no habrá ningún modo efectivo de dar marcha atrás si los [26 estados] demandantes últimamente fueran a ganar”.

Hanen fue nombrado por George W. Bush en 2002 al Tribunal Distrital Federal para el Distrito Sureño de Texas en Brownsville. En el pasado ha rechazado en forma vehemente las propuestas migratorias del gobierno Obama.

A pesar del fingimiento de Obama de ser defensor de los inmigrantes, su propuesta trata a los inmigrantes como criminales, y completamente obedece a las necesidades de las empresas grandes.

La disputa dentro del orden establecido entre los partidarios y los oponentes de las propuestas del gobierno de Obama es un debate dentro de la clase dominante. Las secciones de la élite que apoyan las medidas esperan que provean una fuente más seguro de trabajo barato.

El decreto de Obama fue basado, según escribió el World Socialist Web Site en aquel momento, “en la premisa, compartida por todos los grupos de poder, que todos los inmigrantes indocumentados son delincuentes”. Cuando anunció la medida el año pasado, Obama declaró, “Los trabajadores indocumentados rompieron nuestras leyes, y yo creo que deben considerarse responsables”.

El WSWS advirtió que los inmigrantes quienes entreguen su información al gobierno federal y soliciten por una prórroga de tres años de sus deportaciones estarían enteramente a merced de gobiernos posteriores, o, come indica el fallo más reciente, los tribunales.

Las exenciones de deportación limitadas son completamente compatibles con una intensificación de medidas severas contra los inmigrantes indocumentados. De hecho, cuando anunció las medidas el año pasado, Obama también reiteró el compromiso de su gobierno a aumentar recursos para “fortalecer” la frontera con México.

En 2013, el único año en el cual son disponibles los datos, el gobierno de Obama deportó 438,421 personas, el número más grande de deportaciones en la historia de los EEUU. La Casa Blanca de Obama ya ha deportado más gente que ninguna otra presidencia, y más del doble que el gobierno de Bill Clinton.