El reciente acuerdo que detuvo la lucha de decenas de miles de obreros campesinos en el Valle de San Quintín, Estado de Baja California Norte, por aumentos de sueldo y derechos laborales, está muy lejos de lo que los obreros inicialmente exigían.

Según el contrato firmado el mes pasado los dueños le pagaran a los obreros en las grandes granjas ciento ochenta pesos diarios (unos once dólares con cincuenta centavos), ciento sesenta y cinco en las granjas medianas, y ciento cincuenta en las granjas pequeñas.

El paro había comenzado el 17 de marzo.

Antes de la huelga, la jornada de trabajo pesado en los campos pagaba unos cien pesos (seis dólares, cincuenta centavos). A los obreros con frecuencia se les hacía pagar el transporte y la vivienda. Si se ausentaban un día, no recibían nada. La Alianza de Organizaciones Nacionales, Estatales y Municipales por la Justicia Social (AONEMJUS), que representaba a los obreros inicialmente exigió un sueldo diario de trescientos pesos.

Aunque la AONEMJUS canta victoria, el ingreso combinado de una familia de cuatro en una granja grande no sobrepasa la línea de la pobreza oficial mexicana (la miserable cantidad de diez mil pesos [seiscientos cuarenta dólares] mensuales. O sea que, aún con los sueldos más altos, la dura realidad es que al menos la mitad de los niños y niñas que pertenecen a esas familias (casi todas indígenas) se van a ver obligados a pasar por lo menos parte de su niñez trabajando en los campos.

Muchos obreros manifiestan su ira, diciendo que, luego de tres meses de manifestaciones y sacrificios, poco se ganó de esas luchas. “Después de haber pasado días sin comida, sin bañarnos, dejando a los niños en casa y sin trabajar ¿esto es todo lo que sacamos?” le dijo María Hernández, 47, madre de tres, a un reportero del Los Angeles Times; “estamos luchando por migajas.”

Los trabajadores agrícolas también habían exigido derechos laborales come acceso al sistema de seguro social, pagos por trabajar sobretiempo (a menudo la jornada laboral es de trece o más horas), prohibir el trabajo de niños, el abuso sexual por los patrones y la discriminación contra los trabajadores indígenas (que son la mayoría).

Supuestamente el acuerdo garantiza derechos como seguro social y pago por sobretiempo; el gobierno federal haría cumplir esas garantías. Sin embargo el acuerdo no es un contrato legal que les impone obligaciones a los patrones. Los dueños pueden evadirlas transfiriendo sus granjas a otros, empleando nuevos obreros, o simplemente porque se les da la gana.

El paro que comenzó en marzo pronto produjo choques violentos entre los trabajadores y la policía. El estado dio su apoyo a las grandes fincas. Los obreros incendiaron edificios públicos, batallaron a pedradas contra la policía, e bloquearon la carretera que conduce al principal mercado de exportación, California, a doscientas millas.

Se habían programada para el 8 de mayo negociaciones entre AONEMJUS, Luis Enrique Miranda (subsecretario del Interior) y oficiales estatales de Baja California Norte. Empero, en un gesto de desprecio imperial, Miranda, alegando dificultades de transporte, deliberadamente se rehusó a estar presente. Los cuatro mil obreros que habían marchado a San Quintín con la expectativa de recibir una respuesta terminaron con las manos vacías.

Al día siguiente los trabajadores campesinos intentaron organizar un paro ante los portones de Rancho Seco, una de las granjas tomateras más grandes de la región. La policía preventiva estatal los atacó violentamente (seguramente con el visto bueno del gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid). La policía, luego de dispersar a los obreros violentamente, los persiguió a sus viviendas, asaltó moradas y atacó a hombres, mujeres y niños con gases lacrimógenos, balas de hule, y cachiporras. Hubo setenta trabajadores heridos, siete ellos gravemente.

En diciembre del 2014 revelaciones en los medios de difusión de los abusos a manos de exportadores agrícolas mexicanos, incluyendo la existencia general del trabajo de niños y niñas, ya había impulsado a grandes tiendas estadounidenses, como Walmart y Costco a presionar a los patrones mexicanos y al gobierno a hacer algunas reformas. Como consecuencia de las muchas noticias sobre la violenta represión de los huelguistas de San Quintín, el gobierno federal al fin se decidió intervenir para que se resuelva la huelga.

Un acuerdo tentativo se produjo el 14 de mayo, luego que el gobierno federal prometiera pagar la diferencia entre los doscientos pesos que AONEMJUS exigía y lo que los dueños estaban dispuestos a pagar. La demanda de AONEMJUS se había reducido un tercio de la demanda inicial de trescientos pesos diarios. El acuerdo se implementó en junio, con un sueldo máximo de ciento ochenta pesos.

Los obreros campesinos se portaron valientemente y demostraron solidaridad. Fue la perspectiva limitada de la dirección de AONEMJUS que impidió que ganaran lo que pedían. Lucila Hernandez, una de las organizadoras de AONEMJUS admitió que el sueldo nuevo “no basta ni para comer, pero no queremos ser radicales.”

En un artículo publicado el 29 de abril, el WSWS predijo: “La lucha en defensa de las condiciones laborales de cualquier grupo de trabajadores antes que nada debe ser arrancada de las manos de direcciones que limitan la lucha a una sola ciudad o a un solo sector de la clase obrera. Al igual que la [Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sindicato radical] CNTE, que no apela a otros sectores de la clase obrera, AONEMJUS no toma medidas para movilizar los más de tres millones de obreros agrícolas de todo el país.” Este acuerdo confirma nuestra prognosis.