Brasil: Gobierno del PT reorganiza gabinete para imponer más austeridad

por Souza Gonzaga
5 octubre 2015

La presidente brasileña Dilma Rousseff (Partido dos Trabalhadores, PT) dijo el viernes 2 de octubre que reorganizará su gabinete para mejor llevar a cabo su estrategia política de consolidar apoyo al programa de ajuste fiscal, y para impedir que ocurra el proceso político para destituirla. Más a la derecha se mueve su gobierno.

El propósito de los cambios es fortalecer el agarre del PMDB (Partido do Movimento Democrático do Brasil ), el aliado más reaccionario (y no muy confiable) del PT. Desde ahora, el PMDB controlará siete ministerios. Éstos incluyen el ministerio de salud, que tiene el presupuesto más grande y sufrirá los más grandes recortes. Se eliminaron y consolidaron otros ministerios, lo que ahorra un monto insignificante.

Al ceder más control al PMDB, Rousseff tiene la expectativa de que un suficiente número de legisladores apruebe sus medidas de ajuste fiscal. El PMDB por el momento rechaza nuevos impuestos, incluyendo un impuesto sobre transacciones financieras. Exige que el gobierno recorte el presupuesto aún más que lo que ahora proyecta.

El PMDB, que dirige tanto la cámara de diputados como el senado, también cuenta con la capacidad de impedir que la legislatura destituya a Rousseff. Aunque en verdad no existe causa legal para tal medida, sectores de la derecha impulsan un proceso político en contra de Rousseff.

Menos del diez por ciento del pueblo apoya a la presidente. Las encuestas también señalan que una gran mayoría de los brasileños favorecen destituirla de la presidencia.

Posiblemente sean fútiles las concesiones al PMDB. Ese partido ya tiene programada una reunión el mes que viene para reconsiderar su alianza con el PT.

La reorganización de los ministerios va mano con mano con medidas que equivalen a un autogolpe de estado para Rousseff, que ahora se somete a la voluntad de su antecesor, Luiz Inacio Lula de Silva (ex dirigente metalúrgico quien fue el primer presidente por el PT) con la instalación de testaferros de éste en posiciones de poder.

Estas maniobras pisan los talones de el anuncio de un paquete de medidas de ajuste fiscal que tienen el fin de calmar el nerviosismo de los mercados financieros en el contexto del desmoronamiento político y económico de Brasil. El ajuste consiste de recortes fiscales y aumentos de impuestos, medidas que son muy controversiales porque conllevan consecuencias recesivas en momentos en que disminuyen intensamente la producción y los empleos.

Se develó el programa de ajuste sólo dos semanas después que el gobierno tomo el paso sin precedente (desde que se aprobó una ley de responsabilidad fiscal en el 2000) de enviarle al congreso un presupuesto en déficit para el año fiscal 2016.

Ese presupuesto sirvió de desafío político, trazando “rayas rojas” presupuestarias en cara de una cámara de diputados rebelde, comandada por una fracción de oposición del PMDB. El borrador inicial del presupuesto sugería un déficit del 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto, unos 30 mil millones de reais (7,6 mil millones de dólares), frente a un consenso en los mercados que habría un superávit del 0,7 por ciento, como señal de que el gobierno pagaría sus deudas.

Lo que complica la proyección presupuestaria es la caída recesiva y hasta la probabilidad de una depresión económica hacia fines del 2015. La economía de Brasil está siendo apaleada por el colapse de los precios mundiales de materias primas y por una menor demanda china para exportaciones básicas brasileñas (mineral de hierro, soja, aceite, etcétera).

Las negociaciones de presupuesto y las medidas de ajuste ocurren en momentos en que se recortan o eliminan casi todos los programas de previsión social que habían sido implementados por el Partido dos Trabalhadores bajo Lula. Pesando sobre esta crisis está el creciente escándalo sobre sobornos en la petrolera estatal Petrobrás. La compañía más grande de Brasil y su otrora orgullo económico.

Enmarañadas en este escándalo están las más grandes empresas de construcción. La consecuente reducción y paralización de obras en sectores afines (refinerías, distribución, irrigación, construcción de caminos, y astilleros) han causado miles de despidos.

La percepción popular es que peligran todas las reformas cosméticas de tiempo de Lula (subsidios para viviendas, mejoras infraestructurales, préstamos estudiantiles, y pequeñas asistencias para los sectores más pobres). Por lo tanto Dilma ha trazado una “raya roja” (un “no pasarán”) en el subsidio “Bolsa Família”, que muchos creen ha levantado de la pobreza extrema al veinte por ciento de la población.

Es inusual que la presidente se haya aprovechado del discurso tradicional de apertura de Brasil ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de septiembre para defenderse. Le dijo a la reunión de gobernantes, que el modelo de crecimiento económico de Brasil, que “gira en torno a gastos fiscales de previsión social y mayor consumo”, estaba “exhausto”.

Tal descripción del modelo brasileño, ciertamente provocaría risa entre los trabajadores brasileños. Muchos de ellos viven al borde de la inseguridad alimentaria, de no ser de los pocos dólares que vienen del la bolsa familiar. Viven rodeados de infraestructuras y servicios públicos inexistentes, en villas miserias y en las más pobres tierras. Las estadísticas del gobierno admiten que ese programa sólo representa el 2,4 por ciento del presupuesto.

El supuesto “paquete fiscal” proyecta ajustes de 65 mil millones de reais. Mitad vendría de recortes de gastos. La otra mitad del un impuesto provisorio del 0,2 por ciento sobre transacciones con cheques. Ese impuesto caducaría en el 2018. Los recortes fiscales vendrían de la congelación de sueldos para empleados federales, la congelación de nuevos empleos, y de destripar el programa social de viviendas. Esta última medida sería paliada con fondos en la caja de ahorros de desempleo, el “Fundo de Garantia do Tempo e Serviço” (FGTS) para no cancelar 1,7 millones de viviendas que ya se han proyectado. Un pequeño aumento en impuestos a viviendas de lujo, recaudaría otros 2 mil millones de reais.

La crisis política se empeora. La cámara baja, dirigida por Eduardo Cunha (PMDB), considera el proceso de juicio político para destituir a Dilma Rousseff. Intenta enredarla en el escándalo de corrupción de Petrobrás y en malas maniobras presupuestarias. Si bien no existe evidencia que ella haya hecho cosas ilegales, Rousseff era gerente de Petrobras cuando ocurrían los sobornos; su partido se enriqueció a través de eso. A la vez que todo esto ocurre, los legisladores presionan al gobierno aumentando los sueldos de policías, legisladores y jueces.

La prensa brasileña también transmite las presiones de los empresarios. Folha de S. Paulo, publicó un incendiario editorial el 13 de septiembre, titulado “Última chance ”. Este diario de influencia dijo que el gobierno tenía hasta octubre para restaurar la confianza de mercados financieros con recortes radicales sin precedentes. De no ser así, las casas financieras y los más importantes empresarios ya no apoyarían el gobierno. Sin eso ocurriera, Rousseff no tendría “ninguna alternativa” a “renunciar a la presidencia”.

Separando la fracciones más radicales del Partido dos Trabalhadores y los sindicatos con que están ligadas, están dos fabulas, ambas falsas. De un lado desde la CUT (Central Única dos Trabalhadores) se exige que el gobierno cumpla con su programa.

Esa versión sostiene que el gobierno fue elegido en base a la antiausteridad y ahora contrachoca su propias medidas, y las de Lula, que supuestamente habían logrado esquivar la crisis del capitalismo mundial que ahora sofoca a Brasil. Para este sector, el gobierno ha sido “raptado” por el ministro de finanzas de Rousseff, Joaquim Levy, otrora oficial del Fondo Monetario Internacional y “Chicago Boy”.

Un comunicado de prensa del 11 de septiembre de la dirección del movimiento del Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), presunta defensora del gobierno, exige que la presidente implemente el programa con que fue a las urnas. El comunicado se refiere también a garantías que Rousseff supuestamente le dio al MST en reuniones privadas. Más recientemente Vagner Freitas, presidente de la CUT dijo que pediría una reunión con el gobierno.

Del otro lado están los que insisten que la prioridad es la supervivencia del gobierno. Para ellos es de aplaudir que el gobierno haya anunciando las medidas de austeridad, cosa que demuestra que el gobierno no ha perdido su norte, y que está en una contraofensiva política.

Andre Singer, otrora portavoz de Lula, argumentó en Folha de S. Paulo el 19 de septiembre que el programa de ajuste permite que el gobierno entable negociaciones con el parlamento y resista un golpe de estado. Ese argumento campanea la retórica de la seudoizquierda griega en cara a la decisión repentina de llamar a nuevas elecciones del primer ministro Alexis Tsipras.

Esas voces sostienen que el PT dará marcha atrás a las medidas de ajuste una vez que pase la crisis. Tienden a minimizar la crisis brasileña y pensar que los mercados financieros exageran, refiriéndose a los errores que cometieron las agencias de evaluación de deuda antes del crac del 2008. Vermelho, periódico estalinista del Partido Comunista de Brasil, se refiere al economista João Sicsú, quien dice que al contrario de los préstamos hipotecarios, el valor los bonos de deuda brasileña es confiable.

Ese es el mismo argumento de los apólogos de Syriza y de Tsipras en Grecia. La lógica de Singer, Sicsú y otros es que el gobierno bajo la presión internacional no tiene opción y que no debe ser culpado ni de la crisis, ni de los ataques que ahora prepara contra la clase obrera brasileña.

En la práctica los sindicatos de la seudoizquierda también insisten que se actualice el programa electoral del PT. Proponen que los obreros presionen el gobierno. Les niegan a los trabajadores, y se empeñan en impedir, el camino de lucha independiente contra el gobierno del PT y el sistema capitalista que éste defiende.