Las medidas del gobierno del presidente François Hollande en reacción a los ataques terroristas del 13 de noviembre en París son un embestida contra los derechos democráticos, sin ningún precedente.

El gobierno del Partido Socialista acaba de decretar un estado de emergencia y ahora moviliza a más de cien mil agentes de seguridad por toda la nación (incluyendo a la policía, gendarmería, paramilitares antimotines y las fuerzas armadas). Es imposible transitar las calles de cualquier calle en cualquier ciudad francesa de importancia sin toparse con individuos vestidos con uniformes de fajina o completamente de negro, con rifles automáticos. Estos paramilitares ahora tiene la autoridad de entrar en cualquier morada y de detener o matar a cualquiera que sea declarado una amenaza, sin que ningún grupo de poder francés se oponga.

Como si eso no fuera suficiente, Hollande propone enmendar la constitución francesa, para hacer posible que el presidente decrete un estado de emergencia, que se puede hacer permanente, y de esa manera aumentar muchísimo la autoridad que el ejército y la policía ejercen. Esta propuesta, hecha pública por Internet, crea el mecanismo legal para transformar a Francia en una dictadura presidencial.

La ley existente, de 1955, otorga al presidente y a las fuerzas de seguridad enormes poderes durante estados de emergencia. Puede llevar a cabo, sin ninguna autorización judicial, búsquedas y confiscaciones, imponer toques de queda y prohibir asambleas públicas, detener y apresar en sus moradas, a todos “cuya actividad demuestre ser peligrosa a la seguridad y orden públicos”. También puede disolver todas las organizaciones vinculadas a quienes estén bajo arresto domiciliario, o que “participen en, faciliten o inciten”, disturbios del orden público.

La enmienda constitucional que el Partido Socialista ahora propone, convierte la ley de 1955 en algo mucho más funesto. El presidente Hollande ha declarado que busca la autoridad para imponerla aún cuando no exista un estado de emergencia, mientras haya alguna amenaza de algún grupo terrorista, como el Estado Islámico, es decir, por siempre.

Basta examinar la enmienda para entender que ésta tiene poco que ver con combatir al Estado Islámico, que en sí es una organización que surgió de la estrategia de las potencias de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de fomentar a las milicias islámicas como fuerzas sustitutas a las suyas en la guerra de cambio de régimen en Siria. Los horribles ataques en París sirven de pretexto para hacer valer medidas dictatoriales que no tienen ninguna conexión racional con al amenaza de el Estado Islámico.

Supuestamente para luchar contra el Estado Islámico, el estado francés se otorga poderes absolutos sobre la “seguridad y el orden público”. Esa última categoría, que abarca todo sin significar nada, desde hace tiempo se viene usando contra los derechos constitucionales a la huelga y a las manifestaciones. Un ejemplo es la decisión del año pasado del Partido Socialista de prohibir manifestaciones contra la guerra del estado israelí en Gaza.

Efectivamente, los cambios legales que el Partido Socialista enumera, hacen que todas las expresiones de sentimientos oposicionistas potencialmente justifiquen detención. En vez de autorizar a la policía a arrestar a alguna persona “cuya actividad demuestre ser peligrosa a la seguridad y orden públicos”, la ley enmendada permite la detención de cualquiera que “dé motivos para hacer creer que su comportamiento amenaza la seguridad publica y el orden”.

El Partido Socialista considera que todo esto permitirá que la policía se enfoque en “gente que, por su comportamiento, amistades, o proyectos, le interese a la policía o a los servicios de inteligencia”.

Son enormes las consecuencias de esas propuestas. Para detener a alguien, la policía no requiere más que decir que cree que esa persona puede alterar el orden público en algún momento futuro, en base a lo que este individuo haya dicho, o colgado en los medios sociales, o en alguno de sus conocidos.

Le ganaría a alguien la detención y el arresto domiciliario cualquier expresión de solidaridad con llamados a la huelga contra recortes de salario o cierres de fábricas, protestas contra la guerra, o un sin fin de acciones que normalmente están dentro de la ley.

Vale recordar que la ley que el Partido Socialista ahora propone expandir fue escrita en 1955 para crear el andamiaje legal para que el gobierno francés pudiera darse el permiso de llevar a cabo tortura y represión en masa en su fallido intento de aplastar la lucha independentista del pueblo de Argelia (1954-1962) contra el dominio colonial francés. Esa brutal guerra resultó en la muerte de entre 250.000 y 400.000 argelinos. Esa misma ley anticipó y alimentó profundas tensiones sociales en la misma Francia, que explotaron con la huelga general francesa de mayo y junio de 1968.

La maniobra actual de efectivamente desmantelar los derechos democráticos en Francia deriva de una crisis similar en el dominio clasista burgués. Primero, como lo demostró el intento fallido de suprimir las manifestaciones contra la guerra en Gaza, el gobierno del Partido Socialista desesperadamente busca suprimir toda oposición a las medidas militaristas del imperialismo galo. Siguiendo los ataques en París del 13 de noviembre, Hollande de inmediato ordenó aumentar el bombardeo francés contra Siria, bombardeo que es un importante elemento estratégico en la campaña de la clase de poder francesa para imponer sus intereses sobre el mundo.

Segundo, la democracia burguesa ya no puede manejar y adjudicar las enormes tensiones sociales de la sociedad capitalista actual, que son cada vez más incontrolables. En todos los países capitalistas, incluyendo en Francia, el estado está bajo el control de muy pequeñas y riquísimas élites que temen, y odian, la creciente inquina popular.

El gobierno de Hollande representa el dominio de la aristocracia financiera. Luego de ser elegido prometiendo que “la austeridad no es nuestro destino”, Hollande rápidamente demostró ser un político pro austeridad en una economía con cero crecimiento, donde crece la desocupación.

Al mismo tiempo, el Partido Socialista viró a una estrategia de tratar de desviar el repudio social a esas reaccionarias medidas dentro del país mediante una política exterior enraizada en el militarismo y la guerra. Cuando Hollande embarcó a Francia en la guerra contra Mali del 2013, un personaje en el gobierno le dijo al periódico Le Point que el Partido Socialista tenía la esperanza que ésta sería su versión de la guerra de las Islas Malvinas de la primer ministro británica Margaret Thatcher: una “aventura que resultó en su reelección en 1983”. En contraste, las guerras en los países del viejo imperio francés han agravado las tensiones sociales internas.

Similares versiones de la dinámica política francesa existen en todos los principales países capitalistas. Desde que comenzó la “guerra al terror” en el 2001, los gobiernos del mundo (con Estados Unidos a la cabeza) laboran para desmantelar los derechos democráticos. Han colaborado en el rapto de prisioneros para torturarlos, la intervención en masa de comunicaciones y asesinatos con aviones drones, todo sin autorización judicial. Ahora también se ha hecho algo común la utilización de fuerzas militares en el ámbito interno.

Más y más tienen estas medidas por objeto suprimir la lucha de clases, yendo desde la represión por la policía de los motines de jóvenes en Londres del 2011, hasta el fuerte ataque contra las manifestaciones en Ferguson, Missouri, contra el asesinato policial de Michael Brown.

Entre los grupos de poder, políticos o empresariales, ya casi no hay apoyo a la defensa de los derechos democráticos. Le toca al proletariado esa compromiso. La clase obrera tiene una profunda dedicación a los principios de la democracia. Pero hay que actuar sin ninguna demora política porque clase de poder procede rápidamente con sus planes de medidas dictatoriales para resolver crisis internas para las que no tiene solución.

Defender los derechos democráticos y rechazar el andamiaje de estado policial requiere de la movilización política independiente de la clase obrera, en base a la lucha contra la guerra imperialista y desigualdad social, enraizadas en el sistema capitalista.