La presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores de Brasil (Partido dos Trabalhadores—PT) confronta el comienzo de un proceso legislativo de destitución bajo condiciones en las que la economía se hunde en una colapso sin precedentes desde la gran depresión de los años treinta.

Eduardo Cunha, el poderoso presidente de la Cámara de Diputados, la cámara baja del congreso brasileño, anunció el miércoles que había decidido aceptar una de las 34 peticiones de destitución que han sido presentadas.

Las acusaciones contra Rousseff tienen que ver primariamente con la supuesta manipulación de fondos estatales para esconder un déficit fiscal creciente así como el financiamiento ilícito de la campaña electoral de Rousseff.

La acción de Cunha deriva de un escándalo de corrupción cada vez más amplio en el cual un sistema de sobornos canalizaron miles de millones de dólares en el conglomerado estatal Petrobrás, la compañía más grande de Latinoamérica, en las cuentas bancarias de políticos de prácticamente todos los partidos políticos.

La investigación de escándalo de Petrobras ya ha ocasionado los arrestos de políticos y ejecutivos de las más grandes compañías así como las de políticos, como el líder del PT en el Senado, Delcídio Amaral, y dos de los capitalistas más ricos del país, Marcelo Odebrecht, CEO de la gigante empresa constructora del mismo nombre, y André Esteves, el multimillonario jefe del banco de inversiones BTG.

Si bien Rousseff presidió la junta de Petrobras durante el período de esta corrupción al por mayor, aún no ha sido implicada directamente en el sistema de sobornos.

Por otro lado, Cunha, cuyo Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) ha funcionado como un aliado político del PT, confronta cargos de sobornos y lavado de dinero con sentencias que suman 184 años en prisión. Está acusado de malversar unos $40 millones de Petrobras para sí mismo y otros miembros del congreso. Poco después de negar ante la comisión del congreso que investiga el escándalo de Petrobras tener cuentas bancarias en el extranjero, se estableció que tiene millones en fondos sin declarar escondidos lejos en Suiza.

El detonante para la decisión de iniciar la destitución de Rousseff fue el anuncio de tres legisladores del PT en el panel de ética del congreso de que votarían a favor de un proceso contra Cunha que podría terminar con su expulsión.

Los tres legisladores del PT estuvieron bajo intensas presiones políticas. Con la opinión pública abrumadoramente a favor de esta acción contra Cunha, el Planalto –palacio presidencial de Brasil— estaba dependiendo de que congresistas rechazen cualquier medida contra el presidente para así evitar su venganza con el juicio político contra Rousseff.

"No hago esto debido a algún motivo político", Cunha declaró con una cara seria en la conferencia de prensa del miércoles dos de diciembre anunciando la acción de la destitución. Declaró que aceptaba el pedido por la destitución con la esperanza de que Brasil "pueda superar su crisis política y económica, sin ningún tipo de prejuicios".

En la tarde de ese mismo miércoles, Rousseff apareció ante los medios de difusión acompañada por 11 de sus ministros y leyó una declaración exponiendo su "indignación" por la acción de destitución. Negó toda responsabilidad por cualquier "acto ilícito" y afirmó no haber apoyado el intento de alcanzar un acuerdo con Cunha de eliminar los cargos éticos contra él. Concluyó diciendo que “No podemos dejar que conveniencias e intereses indefendibles afecten la democracia y la estabilidad de nuestro país".

Cunha, quién ha sobrevivido una larga serie de escándalos de corrupción, mantiene un apoyo importante dentro del profundamente corrupto congreso brasileño. Él es uno de los miembros más derechistas del cuerpo, forma parte de la bancada evangélica cristiana y, gracias a su papel aparentemente fundamental en el escándalo de sobornos de Petrobras, posee la habilidad de hacer caer a muchos otros con él. El hecho que el PT haya acogido a tal figura como un aliado político dice mucho sobre el carácter completamente reaccionario y antiobrero del partido gobernante.

Aunque la derecha brasileña ha organizado previas enormes manifestaciones pidiendo la destitución de Rousseff – en muchos casos un golpe militar— no está de ninguna manera clara de que Cunha pueda congregar los dos tercios necesarios para enviar los artículos de destitución al senado, cuyo líder públicamente se ha opuesto a la acción.

Entre las preocupaciones inmediatas del gobierno está que la decisión de destitución desate una fuga de dinero del mercado de valores brasileño y una caída mayor de la moneda nacional, el real, contra el dólar. Ésta ya ha caído 31 por ciento este año.

Los shocks políticos de principios de diciembre ocurrieron tan sólo un día antes de del anuncio de que la economía brasileña se encogió 1.7 por ciento durante el tercer cuarto del año comparado al segundo cuarto y muy por debajo del 4.5 por ciento del mismo período el año pasado.

Las figuras fueron sustancialmente peores a lo esperado y ha llevado a analistas apredecir que la recesión se profundizará más el próximo año. Esto marcaría la primera vez desde 1930-31, durante la Gran Depresión, que Brasil tendrá dos años consecutivos de recesión.

El desempleo está creciendo con fuerza y la economía ya ha eliminado unos 1.5 millones de empleos en los últimos 12 meses. La inflación ha alcanzado el 10 por ciento, y el gobierno ha respondido a esta crisis cada vez más profunda con políticas de austeridad e impulsar nuevos impuestos.

Como resultado de las condiciones sociales en deterioro y el disgusto popular por la corrupción al por mayor dentro del gobierno del PT, el nivel de aprobación de Rousseff han caído a menos del 10 por ciento, mientras que las encuestas indican que una mayoría de la población apoya la propuesta de destitución, de sus opositores de derecha.

Las combinadas crisis económicas y políticas que desgarran al capitalismo brasileño, junto con la rápida y profunda polarización social, están creando condiciones para una erupción violenta de la lucha de clases.

Esto encontró expresión el martes en los violentos ataques de la policía militar a estudiantes de secundaria que protestaban contra los planes del derechista gobernador del estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, de llevar a cabo un enorme programa de reestructuración educativo que cerraría 94 escuelas y afectaría unos 310,000 estudiantes y 74,000 profesores. Las maniobras de Alckmin están diseñadas para promover escuelas particulares y se espera que incrementen más el tamaño de las clases.

La policía militar usó gas lacrimógeno, gas pimienta y cachiporras para intentar desalojar a estudiantes de algunas de las 200 escuelas que han sido ocupadas y para botar a manifestantes de las calles de São Paulo.