El jueves pasado, el gobierno mexicano declaró que no va a retirar el recorte a los subsidios de la gasolina, aun cuando los enfrentamientos en las protestas en contra de esta medida han dejado al menos cuatro muertos, decenas de heridos y más de 1.000 detenidos.

El gasolinazo, como se conoce la medida, provocará un aumento del 20 por ciento en la gasolina para el 2017. A pesar de que México es uno de los principales productores de petróleo, importa más de la mitad de su petróleo refinado y los mexicanos tienen que pagar casi $4 por galón, bastante más que en Estados Unidos. La subida en los precios de los combustibles ya está aumentando el costo de los bienes de consumo básico como las tortillas, presionando severamente a las familias trabajadoras y campesinas.

“Ni un paso atrás”, ordenó el viernes pasado el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en una entrevista con Radio Fórmula. El mismo día, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, aseveró que protestar y saquear no traerá ningún cambio.

En un vídeo oficial lanzado el jueves por la noche, Peña Nieto argumentó de forma absurda que, “mantener precios artificiales de la gasolina significaría quitarle recursos a los mexicanos más pobres para dárselos a los que más tienen”. Además, indicó que el gobierno habría hecho recortes en educación y otros programas sociales de no haber recortado el subsidio a la gasolina.

Su desafío al pueblo mexicano —“¿Qué hubieran hecho ustedes?” — fue ampliamente denunciado en los medios sociales.

El jueves, dos manifestantes fueron asesinados en enfrentamientos con la policía en una protesta de miles de personas en Ixmiquilpan, estado de Hidalgo. Esa noche, más de 20.000 personas salieron a las calles de la ciudad industrial norteña de Monterrey, estado de Nueva León, en una de las protestas más grandes hasta la fecha. Una manifestación prevista para el lunes por la tarde en la Ciudad de México pondrá en prueba la fuerza de las movilizaciones.

La policía ya instaló retenes en las carreteras que conducen a la Ciudad de México, mientras que una huelga de transportistas en la región se expandió a la ciudad de San Juan Del Río en Quintana Roo. Más de 3.000 camioneros en Monterrey también se unieron a la huelga.

A lo largo de la frontera norte, las protestas se han ido esparciendo, incluyendo bloqueos de cruces ferroviarios hacia EE.UU. en Nogales. También ha habido manifestaciones cerca de la frontera con Guatemala.

En general, las protestas parecen haber disminuido el jueves, en parte debido a las preparaciones y festividades de la Bajada de Reyes.

La presencia policial ha aumentado significativamente, con 9.000 policías ocupando centros comerciales en la Ciudad de México y 18.000 uniformados desplegados en el estado de México, donde ha habido muchos saqueos. La policía federal también ha sido enviada en operativos a Veracruz y varios otros estados.

Hasta el jueves en la tarde, habían detenido a 300 personas en Veracruz, 139 en Chiapas, 537 en el estado de México, 182 en Nuevo León, 106 en la ciudad de México y decenas más en otros lugares. En Veracruz, familiares de los detenidos se enfrentaron con oficiales de la marina en las afueras de una prisión, en parte exigiendo atención médica para los detenidos golpeados por la policía.

Las protestas contra el gasolinazo han empezado a llamarle la atención a la clase gobernante en Estados Unidos, la cual ha buscado suprimir en gran medida la cobertura de las movilizaciones por temor a que éstas generen simpatía entre los trabajadores estadounidenses. El sitio web Stratfor, vinculado a las agencias de inteligencia estadounidenses, reportó que las manifestaciones eran espontáneas, “en gran parte regionales” y que “aún no se han consolidado en un movimiento nacional coordinado”. La página señaló que los conductores de taxi, camiones y autobuses convocaron huelgas “en varios estados, dando peso a las manifestaciones”.

“Existe el riesgo”, advirtió Stratfor, “de que las manifestaciones violentas se descontrolen e inciten mayores protestas. También puede haber interrupciones de suministros, al haber saqueadores intentando secuestrar los camiones de gasolina”.

El temor de la clase política estadounidense y la mexicana a “interrupciones de suministros” subraya la importancia estratégica de unir a los trabajadores mexicanos y estadounidenses. Una sección cada vez más prominente de la clase gobernante mexicana, encabezada por el líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el exalcalde de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, alias AMLO, está intentado sofocar estas movilizaciones de protesta con los venenos del nacionalismo y de la colaboración de clases.

El jueves pasado, AMLO hizo otro llamado por YouTube, donde le pide a “todos los mexicanos incorporarse a la gran tarea de transformación nacional”. Para él, el “renacimiento de México” es posible sólo si queda electo presidente en las elecciones del 2018.

Anuncia que para estos cambios “hay una oportunidad en el 2018”, llamando a “un nuevo proyecto nacional”, que no se llevaría a cabo a través de las divisiones de clase, sino a través de un “acuerdo”.

La pseudoizquierda mexicana opera en la órbita de Morena, a quién apuntala con una fraseología de “izquierda”. A pesar de criticar los esfuerzos de AMLO para contener las huelgas y protestas, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MTS) pablista emitió un comunicado el miércoles pasado, llamando a la “defensa de la soberanía nacional” y a una “ruptura de la dependencia del país ante el gobierno de Trump”. La declaración le pide a los sindicatos y a grupos estudiantiles reunirse, “para discutir un plan de lucha nacional” que enfrente “la situación actual en nuestro país”.

Es imposible encarar la pobreza y la desigualdad que dominan la sociedad mexicana con base en una perspectiva nacionalista.

No es simplemente por la cobardía de sus gobernantes que México es aún más servil a los intereses de los bancos y corporaciones estadounidenses hoy que en los años anteriores a la Revolución Mexicana de 1910-1920. Los estalinistas y los sindicatos —ambas fuerzas corporativistas e independistas — allanaron el camino hacia la actual catástrofe social al desarmar a la clase obrera con demagogia nacionalista y subordinación al Estado mexicano, en nombre de los sectores más “progresistas” de la burguesía.

Esta perspectiva política en bancarrota es aún peor en la actualidad, bajo condiciones en las que la tecnología y el transporte han unido a la economía mexicana y a la estadounidense más que nunca.

Un informe publicado en noviembre del año pasado por el Servicio de Investigación para el Congreso estadounidense indica: “La expansión del comercio ha dado lugar a la creación de relaciones de suministro verticales... el flujo de insumos intermedios producidos en Estados Unidos y exportados a México y el flujo de vuelta de productos terminados aumentó mucho la importancia de la región de la frontera entre EE.UU. y México como un sitio de producción. Las industrias manufactureras estadounidenses, incluyendo la automotriz, electrónica, de electrodomésticos y maquinaria, todas dependen de la asistencia de los fabricantes mexicanos”.

Los trabajadores mexicanos y los estadounidenses están unidos objetivamente en el proceso productivo, enfrentan cada vez más a los mismos explotadores transnacionales y luchan contra gobiernos oligárquicos derechistas en ambos lados de la frontera. Sus futuros están inextricablemente unidos. La clase obrera en ambos lados de la frontera debe rechazar enfáticamente todo intento de sembrar divisiones. Al contrario, tiene que unirse en una lucha común contra el imperialismo estadounidense y la clase capitalista mexicana. La bandera de esta lucha es la de los Estados Unidos Socialistas de las Américas.