A los seis meses de asumir el cargo, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se enfrenta a un creciente cuestionamiento a su capacidad de gobernar tras no cumplir sus promesas respecto a la desaceleración económica, la corrupción en el gobierno, la violencia callejera y el impase político con la Fuerza Popular de su rival Keiko Fujimori, que controla el congreso.

Peruanos por el Kambio (PpK) obtuvo el segundo lugar en la primera votación presidencial, derrotando estrechamente a la candidata burguesa y pseudo izquierdista Verónika Mendoza del Frente Amplio (FA), y garantizando una segunda vuelta contra Fujimori de Fuerza Popular (FP).

Con la eliminación de Verónika Mendoza, quien ganó en los departamentos más pobres de la región Sur Andina, la elección en la segunda vuelta del 2 de junio fue entre dos candidatos derechistas y en favor de Wall Street.

Tanto PPK como Keiko Fujimori son parte de una tendencia derechista que ha suplantado una serie de gobiernos burgueses de centro izquierda en Latinoamérica. El antecesor de Kuczynski, Ollanta Humala, comenzó como un chavista y terminó siendo un leal defensor del capital extranjero, en especial de las corporaciones mineras transnacionales. Cuando dejó el cargo, enfrentaba al rechazo popular de prácticamente todos los sectores de la sociedad peruana.

La vida profesional de PPK es una mezcla de puestos en el gobierno—ministro de energía y minas bajo el presidente Fernando Belaunde a principio de los 1980s, ministro de economía y finanzas, y luego primer ministro del presidente Alejandro Toledo (2001-2006) —y una lucrativa carrera de un veterano en Banca de Inversión en Wall Street, especializado en fondos de capital privado.

Keiko Fujimori es la hija mayor del ex presidente Alberto Fujimori, quien en 1993 realizó un golpe de estado, cerró el Congreso y redactó una constitución derechista—todavía vigente—que puso fin a la estabilidad laboral y puso en subasta casi todos los recursos del país a los inversionistas nacionales y extranjeros.

Los fujimoristas derechistas son detestados por una gran parte de la población peruana que recuerda la corrupción, los asesinatos y el gobierno dictatorial impuesto por el padre de Keiko en la década de 1990. Tras escapar a Japón el 2000, Alberto Fujimori finalmente fue extraditado y sentenciado el 2009 a 15 años de prisión por haber dado órdenes al escuadrón de la muerte Grupo Colina, de ejecutar masacres en los Barrios Altos (1991), un barrio pobre de clase trabajadora, y de masacrar a docentes y estudiantes de La Cantuta (1992).

La candidata pseudo izquierdista Verónika Mendoza llamó a votar por el banquero de Wall Street porque representaba el “mal menor”, así ayudando a PPK a derrotar a Keiko Fujimori en la segunda ronda por sólo 41.000 votos, la victoria más estrecha en la historia del Perú.

PPK comenzó su mandato con la promesa arrogante de que, con su experiencia como banquero de Wall Street y su pequeño equipo de tecnócratas, podría resolver la crisis social y económica del Perú por sí solo.

El octubre pasado, BloombergBusinessweek escribió: “El señor Kuczynski ha persuadido al Congreso controlado por la oposición para que apoyen su plataforma económica, viajó a China para suscitar interés en un portafolio de US$70 mil millones en proyectos de infraestructura, y logró la más grande venta de bonos en moneda nacional en el mercado mundial.”

En la conferencia anual del 2016 de la APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico), realizada este noviembre pasado, Kuczynski fue anfitrión de una docena de jefes de estado, incluyendo los de Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Australia y Canadá, además de la mayoría de los presidente de Latinoamérica.

Pero apenas se cerró el Foro de la APEC, la esperada confrontación entre su administración y el congreso fujimorista comenzó a cobrar forma.

A pesar de sus éxitos iniciales, tan aplaudidos por la prensa financiera, PPK heredó un país con una economía en declive, en gran parte debido al crecimiento menguante de China y el capitalismo global, que ha disminuido el precio de las materias primas.

Perú se había ganado la reputación de ser una de las economías con mayor crecimiento en el mundo. Según el Banco Mundial, el PIB creció en 8.3 por ciento sólo el 2010, mientras que los Estados Unidos y la Unión Europea todavía sufrían del casi colapso del sistema crediticio mundial, luego de la crisis de Wall Street en septiembre del 2008.

Durante los últimos cinco años, la economía del Perú se ha desacelerado. Para el 2014, el crecimiento había caído a un 2,4 por ciento. El 2015, el crecimiento del PIB fue de un 3,3 por ciento, menor al 3,6 de inflación. El Banco Mundial anticipa un crecimiento del PIB de 3,5 por ciento para el 2017 y de 3,2 por ciento para el 2018.

Se originó un impase entre el poder ejecutivo y Fuerza Popular (FP) cuando el Congreso dominado por el FP censuró a Jaime Saavedra, el ministro de educación, tras encontrarlo culpable de malversación. Días antes, un programa de noticias dominicales demostró que el personal cercano del ministro había malversado parte del presupuesto de 150 millones de soles (US$45 millones) destinado a la compra de computadoras y otros equipos.

La renuncia perjudicó al ejecutivo y a PPK. Generó confusión, parálisis y la pérdida de confianza de la clase dirigente en la capacidad de gobernar del presidente y su equipo de tecnócratas.

Dos semanas antes de navidad, el Arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, un detestado archi-reaccionario, convocó a PPK y a Keiko Fujimori a reunirse en su casa. Tras la reunión de una hora, el presidente declaró: “No dudo de que podemos trabajar juntos para promover un Perú que llegue al año 2021 con modernidad y prosperidad,” mientras que Fujimori se refirió a PPK como “presidente” por primera vez.

En una conversación con la prensa, el Primer Ministro Fernando Zavala afirmó, “PPK se reunirá con los líderes del partido Aprista y César Acuña, líder de la Alianza para el Progreso. Además. Fijará una fecha para reunirse con el Frente Amplio (FA) y Acción Popular (AP).”

La acusación de malversación contra el ex Ministro de Educación no es un hecho aislado. La corrupción ha estado presente en la presidencia de PPK desde sus inicios.

El caso más notorio involucra a un ex asesor en materias de salud, Carlos Moreno, quien enfrenta siete acusaciones de corrupción. El programa televisivo Cuarto Poder expuso casos de corrupción en otras ramas del gobierno, incluido Asuntos Regionales, y Prevención y Gestión de Conflictos Sociales. Para octubre, la tasa de popularidad de PPK había caído en 8 puntos.

En la actualidad, existen nuevas acusaciones que implican el mega escándalo de corrupción “Lava Jato” (lavado de autos) en torno al gigante estatal del petróleo, Petrobras, el cual socavó fatalmente al Partido de los Trabajadores y preparó el terreno para la revocación de la Presidenta Dilma Rousseff.

El diario de negocios Gestión informó: “Por medio de un informe dirigido al sistema judicial de Estados Unidos, la empresa brasileña Odebrecht afirmó haber pagado US$29 millones en sobornos ‘por debajo de la mesa’ durante tres períodos presidenciales [Toledo, García y Humala] del 2005 al 2014.”

“En diciembre, la oficina del Fiscal General,” continúa Gestión, “abrió una investigación preliminar de la relación entre el ex presidente Alejandro Toledo y PPK porque podría haber favorecido a los contratos de Odebrecht para construir carreteras nacionales.

“La empresa brasileña tiene una presencia importante en el Perú, donde se le han adjudicados contratos para obras públicas por más de US$10 mil millones.”

La semana pasada, Gestión informó que el presidente peruano “rechazó las numerosas peticiones para sacar a Odebrecht del Perú y afirmó que algunos de sus gerentes son culpables, pero no la compañía misma.”

PPK niega las acusaciones de que aceptó los $20 millones en sobornos de Odebrecht que fueron entregados a un oficial no identificado a cambio de un contrato de obras públicas el 2005, período en que PPK era ministro de economía y finanzas bajo el Presidente Alejandro Toledo.

La constructora más grande del Perú, Graña y Montero (GyM), se asoció a Odebrecht en un contrato de US$400 millones para construir la Línea 1 del Metro de Lima. Odebrecht reconoció haber pagado US$1,4 millones a un oficial del gobierno de alto rango por ese proyecto.

GyM afirma que no sabía nada del soborno de Odebrecht.

Mientras la crisis política abruma al gobierno de PPK, el conflicto de clases en Perú se intensifica. Mucha de la reciente agitación social se origina en el desarrollo de proyectos mineros de gran escala por empresas extranjeras en las regiones más pobres del país. La situación se exacerba con el alto nivel de brutalidad policial y la corrupción de los presidentes regionales y los dirigentes mineros y campesinos, que más de una vez han sido grabados solicitando millones de dólares en sobornos.

En julio pasado, los diarios Correo y América Economía informaron: “El sur del país, en especial Apurímac y el Cusco, es el más conflictivo, concentrando un 32 por ciento de todo el conflicto social en el país. Además, un 72 por ciento de los conflictos del Perú están activos mientras que un 28 por ciento están latentes.”

Ésta es la región en que el 2011, Ollanta Humala, que entonces apoyaba un programa vagamente nacionalista y populista, ganó por más de 80 por ciento del voto, y Verónika Mendoza ganó por más de un 50 a 60 por ciento el 2016.

PPK y sus tecnócratas están particularmente mal equipados para enfrentarse a los enormes conflictos sociales del interior del Perú, donde el partido del presidente no tiene ninguna presencia. Es esta agudización en la lucha de clases la que ha forzado a PPK a buscar alianzas con la derechista Fuerza Popular, por un lado, y la pseudo izquierda burguesa del Frente Amplio, por el otro.