Los dos decretos firmados por el presidente estadounidense, Donald Trump, el miércoles pasado en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS; Department of Homeland Security) constituyen un ataque no sólo contra inmigrantes, sino contra la clase obrera en su conjunto.

La orden ejecutiva principal solicita iniciar la construcción de “el muro” fronterizo con México, una promesa utilizada un sinnúmero de veces por Trump en el transcurso de su campaña presidencial, y recrudecer la criminalización de los inmigrantes indocumentados.

Estas medidas tienen como objetivo fomentar xenofobia y chauvinismo antiinmigrante con el fin de atacar de forma generalizada los derechos democráticos y las condiciones sociales de toda la clase trabajadora. De forma paralela, el gobierno de Trump busca acelerar la transferencia de riqueza y beneficios a la oligarquía financiera y las corporaciones bajo la bandera de “Estados Unidos ante todo”.

El mismo día, frente a funcionarios de la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE; Immigration and Customs Enforcement), Trump dio un discurso con mensajes propios del fascismo, justificando la militarización de la frontera entre México y EE.UU. y los ataques contra trabajadores inmigrantes por parte de las agencias.

Trump describió una frontera “fuera de control” y dijo que “desde hace demasiado tiempo, no se les ha permitido a sus agentes y oficiales hacer su trabajo”. Luego indicó que eso cambiaría: “De aquí en adelante, les pido a todos ustedes que hagan cumplir las leyes de los Estados Unidos de América. Se harán cumplir y se harán cumplir con fuerza”.

El tono de Trump fue el mismo que el de su portavoz, Sean Spicer. Antes de que Trump hablara en el DHS, Spicer declaró en la Casa Blanca que esta administración va a “devolverles el poder y la responsabilidad” a la Patrulla Fronteriza y al ICE para que puedan “hacer cumplir la ley sin reservas, peros, excusas, ni titubeos”.

El gobierno actual le está soltando completamente las amarras a estas agencias militarizadas que ya son notorias por su brutal e ilegal maltrato hacia los inmigrantes. Las órdenes ejecutivas piden además que se expandan estas fuerzas policiales substancialmente. La Patrulla Fronteriza, actualmente la fuerza policial más grande del país, recibirá 5.000 oficiales más, mientras que el ICE se triplicará con 10.000 oficiales nuevos, aumentos que sientan las bases para las “fuerzas especiales para la deportación” que prometió Trump durante su campaña electoral.

El nombramiento de John Kelly para secretario de Seguridad Nacional, un exgeneral de la Marina y exdirector del Comando Sur, que supervisa las operaciones del Pentágono en América Latina, sugiere que la frontera se seguirá militarizando y que la caza de inmigrantes indocumentados dentro de EE.UU. se intensificará.

Uno de los cambios de Trump en política inmigratoria será dejar de capturar y luego liberar a algunos de los inmigrantes indocumentados mientras aguardan su audiencia ante la corte. Abandonar esta práctica de libertad condicional va a requerir una expansión enorme del sistema penitenciario inmigratorio, el cual ya mantiene a 40.000 personas presas en un día promedio.

La orden ejecutiva le exige al DHS establecer nuevos campos de detención, los cuales llenarán probablemente con familias y niños no acompañados que huyen de la violencia en América Central, quienes son actualmente la mayoría de los que cruzan la frontera.

Para justificar este recrudecimiento de la represión en la frontera—bajo condiciones en que el número de pasos fronterizos oficiales ha caído a su nivel más bajo en los últimos 40 años, y más inmigrantes mexicanos se están yendo del país que llegando—Trump buscó utilizar una retórica racista en su campaña para retratar a todos los inmigrantes, particularmente a los mexicanos, como criminales.

Con este fin en mente, se invitó al grupo antiinmigrante The Remembrance Project a participar en el anuncio de los nuevos decretos en el DHS. Dicha organización, además de estar vinculada a grupos ultraderechistas y de nacionalismo blanco, se dedica a explotar al pequeño número de ciudadanos estadounidenses presuntamente asesinados por inmigrantes indocumentados para demonizar a todos los trabajadores nacidos en el extranjero.

Trump les pidió a las presuntas víctimas ponerse de pie para que los agentes inmigratorios y fronterizos les aplaudieran. Su primera orden ejecutiva solicita la creación de una oficina especial dedicada a “apoyar a las víctimas del crimen de inmigrantes ilegales”, cuyo propósito es propagandear la narrativa de tendencias fascistas de Trump.

El segundo decreto firmado el miércoles da la orden de tomar medidas de represalia contra las llamadas “ciudades santuario”, como negarles fondos federales. El objetivo es obligar a los gobiernos locales y sus departamentos de policía a participar en la campaña represiva contra inmigrantes.

Se estima que el precio a pagar por el muro fronterizo con México es de $10 mil millones a $25 mil millones. La orden ejecutiva sobre esta pieza central en la agenda de Trump exige que se redireccionen fondos disponibles para iniciar la construcción lo antes posible, mientras que Trump sigue insistiendo que va a obligar a México a pagar por el muro.

Esta medida de erigir una “barrera grande en la frontera sur” se basa en la Ley del Cerco Seguro del 2006, aprobada con el apoyo de la contrincante de Trump en las elecciones y entonces senadora, Hillary Clinton. Las medidas inmigratorias de Trump vienen después de que el gobierno de Obama deportara alrededor de 3 millones de inmigrantes, más que la suma de todos los presidentes de EE.UU. juntos.

Los decretos se anunciaron el mismo día en que el secretario de Economía de México, Luis Videgaray, junto con el secretario de finanzas llegarán a Washington para preparar la visita oficial del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, la semana siguiente. Las medidas de Trump y su insistencia en obligar a México a pagar por el muro provocaron indignación en el país y llamados a que Peña Nieto cancele su viaje a EE.UU.

La imposición de una nueva barrera fronteriza y las amenazas a las compañías que producen en México solo servirán para profundizar la crisis económica en ambos lados de la frontera. Además, incendiarán más el descontento social que estalló como resultado del gasolinazo a inicios del año.

Se esperan más órdenes reaccionarias sobre inmigración esta semana, incluyendo una versión modificada de la propuesta de campaña de Trump de prohibirles la entrada a musulmanes. Esta nueva medida les prohibiría la entrada a las personas de varios países “propensos al terrorismo”, incluyendo Afganistán, Siria, Irak y Somalia.

Estos esfuerzos para redoblar la represión contra inmigrantes son parte de una campaña mucho más amplia para fortalecer los poderes dictatoriales del Estado. Aun cuando se estaba preparando para anunciar sus decretos contra inmigrantes, Trump le comentó al noticiero ABC News sobre su apoyo a métodos de tortura como los ahogamientos simulados para “combatir fuego con fuego”. También, han salido reportes de que hay borradores para órdenes ejecutivas que reabrirían los infames “sitios negros” de la CIA y cambiarían los límites al uso de la tortura en el Manual de Campo para el Ejército (Army Field Manual).

Los mismos métodos de un Estado policial que están siendo implementados contra los trabajadores inmigrantes serán utilizados para reprimir a la clase trabajadora en su conjunto. Para defender los derechos democráticos y las condiciones sociales, es necesaria la unificación de los trabajadores inmigrantes y aquellos nacidos en EE.UU. y una lucha en conjunto de los trabajadores en México y EE.UU. contra su enemigo común, el sistema capitalista.

Los trabajadores en EE.UU. y alrededor del mundo tienen que luchar por la defensa de los inmigrantes y refugiados, avanzando el derecho que tienen todos los trabajadores de vivir y trabajar en el lugar de su elección con todos los derechos políticos y legales.