El martes pasado (el 14 de febrero) inició el despliegue de unas 9.000 tropas brasileñas por las calles de Río de Janeiro en respuesta a las crecientes protestas contra la austeridad y las privatizaciones, además de la amenaza de paro de la Policía Militar (PM), la fuerza que patrulla la segunda ciudad más grande del país y el estado del mismo nombre.

El mismo día en que el presidente derechista de Brasil, Michel Temer, anunciara el despliegue de tropas, describiendo la amenaza de paro de la PM como una “insurrección contra la constitución,” los trabajadores de la Compañía Estatal de Aguas y Alcantarillado (CEDAE) realizaron otra protesta masiva frente a la Asamblea Legislativa del estado en oposición a los planes de privatizar este servicio social fundamental.

En el nueve de febrero, la policía antidisturbios reprimió violentamente una manifestación similar y dejó a varias personas con lesiones graves.

El despliegue militar en Río prosigue a un envío similar de tropas federales al estado vecino del norte, Espíritu Santo, donde las esposas, madres y otros parientes bloquearon el acceso a las barracas, exigiendo aumentos salariales y mejores condiciones, lo que llevó a que la PM no patrullara las calles y ocasionara una fuerte alza de homicidios y otros crímenes.

Las escuelas, el transporte público y los negocios cerraron durante las protestas, especialmente en Vitoria, la capital estatal. Mientras se enviaron unas 3.000 tropas a instaurar la “ley y el orden”, incluyendo vehículos blindados y paracaidistas, el regreso de la PM a las calles a principios de esta semana fue aparentemente el resultado de un acuerdo alcanzado entre sus dirigentes y el gobierno estatal.

La PM, un legado de la dictadura militar que gobernó en Brasil por dos décadas tras un golpe de estado apoyado por la CIA el 1964, está sometida a disciplina militar y la ley le prohíbe entrar en huelga. Esta fuerza es responsable de la muerte de miles de brasileños cada año. En el 2015, la policía de Brasil mató al menos a 3.300 personas, aproximadamente el triple de personas muertas por la policía en Estados Unidos.

Algunos policías fuera de servicio protestaron en contra de las medidas de austeridad, en algunos casos pidiendo el regreso de la dictadura militar y obligando a los trabajadores a bajar sus pancartas. También se informó de casos en que policías fuera de servicio sacaron sus armas contra la policía antidisturbios enviada para suprimir sus protestas.

El despliegue de tropas federales a Río fue solicitado por el gobernador del estado, Luiz Fernando Pezão, miembro del PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), el mismo partido del presidente Temer. Bajo la intervención federal, descrita como una “garantía de ley y orden,” las tropas estarían desplegadas hasta el 22 de febrero, momento en que el gobierno evaluará si seguirán ocupando Río por un período mayor. La semana siguiente se realiza el Carnaval de Río, que atraerá visitas de todo el mundo.

La utilización del ejército para realizar funciones policiales se ha vuelto cada vez más frecuente, a medida que Brasil enfrenta su peor crisis económica en un siglo, y las cifras de aprobación del presidente Temer caen al bajísimo nivel que alcanzó la presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores antes de su destitución bajo acusaciones fabricadas de manipulación presupuestaria el agosto pasado. Durante los Juegos Olímpicos de verano se desplegaron unas 47.000 tropas en Río, y recientemente el gobierno envió tropas a suprimir violentas revueltas carcelarias.

Al anunciar el despliegue militar a Río, el ministro de defensa Raul Jungmann insistió que, a diferencia de Espíritu Santo, no se había perdido el “control” en Río de Janeiro ni existía ninguna “incapacidad de los órganos de seguridad estatal de Río para mantener la ley y el orden.” Afirmó que un 95 por ciento de la Policía Militar estaba operando normalmente. En cambio, dijo, el despliegue tenía un carácter “preventivo,” destinado a “liberar a los miembros de la PM debido a las demostraciones.”

Los estimados de Jungmann sobre el porcentaje de la Policía Militar que está patrullando son sin duda demasiado optimistas, aunque el nivel de paro no se aproxima al visto en Espíritu Santo. Aun así, las esposas y familiares de la policía han intentado obstruir las entradas de casi 30 de las 50 barracas de la PM en Río, inclusive la del Batallón de Choque que reprime las manifestaciones. En algunos casos, la policía ha empezado a cambiar de turno fuera de las barracas e incluso abierto nuevas entradas para eludir los piquetes.

La policía, al igual que los empleados públicos civiles, no han recibido ni sus salarios de enero ni el llamado 13er salario, un bono de fin de año legalizado que debía haberse pagado al finales del año pasado.

El gobierno federal y los gobiernos estatales están especialmente preocupados de movilizar una fuerza represiva suficiente como para poner en votación la privatización de la CEDAE, la empresa de agua estatal, el 20 de febrero. Los intentos anteriores de legislar la venta de este servicio público fueron obstruidos por protestas. Se había programado una votación para el martes, pero se pospuso por miedo a que las protestas afuera de las barracas de la PM dejarían a la Asamblea Legislativa de Río sin una fuerza de seguridad adecuada.

La venta de empresa estatal de agua es una pieza clave del programa de austeridad defendido por el gobernador Pezão ante la desesperada crisis financiera de Río, la que ha empeorado con la caída del precio del petróleo, la materia prima que solía impulsar la economía local. La privatización debería garantizar un préstamo de 3.5 mil millones de reales (aproximadamente US$1.1 mil millones) del gobierno federal pensado para evitar el incumplimiento total del pago de deudas del estado.

Mientras el gobierno de Temer movilizaba las tropas del ejército para suprimir la oposición a la austeridad y privatización capitalista, también tomó medidas que no se utilizaban desde los tiempos de la dictadura para censurar a dos de los principales periódicos de Brasil—los cuales ambos apoyaron la destitución de Roussef que llevó a Temer al poder.

Temer envió un abogado del gobierno a la corte para obtener un requerimiento que ordenaba a Folha de S.P a retirar un artículo publicado en su sitio web que informaba sobre un intento de chantaje contra la esposa del presidente, Marcela. El artículo describía algunos de los mensajes enviados por el chantajista, un pirata informático que logró clonar el iPhone de la primera dama. Éstos incluían una amenaza de que, a menos que le pagara 300.000 reales, publicaría información que “enlodaría” la reputación del presidente.

O Globo de Río anunció el 13 de febrero que había sido sometido a una orden de censura similar emitida por el Palácio do Planalto, la casa de gobierno de Brasil.

Esta censura estatal es especialmente onerosa porque está impidiendo la diseminación de información de lo que resultó ser el juicio público del hacker, quien sería procesado, condenado y enviado a prisión.

Las medidas de Temer reflejan la extrema crisis del gobierno que encabeza y el miedo a cualquier discusión pública de los escándalos que rodean su administración. El escándalo de los sobornos para obtener contratos de Petrobras, que envolvió a toda la clase dirigente, todavía podría derribar su propia presidencia. Según se reporta, Temer sigue bajo investigación por el testimonio de un alto ejecutivo del conglomerado de construcción Odebrecht de que habría solicitado casi US$3 millones en donaciones ilegales a su campaña durante las elecciones del 2014.

Dada la crisis e inestabilidad que asedia al gobierno, la dependencia cada vez mayor en el ejército para lidiar con el descontento social lleva consigo una verdadera amenaza de sentar las bases del retorno del gobierno militar en el mayor país de Latinoamérica.