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Informe revela tortura generalizada de menores en prisiones mexicanas

En México, el 57 por ciento de los adolescentes encarcelados son torturados, según un informe publicado por el Centro Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a finales de enero.

La CNDH, una agencia independiente, detalla los antecedentes y experiencias de los jóvenes de 14 a 18 años que han sido acusados de cometer un crimen violento. Se basa en entrevistas y encuestas con 730 adolescentes en 17 estados representativos de todo el país.

Según la Comisión Mexicana de Seguridad Nacional, actualmente hay más de 13.000 adolescentes encarcelados, de los cuales más de un quinto ha sido condenado por un delito violento, como asesinato, robo con violencia y secuestro.

El reporte nacional documenta el abuso sistemático de adolescentes encarcelados por la policía local y federal, así como por secciones del Ejército Mexicano y la Marina. Más de la mitad (57 por ciento) de todos los adolescentes entrevistados reportaron haber sido torturados--a veces por varios días--después de su arresto. Los entrevistados frecuentemente reportaron haber sido apuñalados, sometidos a descargas eléctricas, ahogados, asfixiados y golpeados por la policía.

Un joven les dijo a los entrevistadores: “Me desvistieron, me amarraron, me mojaron, me pusieron bolsas en la cara, me ahogaron, me dejaban desvestido y mojado por cinco horas, me dieron golpes en las costillas y toques. Cuando me torturaban, yo tenía que decir lo que ellos quisieran o me pegaban más.”

Aunque la ley mexicana prohíbe el uso de la tortura para extraer confesiones, investigaciones previas del a CNDH han encontrado múltiples casos de falsificación de registros médicos que de otro modo confirmarían que los detenidos habían sido sometidos a tortura.

Las violaciones por el sistema de justicia documentas por el estudio se extienden más allá de la tortura y el abuso en los centros de detención, incluyendo violaciones sistemáticas del debido proceso. La mayoría de los adolescentes reportaron que no fueron informados de los cargos contra ellos (59 por ciento), que no se les informo de sus derechos (69 por ciento) y que no se les dijo que tenían derecho a un abogado (54 por ciento).

En general, el 16 por ciento de los entrevistados declaro ser inocente, aunque esta cifra fue más del doble en algunas regiones (37 y 44 por ciento en Veracruz y Oaxaca, respectivamente). El informe indica que “encontramos un alto porcentaje en el que, a las condiciones de pobreza, marginación e indefensión, se suma el trato discriminatorio que los adolescentes sufrieron en el sistema de justicia por su condición étnica, ya que su pertenencia a diversos grupos indígenas y su desconocimiento de las leyes, de sus derechos y de la manera cómo opera el sistema de justicia, no fue tomado en cuenta durante su juicio.”

El informe cuenta la historia de Wilfrido, un joven indígena de 21 años que fue acusado de asesinato y fue condenado porque un pariente de la víctima, de siete años de edad, lloró ante el tribunal al verlo. A pesar de la explicación de Wilfrido de que el joven había llorado porque estaba asustado y no hablaba español, sin la existencia de ninguna otra evidencia contra él y con una coartada que lo colocaba en otro sitio durante el crimen, el juez consideró que esto era una prueba suficiente y fue condenado a nueve años de prisión.

El estudio ilumina el papel cómplice de las fuerzas armadas en el narcotráfico: alrededor del 20 por ciento de los entrevistados dijeron que los actuales o antiguos miembros de la policía o el ejército también participaron en las operaciones criminales por los cuales fueron condenados.

Bajo condiciones de violencia y pobreza endémica, los jóvenes vulnerables se enredan en el comercio de drogas en un esfuerzo por proveer para ellos y sus familias. La mayoría (64 por ciento) de los entrevistados reportaron involucrarse en el crimen para ayudar económicamente a sus familias. Antes de su arresto, los adolescentes reportaron trabajar tanto en actividades legales (por ejemplo, agricultor, trabajador diario, pescador, lavavajillas) como ilegales (por ejemplo, robo, venta de drogas, secuestro). Sin embargo, los que trabajaron en el sector ilegal podrían ganar hasta 10 veces más.

Los adolescentes condenados por delitos violentos están entre los sectores más vulnerables de la clase obrera mexicana. Los adolescentes entrevistados fueron tres veces más propensos a vivir en condiciones de pobreza extrema que la población general, y el 40 por ciento señalo que habían sido frecuentemente abusados físicamente antes de ser encarcelados. Asimismo, se destaca el papel predatorio del narcotráfico: la mayoría de los entrevistados fueron reclutados al crimen organizado cuando tenían entre 12 y 14 años.

El informe de la CNDH es una denuncia terrible de las condiciones que existen en México después de más de una década de la “guerra contra las drogas” respaldada por los Estados Unidos, la cual ha cobrado más de 80.000 vidas dese 2006. Esta guerra sangrienta, con la ayuda militar y económica de los gobiernos de Bush y Obama, no solo ha causado muertes innumerables, sino que ha militarizado a la sociedad a tal grado que la tortura, de acuerdo al informe, “constituye un comportamiento normal” que se espera de la policía.

Cerca de la mitad de todos los asesinatos entre 2008 y 2015 pueden atribuirse a la “guerra contra las drogas,” según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De estos asesinatos, el 84 por ciento nunca se han llevado a juicio.

A pesar que miles de millones de dólares han sido gastados en fuerzas de seguridad y equipo militar, la guerra contra las drogas ha sido un fracaso absoluto. Los Estados Unidos continúa teniendo los niveles más altos del consumo de drogas ilegales en el mundo, y el suministro de drogas ilegales a los Estados Unidos sigue prácticamente igual.

Trump ha convertido a los inmigrantes en chivos expiatorios por el fracaso de esta política y por las condiciones de pobreza en los Estados Unidos que llevan a muchos a convertirse en adictos a las drogas. Trump ha afirmado: “Tenemos que mantener las drogas afuera de nuestro país. Estamos recibiendo las drogas y ellos reciben nuestro dinero. Necesitamos fronteras fuertes. No podemos dar amnistía.”

Los trabajadores y jóvenes de México y Estados Unidos deben rechazar este veneno nacionalista y luchar para acabar con el capitalismo, el sistema social que engendra la desesperación que crea la demanda y el suministro de las drogas que solo sirve el interés de las corporaciones, los bancos y los carteles.

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