La decisión de los fiscales de Maryland de retirar los cargos contra dos jóvenes inmigrantes acusados de violar a una compañera de clase expone los esfuerzos del gobierno de Trump para incitar una histeria violenta contra inmigrantes a fin de avanzar sus planes de deportación masiva.

Según el diario Washington Post, los fiscales del condado de Montgomery retiraron los cargos porque pusieron al descubierto pruebas que demostraban que la supuesta víctima no estaba diciendo la verdad.

“Las acusaciones originales no pueden sustentarse y el procesamiento es insostenible” debido a “inconsistencias sustanciales”, dijo un fiscal.

En marzo, Henry Sánchez Millán, de 18 años, y José Montano, de 17 años —ambos inmigrantes indocumentados— fueron arrestados después de que una compañera de clase de 14 años les dijera a la policía y a las autoridades escolares que los dos muchachos la empujaron al baño, para desnudarla y asaltarla. Los fiscales anunciaron que buscarían penas de cadena perpetua para los dos jóvenes, y que Montano, un menor, sería juzgado como adulto. Un juez ordenó que ambos fueran encarcelados sin derecho a fianza, declarando que eran “peligrosos” y “había riesgo de que escaparan”.

Poco después de que los muchachos fueran acusados, los funcionarios hicieron públicos detalles de sus vidas, incluyendo el hecho que vivían en Estados Unidos sin documentación.

El gobierno de Trump lanzó todo el peso del Estado contra los dos jóvenes, reportando su caso como prueba de que los inmigrantes son “violadores” y “criminales”, tal como Trump había afirmado.

Pocos días después de su detención, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas pusieron en la mira y detuvieron al padre de Montano de 43 años, Adolfo Sánchez-Reyes, lo introdujeron al proceso de deportación y lo encerraron en un centro de detención para inmigrantes.

El secretario de Prensa, Sean Spicer, declaró en una conferencia de prensa televisada a nivel nacional: “Es horrendo y horrible y repugnante por lo que esta joven mujer de Rockville [estado de Maryland] tuvo que pasar”. Dijo que el plan de deportación masiva de Trump era una prioridad “debido a tragedias como esta” y añadió que “la inmigración tiene sus repercusiones contra nuestra gente”.

La secretaria de Educación, Betsy DeVos, dijo: “Como madre de dos hijas y abuela de cuatro niñas, me duele el corazón por la joven y su familia en medio de estas terribles circunstancias”.

Ainsley Earhardt de Fox News dijo que aquellos que no denuncien a los inmigrantes le están “diciendo a nuestras pequeñas niñas que la vida de esa joven no importa tanto como la vida de estos inmigrantes ilegales, porque no quieren difundir una historia negativa”. Un invitado de su programa dijo que los inmigrantes “están violando y matando a nuestra gente”. Breitbart, por su parte, destacó titulares como “La violación de Rockville”, alegando que la historia “generó indignación nacional”.

Esta campaña movilizó a las fuerzas de la extrema derecha y tuvo como objetivo desencadenar actos de violencia contra inmigrantes. Un portavoz del distrito escolar dijo que estaba recibiendo muchas llamadas telefónicas de personas que amenazaban con “dispararle a los ilegales en nuestra escuela”.

En realidad, los jóvenes son inocentes. Según los fiscales, en mensajes de texto enviados por la estudiante de 14 años de edad, ella planeaba tener relaciones sexuales consensuales con los dos y les había enviado fotos de naturaleza sexual. Además, los videos de seguridad, y los registros médicos e informáticos eran inconsistentes con las acusaciones que ella presentó.

Los fiscales siguen acusando a los muchachos de posesión de pornografía infantil por las fotos que la joven les envió voluntariamente. Andrew Jezic, abogado de Sánchez Millán, calificó las acusaciones como un “procesamiento selectivo de promiscuidad electiva”, y dijo que enviar mensajes de texto obscenos “no es un comportamiento poco común entre adolescentes”.

Los dos jóvenes inmigrantes han pasado las últimas semanas en la cárcel —un clímax trágico para su escape de miles de kilómetros, desde sus violentos países de origen.

José Montano nació en El Salvador, donde quedó huérfano cuando era niño. Hizo el viaje a Estados Unidos aproximadamente en agosto del 2016 como menor no acompañado, pero fue detenido en la frontera. Había vivido en Estados Unidos sólo siete meses antes de su arresto. Henry Sánchez Millán es de Guatemala y entró en EE.UU. también como menor no acompañado en julio del 2016.

Los muchachos estaban en noveno grado, probablemente porque recibieron poca educación formal en Centroamérica y los retrasaron al ingresar al sistema en Estados Unidos, donde los estudiantes de noveno grado tienen típicamente 14 años de edad. Ambos enfrentan una probable deportación y ahora tienen una probabilidad drásticamente reducida de ganar el asilo. Los abogados dicen que los dos estaban huyendo de la persecución a manos de peligrosos carteles de drogas, que torturan y asesinan a miles de personas y específicamente seleccionan a hombres jóvenes.

El clima tóxico en el que la administración de Trump lanzó su campaña contra estos dos jóvenes inmigrantes fue preparado a través del matrimonio de la xenofobia antiinmigrante con años de campañas para atacar los derechos legales de los acusados de delitos sexuales.

Bridgette Stumpf, directora de la Red de Recuperación de Víctimas de Washington, D.C., le dijo a una afiliada de CBS en Baltimore que a pesar de que la joven de Rockville consintiera en tener relaciones sexuales con los dos inmigrantes, “El consentimiento no permanece vigente, y sea cierto o no que fueron enviadas imágenes explícitas, éstas no indican de ninguna manera que esta joven mujer fuese o no violada, como así lo denunció”.

Este caso es el más reciente en una serie de intentos de fomentar un fuerte fervor anticrimen contra individuos acusados de delitos sexuales para avanzar los objetivos políticos derechistas de la clase gobernante. En la celebración del Año Nuevo 2016, la policía de Colonia, Alemania, alegó que un grupo de hombres inmigrantes agredieron sexualmente a “docenas” de mujeres alemanas en un intento de generar antipatía hacia los refugiados que huyen de las guerras en Oriente Medio.

El año pasado, una red de grupos feministas, policías, fiscales y políticos del Partido Demócrata atacaron al juez de California Aaron Persky por emitir una sentencia excesivamente “indulgente” contra el estudiante de la Universidad Stanford, Brock Allen Turner, quien fue condenado por agredir sexualmente a una mujer en una fiesta.

Como escribió el WSWS el 11 de junio del 2016, “Las cúpulas políticas y mediáticas estadounidenses han convertido en una ciencia la práctica de transformr tragedias en sensaciones rentables y oportunidades políticas... campañas histéricas de ‘violencia sexual’ como la que se está llevando a cabo actualmente con respecto al caso en Stanford están diseñadas para contaminar la atmósfera política y evitar una discusión objetiva y racional sobre las cuestiones más apremiantes”.

Los profesores y políticos de mano dura contra el crimen que atacaron a Persky por su “indulgencia” trataron de capitalizar el hecho, apartando la discusión pública de los temas de desigualdad y guerra y hacia los de identidad de género y “agresión sexual en los campus universitarios”. Pero, sus métodos antidemocráticos coinciden con los de los elementos fascistas alrededor del gobierno de Trump que intentan convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios, imitando los delirios de los años treinta de la prensa nazi sobre el “judío criminal”. Es significativo que ningún político demócrata importante defendiera públicamente los derechos democráticos de los dos muchachos inmigrantes inocentes o condenara la cacería de brujas contra ellos.