Con el nombramiento el miércoles del exdirector del FBI, Robert Mueller, como asesor especial para investigar los supuestos vínculos entre la campaña presidencial de Trump y las autoridades rusas, la contienda entre facciones del Estado y la clase gobernante ha comenzado una nueva etapa.

La designación de Mueller tuvo lugar apenas ocho días después de que Trump despidiera inesperadamente al director del FBI, James Comey. Durante la semana siguiente, los medios de comunicación informaron sobre un memorándum escrito por Comey donde señala que Trump le pidió que dejara de investigar a su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn. En otra presunta revelación de la prensa, aparece que recientemente Trump compartió información clasificada con funcionarios rusos en una reunión en la Casa Blanca.

El jueves pasado, la crisis se recrudeció cuando, en una audiencia a puerta cerrada ante el Congreso, el fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, dijo que la investigación sobre los supuestos vínculos entre Trump y Rusia está siendo abordada como si fuese un caso penal, no sólo como una cuestión de “contrainteligencia”, aseguró el senador republicano, Lindsey Graham.

Los organismos militares y de inteligencia están encabezando este conflicto contra Trump, mientras que los demócratas y el resto de apologistas liberales del imperialismo estadounidense están apelando precisamente a estas fuerzas.

Dicha orientación de los demócratas fue articulada el jueves por una columna de opinión en el New York Times, escrita por Nicholas Kristof, quien, al igual que el diario Times en sí, sirve como un canal para las discusiones dentro de las agencias de inteligencia. Bajo el título “Tiempos peligrosos para Trump y la nación”, aplaudió que el Departamento de Justicia haya nombrado a Mueller, advirtiendo que “la presidencia de Trump puede estarse desintegrando ahora mismo, cayendo hacia la entropía”.

Kristof señaló con aprobación que durante la crisis de Watergate en 1974, el secretario de Defensa del presidente Richard Nixon, James Schlesinger, les ordenó a los militares no obedecer las órdenes de la Casa Blanca a menos que él mismo las aprobara. Además, Schlesinger, en las palabras de Kristof, “tenía planes secretos para desplegar tropas en Washington en caso de problemas con la sucesión presidencial”.

Kristof sentenció, “Esto fue inconstitucional. Y sabio”, para indicar luego que en la crisis actual tales actos “inconstitucionales” de insubordinación por oficiales militares son justificables. “No sabemos cómo responderá Trump en los próximos meses, y esperemos que no hayan inconvenientes. Pero, como lo hizo Schlesinger, es prudente estar preparado”, escribió.

Kristof se refirió a los generales activos y jubilados que Trump incorporó a su gabinete —el secretario de Defensa, James Mattis, el asesor de Seguridad Nacional, H. R. McMaster, y el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly— junto con el exmagnate petrolero y actual secretario de Estado, Rex Tillerson, como “adultos” que necesitan darle a la Casa Blanca “una supervisión de adultos”.

Finalmente, concluyó que cada uno de ellos debería “mantener cerca los números de celular de los otros por si acaso se vuelve necesaria una reunión de emergencia para nuestra nación”.

El comentario de Kristof es sólo uno de una serie de artículos que han publicado el New York Times, el Washington Post y otros periódicos donde contemplan algún tipo de golpe palaciego para reemplazar a Trump, incluyendo potencialmente emplear la Enmienda 25 de la Constitución. Concebida como un medio para llevar a cabo una sucesión ordenada en caso de que el presidente se encuentre enfermo o inconsciente, esta ley puede ser invocada por el vicepresidente y una mayoría del gabinete si determinan que el presidente es “incapaz de desempeñar las facultades y obligaciones de su cargo”.

El 16 de mayo, el columnista del Times, Ross Douthat, escribió que Trump es un “niño” y que “un niño... realmente no puede cometer” delitos que sean objeto de destitución, haciendo de la Enmienda 25 como una solución. En marzo, Thomas Friedman, también del Times, planteó la propuesta de un golpe palaciego por parte de los militares y miembros del gabinete en una columna de opinión titulada “Llamando a algunos buenos hombres”.

Conforme se desenlaza esta crisis política, se vuelve más claro que la oposición de los demócratas al gobierno de Trump no tiene ni una pizca de contenido democrático ni progresista. Lo que se está desarrollando es una lucha férrea entre diferentes facciones reaccionarias de la clase gobernante, cuyas orientaciones son profundamente autoritarias y antidemocráticas.

El gobierno de Trump representa la manifestación directa del matonismo característico de la élite corporativa y financiera en la Casa Blanca. Sin embargo, sus rivales no buscan movilizar la oposición generalizada contra el gobierno de las masas obreras, sino más bien cooptarla, contenerla y desviarla tras los esfuerzos belicistas de las facciones dominantes del ejército, la CIA y el FBI.

Dicha campaña anti-Trump está siendo librada bajo la pretensión de que el presidente fue sobornado o coaccionado de alguna manera por el Kremlin para que adoptase una postura más transigente hacia Rusia. Funcionarios tanto de la prensa como de las agencias de inteligencia y del Partido Demócrata están utilizando estas afirmaciones fabricadas para retratar toda oposición política en el país como si fuese el producto de la injerencia antiestadounidense de una potencia extranjera.

Esta visión ultrareaccionaria —las maniobras para la posible eliminación de un presidente con la participación o ejecución directa del ejército— es percibida simplemente como parte de las operaciones diarias del “Estado profundo”.

Sea cual fuere el gobierno que tome el poder tras una destitución de Trump, será sumamente reaccionario, estará comprometido a una política de agresión contra Rusia e irá directo a colisionar de frente contra la clase obrera.

Las columnas escritas por Kristof y Friedman expresan algo mucho más profundo que las opiniones de dos personas particularmente derechistas. Algunas secciones de la élite política tienen el deseo de hacer más compatibles las formas de gobierno con el carácter oligárquico de la sociedad estadounidense.

Cuando fueron robadas las elecciones del 2000, el WSWS señaló que la ausencia de una oposición significativa al golpe constitucional que estaban llevando a cabo cinco miembros de la Corte Suprema para detener el recuento de votos demostraba que ninguna sección de la clase gobernante hará valer los derechos democráticos en EE.UU. Diecisiete años después, Trump representa un malestar aun más profundo y sus opositores dentro de la clase gobernante manifiestan otro.

En la disputa que tiene a Washington a la deriva, la fuerza social que todavía tiene que hacerse escuchar es la clase obrera. Tiene que intervenir en esta crisis con base en su propio programa socialista y perspectiva.