La incriminación de los trabajadores de Maruti Suzuki —Quinta Parte: El juez Goyal pisotea las leyes para cumplir con la venganza legal

por Eric London y Keith Jones
29 mayo 2017

El 18 de marzo del 2017, trece trabajadores de la ensambladora de automóviles de Maruti Suzuki India Limited en Haryana, en el norte de la India, incluyendo a todos los líderes del sindicato Maruti Suzuki Workers Union (MSWU) fueron declarados culpables del asesinato en el 2012 de un gerente de la empresa, durante una riña e incendio provocados por la gerencia de la fábrica, y condenados a cadena perpetua. Se trata de un fraudulento montaje, producto de una conspiración entre la empresa y el Estado.

Son víctimas de una revancha legal, un fraude creado por la empresa japonesa fabricante de automóviles y por la policía, tribunales y grupos de poder de India, con el objeto de aplastar el repudio de los trabajadores a las condiciones de extrema explotación que encaran. En el transcurso de los dieciocho meses anteriores al incendio y la riña del 18 de julio del 2012, provocados por la gerencia para servir de pretexto para el montaje, la fábrica de Manesar se había convertido en el centro de resistencia obrera en la zona industrial de Manesar-Gurgaon, un suburbio de la capital india de Nueva Delhi.

Esta es la quinta parte de una serie sobre el montaje legal, de la confabulación entre la empresa y la policía, la fabricación de evidencia, las declaraciones tramadas y las decisiones judiciales. Haga clic aquí para leer la primera, segunda, tercera o cuarta parte.

Durante todo el proceso, el juez Goyal repetidamente pronuncia fallos antidemocráticos que obstaculizan la defensa legal de los obreros. Dos de los más importantes son: primero, que el tribunal no dejó que declarara ninguno de los trabajadores que habían estado en el lugar de los hechos ese 18 de julio del 2012 y que no habían sido acusados; segundo, el juez les prohibió a los abogados defensores volver a interrogar a testigos claves del gobierno, a pesar de que otro tribunal así lo había ordenado para no negarles a los trabajadores su derecho a un proceso imparcial.

Igual se desmoronan las alegaciones del gobierno. Durante el proceso, se descubre que la policía había confabulado con la empresa Maruti Suzuki para detener ilegalmente a decenas de trabajadores y para fabricar pruebas; la policía incluso inventa “testigos” para involucrar falsamente a ochenta y nueve obreros ya detenidos. Además, presenta falsos certificados médicos legales (MLCs, por sus siglas en inglés) para evidenciar su reclamo de que los obreros los habían atacado cuando intentaban apaciguar la riña del 18 de julio del 2012.

En su fallo final, el juez Goyal admite que no existían pruebas contra 117 de los 148 acusados. No le queda otra sino exonerarlos. Estos 117 incluyen a los ochenta y nueve trabajadores contra los que la policía había fraguado evidencias. En las palabras del juez, estos trabajadores habían sufrido una detención ilegal durante dos años y medio, o más. Ningún supuesto testigo había podido siquiera identificar a los otros veintisiete obreros restantes.

Igual de fraudulento, comprometido y falso fue el caso contra los otros treinta y un trabajadores. El mismo inspector Om Prakash, dirigente de la misma policía que había conspirado con Maruti Suzuki, admite en su declaración la falsedad de su MLC.

Es más, como hemos ya demostrado en las cuatro partes previas, el montaje de la fiscalía estaba repleto de inconsistencias, vacíos, y declaraciones fraudulentas —comenzando con la total ausencia de evidencias materiales ligando a siquiera un obrero al incendio que mató al único capataz que estaba de parte de los trabajadores; siguiendo con la insistencia de un coro de gerentes que habían repulsado con sus manos izquierdas al ataque de obreros armados con partes de puertas y amortiguadores. También daña el caso del gobierno que la policía violó todos los procedimientos acostumbrados, incluyendo la investigación forense de evidencias claves.

El juez Goyal decide dar sus espaldas a todo eso.

En vez de constituir un golpe a favor de la justicia, la exoneración de los 117 fue una maniobra, parte de la revancha legal contra el liderazgo del sindicato de los obreros de Maruti Suzuki.

Por esa razón reclama Goyal que, no obstante las acciones ilegales de la policía, y otras “irregularidades”, se rescatarían las alegaciones del gobierno.

De la doble perspectiva de la lógica y la ley, la conspiración de la policía y Maruti Suzuki y la fabricación de evidencia ponen una signo de interrogación sobre todos sus reclamos; “la recuperación” en sus hogares de las supuestas armas que los obreros habrían utilizado sin que hubiera testigos; las dudosas explicaciones sobre por qué no hubo investigaciones forenses; o sus supuestas razones por las demoras en la interrogación de los gerentes y capataces que decían haber sido víctimas de ataques.

De todos modos, el juez Goyal considera que los argumentos de la defensa de que las acciones de la policía enlodaron todo el son “cositas sin importancia”. Según Goyal, es inaceptable alegar que la investigación de la policía y que los argumentos de la fiscalía fuesen totalmente errados; partiendo de eso, el tribunal de Goyal intentaría “purificar” el caso del gobierno.

En verdad ese veredicto es absurdo, una parte integral del montaje de la policía y de una empresa transnacional, con la bendición de los grupos de poder indios —empezando con el gobierno estatal de Haryana, liderado en ese entonces por el Partido del Congeso.

El fallo del juez Goyal repudia cualquier evaluación genuina de las pruebas con el propósito de justificar el resultado que la élite política exigía y que había sido elaborado de antemano. En algún momento se decide utilizar a los trabajadores de Maruti Suzuki para dar un brutal ejemplo, intimidar a los obreros de toda la franja industrial de Gurgaon Manesar y de toda India y asegurarle a los inversionistas que el gobierno de India y los grupos políticos no tienen ningún inconveniente en continuar con su explotación encarnizada de la clase obrera.

En su declaración, el juez Goyal da su espalda, minimiza y trata de justificar los vacíos y contradicciones en los argumentos del gobierno. Por eso es que descarta la insistencia de los abogados de la defensa sobre la discrepancia entre la declaración inicial de la gerencia de Maruti Suzuki sobre las armas de los obreros (fierros y lathis) y el subsiguiente reclamo de la fiscalía de que los trabajadores utilizaron partes de automóvil. El primer informe de la policía, nos dice el juez, “no es una enciclopedia” donde hay que mencionar “todos los detalles del caso”.

De similar manera, Goyal finaliza su análisis de los numerosos vacíos que la defensa revela sobre el alegato del gobierno de que los obreros robaron de la fábrica de Maruti Suzuki sus supuestas armas. La alternativa que propone el juez cuadra con la narración inventada del gobierno, de que los obreros habían robado las armas de otras fábricas automotrices.

Dos estándares judiciales opuestos

Para justificar la sentencia por asesinato de los trece obreros —entre estos, toda la dirección de la MSWU— y de otros 18 obreros por crímenes menos graves, el juez Goyal se vio obligado a destripar todos los principios jurídicos en que los tribunales capitalistas dicen basarse.

Su declaración sistemáticamente utiliza dos estándares opuestos, uno para la fiscalía y otro para los obreros.

El juez Goyal rechaza aceptar la evidencia de los obreros, a menos de que estos desmientan contundentemente todas las otras alternativas, poniendo patas para arriba al requisito legal de que es el Estado el que tiene que evidenciar sus argumentos. Por el otro lado el juez acepta la veracidad de todas las declaraciones de la empresa y de la policía, aun en cara a contradicciones y mentiras.

Para el juez Goyal es importante que otro tribunal dudase sobre la coartada de dos líderes del MSWU, independientemente de muchas pruebas, incluso de testigos oculares, de que no habían estado en la fábrica de Manesar el 18 de julio del 2012.

Basándose en la legislación india, el juez Goyal declara que una cuartada falsa, sin una firme explicación, debe ser considerada como evidencia de culpabilidad.

En cambio, cuando se trata de evidentes actos ilegales de la policía, el juez Goyal ni si quiera intenta interpretarlos. Insiste que la conspiración de la policía con la empresa Maruti Suzuki y la creación de pruebas fraudulentas no ponen en duda —ni deberían poner en duda— los otros aspectos de su investigación, aun cuando los que violaron la ley para acusar falsamente a los obreros también estaban a cargo del resto de la investigación.

Los abogados de la defensa demostraron muchísimas veces que la policía había violado sus mismos procedimientos y que no había hecho exámenes forenses, públicos y manifiestos, de importantes pruebas.

Sin embargo, para el juez Goyal, todos esos factores son simplemente una sarta de errores y omisiones que no tienen relación entre sí.

En realidad son parte de un patrón ineludible —de montaje. El hecho de que la policía no haya hecho exámenes forenses de las supuestas armas o de la misteriosa caja de fósforos que intentaban ligar al incendio de la fábrica tiene que ver con la misma razón que, habiendo conseguido testigos falsos para acusar a 89 obreros, no los hicieron pasar para que los identificaran físicamente. Bien sabía la policía que los exámenes forenses nunca hubiesen podido incriminar a los obreros; ya que la evidencia había sido fraguada.

Para disimular el montaje, el juez Goyal califica las malas acciones de la policía como “descuidos”. Automáticamente descarta la posibilidad de que esos “descuidos” estuvieran ligados a los actos comprobados de conducta ilícita por parte de la policía. Por lo tanto, y con rudeza, el juez Goyal rechaza la sugerencia de parte de la defensa de que la policía misma había plantado las armas que decía haber descubierto en los hogares de los trabajadores, pese a que había violado todos los procedimientos normales —no tenía testigos para presenciar sus “descubrimientos” o exámenes de huellas dactilares o de sangre.

Goyal introduce una lista de precedentes reaccionarios para su fallo, una admisión implícita de que la fiscalía no podía presentar cimientos legales a sus alegaciones. Muchos de esos precedentes son de los tiempos de la ley colonial británica, la tradición legal que justificaba le dominio británico sobre el pueblo de India.

El propósito de esos precedentes era socavar y desvalorizar el requisito legal del Estado de que un acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario sin ninguna duda razonable. Entre los precedentes de Goyal existe uno que rechaza “una exagerada devoción a la ley sobre la duda razonable”, que podría causar que los tribunales “entretengan dudas fantásticas”. Otro de estos precedentes esgrime la sinrazón a la “esmerada hipersensibilidad” a que “se castigue al raro inocente”; cosa que podría causar el “escape” de “muchos de los culpables”. Continúa éste: “demostrar algo “sin que haya duda razonable, es una sugerencia, no un fetiche”.

La Corte Suprema india apoya la revancha legal contra los obreros de Maruti Suzuki

La participación de la Suprema Corte india en minar la defensa de los obreros de Maruti Suzuki alumbra cuan enorme fue el apoyo al montaje de la élite de poder india y de la maquinaria estatal.

El tribunal supremo dio su visto bueno al rechazo de Goyal de que los abogados defensores pudiesen reexaminar a testigos del gobierno que no habían sido debidamente examinados, porque el principal abogado, R.S. Hooda, estaba muy enfermo de cáncer y cerca de su muerte.

Un tribunal de apelaciones había sentenciado que si se le negaba a la defensa el derecho a una segunda interrogación, se comprometía el derecho de los trabajadores a un proceso imparcial; señalando también que carecía de mérito la posición de Goyal de que los obreros simplemente estaban dilatando el proceso, ya que éstos ya estaban en la cárcel.

En un fallo llenó de saña y hostilidad para con los obreros víctimas del montaje, el 24 de agosto del 2016, la Suprema Corte declara que “no existe razón de poner en un trono” el derecho a la imparcialidad; y que “la exigencia de imparcialidad no puede ser usada para construir castillos en el aire o para percibir una luna brillante en una tarde de sol”.

Según la Suprema Corte, el concepto de un juicio imparcial no puede depender de “fórmulas absolutas” —como la insistencia en el derecho de los acusados a interrogar debidamente a los que los incriminan. Acceder a la exigencia de la defensa resultaría en “la probabilidad” de infectar al sistema legal indio con el “desorden anarquista”.

El fallo del tribunal supremo contra los trabajadores de Maruti Suzuki y la sarta de precedentes referenciados por el juez Goyal para fundamentar el montaje de sus condenas evidencia que los tribunales capitalistas no titubearán en distorsionar cualquier principio de una ley democrática para sostener el derecho absoluto de lucro de las empresas y de la salvaje explotación de la clase trabajadora.

En resumen, los trece trabajadores de Maruti Suzuki, condenados a pasar el resto de sus vidas en alguna inmunda prisión india, son víctimas de la brutal justicia de clase.

Los obreros de todo el mundo deben considerar que las condenas que resultaron del montaje legal de los trabajadores de Maruti Suzuki también son un puñal que amenaza sus propias condiciones de vida y sus derechos democráticos.

De lo único que son culpables estos trabajadores es de haber desafiado las condiciones maquiladoras y de bajos sueldos que buscan imponer todas las empresas transnacionales como Suzuki sobre todos los obreros del mundo. Eso fue lo que hizo que chocaran los trabajadores contra la totalidad del Estado indio y sus grupos políticos; ya que su lucha también hacía peligrar la estrategia de clase de la burguesía: de que India reemplace a China como principal abasto de mano de obra pésimamente pagada.

Si Maruti Suzuki y la burguesía india logran imponer este horrendo montaje, alentaran a las empresas transnacionales y a sus testaferros políticos instalados a través del mundo a hacer lo mismo. En la actualidad, los trabajadores ya encaran gobiernos capitalistas dedicados a destripar los derechos y criminalizar y suprimir la resistencia de los obreros.

Desenmascarar el montaje y movilizar la clase obrera mundial para lograr la libertad de los trabajadores de Maruti Suzuki es un paso de vida o muerte para lograr la unidad internacional de la clase obrera; elemento esencial para combatir el capitalismo mundial y repudiar las medidas de austeridad y las guerras imperialistas.

Conclusión de esta serie.