La brutal represión policial desatada contra los manifestantes de la marcha “Ocupar Brasilia” del 24 de mayo y el decreto “Garantía de Ley y Orden” con el que fueron enviados 1500 soldados armados a las calles de la capital brasileña, suponen un determinado intento del gobierno en crisis, bajo el presidente Michel Temer (PMDB), para encontrar una base de apoyo dentro del ejército.

El giro cada vez más pronunciado del gobierno de Temer hacia los militares coincide con su intento de imponer, a través del Congreso Nacional, las “reformas” laborales y de pensiones contra las cuales fue convocada inicialmente la manifestación. Al mismo tiempo, desde las primeras protestas en marzo, el enojo popular contra estas contrarreformas ha crecido, culminando en la huelga general del 28 de abril, la mayor acción de este tipo en Brasil desde 1989.

La marcha “Ocupar Brasilia” atrajo a decenas de miles de manifestantes de todo el país a la capital brasileña. Las medidas de fuerza de Temer y su decreto de “ley y orden”, empero, no tenían como único propósito reprimir la marcha, sino también hacer preparativos para el malestar social que surgirá una vez que se promulguen las regresivas leyes laborales y de pensiones, las cuales están programadas para las próximas semanas, y crear un estado de sitio en Brasilia para lidiar con futuras grandes demostraciones.

Inicialmente, el decreto “ley y orden” fue establecido con vigencia hasta el 31 de mayo, con la posibilidad de que fuera renovado. Sin embargo, fue revocado un día después de ser decretado, el 25 de mayo, ante las críticas generalizadas de que era una respuesta innecesaria y desproporcionada a lo que fue en gran medida una demostración pacífica.

La principal figura política detrás del decreto de “ley y orden” fue el general Sérgio Etchegoyen, ministro de Seguridad Institucional. Etchegoyen y el ministro de Defensa, Raul Jungman, actuaron como los voceros del gobierno durante la marcha “Ocupar Brasilia”, anunciando el decreto tras convencer a Temer de la necesidad de llamar a las fuerzas armadas, según el diario brasileño Globo .

Globo también informó que la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), controlada por el ministro de Seguridad Institucional, vigiló la organización de la marcha y, una semana antes, “alertó a los ministros y al gobierno del Distrito Federal sobre la presencia de vándalos y la posible radicalización de la marcha”.

Brasilia estuvo custodiada para la marcha por 3000 policías militares y miembros de la fuertemente armada y militarizada Fuerza de Seguridad Nacional. Este aparato represivo ya había sido preparado desde el 27 de abril, un día antes de la huelga general, cuando el viceministro de Seguridad Institucional, el general Antonio Freire Gomes, y otros altos funcionarios se unieron a representantes del Congreso Nacional y al gobierno de Brasilia en la publicación de un Protocolo Táctico Integrado para Manifestaciones.

El protocolo permite la requisa de manifestantes, prohíbe las botellas de vidrio y astas en el área de la Explanada de los Ministerios, cerca del Congreso Nacional, y describe 110 escenarios posibles sobre cómo deben actuar las fuerzas represivas al confrontar manifestaciones políticas.

En este marco represivo, la menor acción provocadora de los manifestantes puede servir de pretexto para llamar a las fuerzas armadas. Como si hubiese sido planeada de antemano, la provocación comenzó con miembros del llamado “bloque negro” que avanzaron hacia una barricada policial, provocando así la represión policial y la publicación del decreto de “ley y orden”.

La influencia considerable de Etchegoyen en el gobierno de Temer ha crecido aún más desde el 17 de mayo, cuando el presidente se sumergió en una nueva crisis. Cintas grabadas secretamente lo involucraron en una conspiración, junto a los ejecutivos de la gigante empresa frigorífica brasileña JBS, para pagarle mordidas a cambio de silencio al encarcelado expresidente de la cámara baja del Parlamento brasileño, Eduardo Cunha, una figura fundamental en el escándalo de sobornos masivos que rodean al conglomerado petrolero estatal Petrobras.

Según la página web UOL, “Desde el inicio de la crisis política desencadenada por las negociaciones alrededor del acuerdo de cargos y penas de los ejecutivos de JBS, el presidente Temer se ha reunido casi diariamente con el ministro de Defensa, Raul Jungman, Sérgio Etchegoyen e incluso con los comandantes de las fuerzas armadas”.

Etchegoyen, un general derechista del ejército, es miembro de una dinastía militar centenaria. Su padre fue acusado por la Comisión de la Verdad de Brasil de llevar a cabo asesinatos y torturas bajo la dictadura militar apoyada por EE.UU., acusaciones contra las que su hijo reaccionó furiosamente, pidiendo que la comisión fuera disuelta. El exabrupto representó un desafío directo al control civil del ejército.

A principios de este año, desempeñó un papel fundamental en la emisión de otros decretos de “ley y orden”, particularmente en el primero, con el que se envió a las fuerzas armadas a contener un motín en una prisión en el estado nordeste de Río Grande del Norte. Según un artículo publicado por la revista Época, Etchegoyen fue quien convenció a Temer de utilizar dicha medida en esta situación.

A comienzos de mayo, Etchegoyen anunció un nuevo Plan de Seguridad Nacional, diciendo que Río de Janeiro, el estado brasileño que enfrenta la crisis económica más profunda y una violencia urbana creciente, sería el “laboratorio” para probar este plan si el gobierno estatal falla en detener el aumento del crimen. Mientras que la Fuerza Nacional de Seguridad ha estado patrullando Río de Janeiro desde el 15 de mayo, el diario Extra informó que el Plan de Seguridad Nacional fue inspirado por “el esquema montado para los Juegos Olímpicos”, cuando fueron desplegadas 22 000 tropas armadas a las calles de Río.

La influencia creciente del ejército en el gobierno de Temer refleja la intensificación de un proceso iniciado con la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores (PT) a través de un juicio político en agosto del año pasado.

El Ministerio de Seguridad Institucional, disuelto por Rousseff en el 2015, regresó bajo Temer, quien designó a Etchegoyen como titular. Al mismo tiempo, la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), puesta bajo control civil durante el gobierno de Rousseff, fue reincorporada por Temer al Ministerio de Seguridad Institucional que, con Etchegoyen como ministro, vuelve a estar en manos del ejército.

En un perfil de Etchegoyen publicado en mayo del 2016, titulado “Ministerio de Seguridad Institucional observa con preocupación al MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra)”, el influyente diario Folha de São Paulo informó que, bajo el control de los generales, “la Agencia Brasileña de Inteligencia hará una lista intensa de movimientos de izquierda con el fin de evitar sorpresas para el gobierno, como las manifestaciones de junio del 2013”.

Un mes después, en junio del 2016, la revista Carta Capital, en un artículo titulado “¿Militares en escena?”, denunció el giro de Temer hacia las fuerzas armadas, señalando que el entonces presidente interino “asignó al general Etchegoyen al monitoreo de los movimientos del Partido de los Trabajadores”. Folha señaló entonces que el gobierno brasileño “recibió información de los servicios de inteligencia sobre reuniones regulares entre Lula da Silva, expresidente del PT, y Guilherme Boulos, del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), además de una lista de reuniones y manifestaciones contra el presidente interino Michel Temer”.

Uno de los actos más controvertidos de espionaje a movimientos de izquierda fue revelado en setiembre del año pasado por el diario español El País y la página web Ponte, cuando informaron sobre la infiltración de un capitán del ejército en un grupo de manifestantes en São Paulo. Antes de una manifestación contra el gobierno de Temer, veintiún miembros de dicho grupo, incluyendo el capitán del ejército infiltrado, fueron arrestados bajo cargos de asociación criminal. El capitán del ejército fue el único liberado inmediatamente.

Un juez liberó al resto unos días después, fallando que habían sido sometidos a un arresto “irregular” y comparando su encarcelamiento con actos cometidos por la dictadura militar. “Vivimos en un momento triste para nuestra democracia”, dijo el juez Rodrigo Tellini. “Triste es el país cuyos ciudadanos tienen que mantener la boca callada”.

En su momento, la fiscal federal, Debora Duprat, dijo que el monitoreo de movimientos de izquierda es ilegal. “La Corte Interamericana afirmó que no se puede monitorear a movimientos sociales porque va en contra del derecho de libre asociación”, le dijo a Ponte.

En diciembre del año pasado, el Ministerio Público de São Paulo acusó a dieciocho manifestantes del MTST de asociación ilegal y por corrupción de menores. La evidencia presentada por la fiscalía incluía una botella de vinagre —utilizada para combatir los efectos del gas lacrimógeno— materiales de primeros auxilios, un disco de metal y una barra de hierro. El fiscal denunció que los últimos dos objetos “iban a ser usados como un escudo” y “para golpear a policías y dañar edificios públicos”, respectivamente.

El fiscal omitió tanto la infiltración ilegal del capitán del ejército entre los manifestantes como el testimonio de los manifestantes de que la barra de hierro fue plantada por oficiales de la policía. El juez Tellini dijo que “el estado democrático de derecho brasileño no puede legitimar un ‘arresto por investigación’, bajo el pretexto de que el grupo de manifestantes podría, eventualmente, haber actuado de manera violenta”.

En cuanto al capitán del ejército, el fiscal simplemente archivó la investigación de su infiltración ilegal en el grupo de manifestantes.

Si bien se ha intensificado el seguimiento y criminalización de movimientos de izquierda bajo Temer, el gobierno del PT de Dilma Rousseff allanó el camino para tales acciones. Su gobierno aprobó la ley de organizaciones criminales en el 2013, que fue empleada para incriminar a manifestantes paulistas, y la ley antiterrorista, promulgada justo antes de los Juegos Olímpicos de Río del 2016.

Al igual que Temer, Rousseff invocó la “garantía de ley y orden” en junio del 2013 en respuesta a las protestas en Río de Janeiro cuando su gobierno privatizó por primera vez los yacimientos petrolíferos del “presal” (depósitos submarinos en las costas del sudeste de Brasil).

Antes de sancionar la ley antiterrorista, Rousseff vetó dos artículos de la misma, uno de los cuales clasificaba como actos de terrorismo aquellos para “quemar, depredar, saquear, destruir o hacer explotar medios de transporte o cualquier bien público o privado”. Los partidos de pseudoizquierda, como el PSOL y el PCdoB, afirmaron que estos vetos demostraban que la ley antiterrorista “no aplica para manifestaciones políticas… con el objetivo de defender derechos, garantías y libertades constitucionales”.

Sin embargo, según Martim Sampaio, del Colegio de Abogados de São Paulo, la ley antiterrorista sí puede ser utilizada contra movimientos de izquierda. En una entrevista concedida el año pasado a la revista Brasileiros, dijo que las disposiciones de la ley son lo suficientemente “amplias” para ir más allá de actos de terrorismo, y pueden abrir el camino para incluir a los movimientos sociales.

Ahora, bajo el gobierno de Temer, es muy probable que esto suceda. En su perfil de Etchegoyen, Folha citó un discurso que el general dio en el 2015—antes de que la ley fuera promulgada—criticando al gobierno por obstruir su uso contra los movimientos sociales. “Es necesario velar por la preservación y cohesión social y observar a los que se desvían de la legitimidad”, dijo.

El giro militarista de derecha del gobierno de Temer, que tiende darle un protagonismo creciente al general Etchegoyen en las acciones represivas del gobierno, también ha tenido su eco en un giro hacia la derecha de los frentes populares Brasil Popular y Povo sem Medo (Pueblo sin Miedo), compuestos por los partidos de pseudoizquierda, movimientos sociales y sindicatos que han estado liderando las manifestaciones contra el gobierno de Temer.

Si bien la marcha “Ocupar Brasilia” fue convocada inicialmente contra las “reformas” de Temer, tras la revelación del escándalo de corrupción que involucra al presidente, los frentes populares desviaron la lucha estrictamente hacia las demandas “Fora, Temer” (Fuera, Temer) y “Eleições Diretas Já” (Elecciones Directas Ya). Este cambio hace aún más remota la posibilidad de otra huelga general larga contra las reformas.

El domingo 28 de mayo, en Río de Janeiro, cien mil manifestantes se reunieron en Copacabana para escuchar interpretaciones musicales, actores de TV y representantes de los frentes populares, incluyendo a políticos del PT, PSOL y PCdoB quienes insistieron en la exigencia de Diretas Já .

El líder de pseudoizquierda Guilherme Boulos del MTST, quien asistió a la manifestación, declaró, “En 1983, se produjo el primer gran movimiento de Diretas Já, que derribó a la dictadura militar. El 28 de mayo es el comienzo de un nuevo gran movimiento nacional”.

Esta es una flagrante falsificación histórica. Lo que derribó a la dictadura militar brasileña fue la cada vez mayor resistencia del movimiento obrero desde fines de la década de 1970, que desembocó en la primera huelga general contra la dictadura militar en 1983. El movimiento Diretas Já canalizó la creciente hostilidad de la juventud y la clase trabajadora brasileña hacia medios institucionales y parlamentarios, preservando el gobierno burgués mientras el poder era transferido de la dictadura militar a un gobierno civil.

Treinta y cuatro años después, el PT y los partidos de pseudoizquierda en su órbita están intentando canalizar la lucha contra las reformas de Temer del mismo modo, amenazando con repetir los procesos anteriores a la inversa, suprimiendo la lucha independiente de la clase trabajadora y abriendo el camino para que el ejército consolide su poder.

El camino a la contrarrevolución social de Temer y la amenaza cada vez mayor de un gobierno militar fue preparado por los distintos periodos de gobierno del Partido de los Trabajadores. Sólo es posible librar una lucha exitosa contra estas amenazas con base en un programa socialista e internacionalista. Hoy, la tarea más urgente en Brasil es la construcción de una nueva dirección revolucionario en la clase trabajadora, una sección brasileña del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.