Los gobiernos de Estados Unidos y México coorganizaron una Conferencia sobre la Prosperidad y la Seguridad en América Central a finales de la semana pasada en Miami en la que el gobierno de Trump presentó una agenda regional para escalar los ataques contra los migrantes centroamericanos y efectuar una pesada militarización de la región en preparación para desafíos “globales”.

La reunión fue dirigida por el secretario de Seguridad Nacional estadounidense y excomandante del Comando Sur de EE.UU., John Kelly. También participaron el secretario de Estado, Rex Tillerson, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y el vicepresidente Mike Pence, junto con representantes de México, las naciones centroamericanas, Colombia, España y la Unión Europea.

Tomando como punto de partida el Plan Alianza para la Prosperidad, puesto en marcha bajo Obama a fin de detener la oleada de inmigración desde el socialmente devastado Triángulo Norte de América Central (TNAC) —Guatemala, El Salvador y Honduras—, el gobierno de Trump manejará la crisis migratoria como una cuestión de “seguridad nacional”, a ser contrarrestada con fuerza militar, por un lado, y con inversiones de capital privadas, por el otro.

Sin embargo, la ofensiva del gobierno de Trump contra los inmigrantes, arrestando a 38 por ciento más en sus primeros tres meses que en el mismo periodo del año pasado, está preocupando a las élites gobernantes centroamericanas sobre la posibilidad de que esto genere un malestar social incontrolable. Una encuesta de Gallup comisionada para un informe publicado en mayo del centro de pensamiento estadounidense, Atlantic Council, encontró que tres cuartas partes de los residentes del TNAC no tienen ninguna confianza en las autoridades y que más de la mitad reportan estar peor económicamente que hace un año.

Desde el mes pasado, cuando Trump decidió revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS; Temporary Protected Status) para los haitianos que viven EE.UU., ha aumentado el temor que, para finales de este año, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anuncie revocaciones similares en relación con el TNAC y deporte a los 263 000 hondureños y 57 000 salvadoreños que son beneficiarios del TPS. Las autoridades estadounidenses no han hecho ningún esfuerzo para disipar estas preocupaciones entre las élites regionales; al contrario, se aprovechan de la incertidumbre para avanzar sus predatorios objetivos capitalistas.

El carácter temerario y despiadado de la ofensiva del gobierno de Trump contra los trabajadores migrantes ha quedado demostrado por las amenazas de deportar a decenas de miles de personas al empobrecido Triángulo Norte, donde han habido 50 000 asesinatos en los últimos tres años, niveles de violencia como los de las guerras civiles. Por otra parte, según un reciente informe de la ONU, las remesas constituyen alrededor del 15 por ciento del PIB del TNAC y, en promedio, el 60 por ciento de los ingresos de los hogares que las reciben.

No obstante, prácticamente no hubo una discusión sobre las graves condiciones sociales del Triángulo Norte de América Central, con la salvedad de ser mencionadas como un atractivo para inversiones. El TPS sólo fue discutido en privado y de forma deferente ante el vicepresidente Pence, con el mandatario hondureño concediendo que, al final, “es una decisión soberana de los Estados Unidos”.

En términos más generales, los funcionarios estadounidenses y centroamericanos hicieron promesas de invertir en infraestructura y realizar “reformas”, todo dentro del marco de atraer inversión privada y facilitar su explotación de la mano de obra barata y los recursos naturales. Esto se vio reflejado claramente en el discurso del jueves pasado del vicepresidente salvadoreño, Óscar Ortiz, del movimiento exguerrillero FMLN, convertido en un partido político burgués que ahora encabeza un gobierno represivo y alineado con Washington. Refiriéndose a la migración, dijo: “No hay mejor antídoto que generar empleos dignos, y eso sólo es posible si el sector privado y sector público estamos juntos con la visión compartida, no hay otra opción”.

En medio de la guerra política que se libra en Washington sobre cuestiones de política exterior, en la que ambas facciones de la élite gobernante se orientan hacia los militares en busca de apoyo, los mandos militares han ganado predominancia en la formulación y ejecución de las políticas de EE.UU. La “autorización total” que Trump les ha concedido a los generales dentro de su gabinete, como el mismo Kelly, y en los campos de batalla en Oriente Medio también ha sido extendida para el Triángulo Norte y América Latina en general.

No es una casualidad que la segunda sesión de la conferencia el viernes haya tenido lugar en la sede central del Comando Sur en Miami. Allí, Kelly buscó trazar paralelos entre el plan del TNAC y Plan Colombia o el “milagro colombiano”, como así lo describió en su discurso. Promulgado en el 2000, Plan Colombia tenía como objetivos tanto aumentar la presencia militar estadounidense en el país como librar una guerra brutal contra la guerrilla de las FARC y el campesinado pobre.

Kelly y la élite gobernante estadounidense pretenden, en términos más profundos y generales, reforzar su dominio sobre la región que considera su mayor vulnerabilidad, de México a Colombia, y así continuar ampliando su estrangulamiento hacia el sur.

China sigue aumentando su influencia económica en América Latina a expensas de Estados Unidos. Esto lo ilustra la decisión del gobierno panameño la semana pasada de romper relaciones diplomáticas con Taiwán y adherirse a la política de “Una sola China” de Beijing, mencionando explícitamente que el cambio se debe a las importantes inversiones de China en el Canal y la Zona Libre de Colón.

Al mismo tiempo, conforme se profundizan las tensiones imperialistas entre EE.UU. y la Unión Europea, las potencias europeas han intentado utilizar la postura proteccionista de Trump para estrechar distancias con América Latina. La semana pasada, la canciller alemana Angela Merkel visitó Argentina y México, presentando a Alemania como una alternativa más “abierta y libre” al EE.UU. bajo Trump. En México, Merkel insinuó que los “muros” no van a resolver ningún problema, según El País, concluyendo: “Sólo cuando los grandes imperios consiguen ponerse de acuerdo y tener buenas relaciones con los vecinos, sólo entonces tienen éxito”.

El jueves 8 de junio, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, visitó a su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien indicó que Francia eliminaría a Guatemala de su “lista negra” de paraísos fiscales para atraer mayores inversiones al país centroamericano y destacó su “voluntad de acompañar a Guatemala en su transformación política y económica”.

Las élites financieras y corporativas de EE.UU. ven estos avances como desafíos a su influencia en una región que considera su “patio trasero”. Como en otras partes del mundo, el imperialismo estadounidense está intentando contrarrestar el declive de su posición económica a través de medios militares.

Actualmente, se están poniendo en marcha planes para militarizar la frontera entre México y Guatemala para detener el paso de migrantes y hacer preparativos para una guerra más amplia. En una Conferencia de Seguridad en Centroamérica convocada por el Comando Sur en abril, el ministro de Defensa de Guatemala anunció que se abrirá “al menos una base militar del Comando Sur de EE.UU. en el Departamento de Petén,” cerca de la frontera con México, para operaciones por aire, mar y tierra.

El lunes 12 de junio, la revista mexicana Proceso informó que se está construyendo una base militar nueva del ejército mexicano en Chicomuselo, cerca de la frontera con Guatemala. El comandante militar de la zona evidenció la conexión del cuartel con las políticas antimigratorias y militares de EE.UU., señalando que el objetivo es “lograr fronteras más seguras, dignas, y prósperas para todas y todos los que viven o transitan por territorio mexicano”.

Mientras se llevan a cabo estos planes de deportaciones masivas y fronteras militarizadas, los trabajadores, campesinos y jóvenes en América Central se están enfrentando a condiciones de violencia generalizada, desempleo y superexplotación, enfrentándose a los aparatos represivos miliares y escuadrones de la muerte de las élites gobernantes que mataron a cientos de miles durante las guerras de contrainsurgencia apoyadas por EE.UU. en los años setenta y ochenta.

Los gobiernos centroamericanos continúan imponiendo impuestos regresivos y medidas austeridad a fin de atraer inversiones, mientras los grupos de “derechos humanos” y las ONG ambientales están tratando de canalizar la oposición social detrás de demandas vacías hacia el Departamento de Estado en Washington y las comisiones “antiimpunidad” controladas por EE.UU. como la CICIG en Guatemala y MACCIH en Honduras —organizaciones que sólo sirven para maquillar a los regímenes corruptos y como instrumentos de EE.UU. para coaccionar a las élites políticas locales.

Al mismo tiempo, las organizaciones políticas de la clase media están buscando encauzar el cada vez mayor malestar social detrás de los sindicatos y partidos nacionalistas burgueses como la URNG y Convergencia en Guatemala, LIBRE en Honduras (el brazo político del Frente Nacional de Resistencia Popular), y el oficialista FMLN en El Salvador. Estas fuerzas han prácticamente abandonado toda oposición incluso verbal hacia los dictados de Washington y del capital financiero, con quienes están aliados en una ofensiva común contra los trabajadores a través de la militarización y los “ajustes” regresivos.

La única forma de luchar contra los ataques antiinmigrantes del gobierno de Trump y sus planes para militarizar toda la región es a través de un movimiento político independiente de la clase obrera contra el imperialismo, la guerra y la desigualdad, unificando a los trabajadores de América Central, México, EE.UU. e internacionalmente.