El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos votó 9-0 para permitir que entraran en vigor las porciones de la prohibición de viajar contra los musulmanes del presidente Donald Trump. Setenta y dos años después de la infame decisión de la Corte Suprema de Korematsu de 1944, que confirmo los campos de internamiento, los toques de queda y las órdenes de exclusión militar dirigidas a personas de ascendencia japonesa, el tribunal está autorizando nuevamente la discriminación estatal basada en la nacionalidad.

"Muy agradecido por la decisión 9-0 de la Corte Suprema de los EE.UU.", Trump pronto se regodeó en Twitter. "¡Debemos mantener a América SEGURA!"

Durante su campaña presidencial de 2016, Trump declaró que impondría un "cierre total y completo de los musulmanes que ingresan a Estados Unidos". Firmó un decreto presidencial poco después de asumir el cargo que prohibió temporalmente los viajes de siete países de mayoría musulmana: Irán, Somalia, Sudán, Siria, Iraq y Yemen. Esta orden ejecutiva fue luego "diluida" para excluir varias de sus disposiciones más provocativas, como la discriminación oficial en favor de los refugiados cristianos, y para levantar la prohibición en relación con Irak.

El anuncio de la prohibición contra los musulmanes provocó importantes manifestaciones en aeropuertos de todo el país, con manifestantes que celebraban ferozmente cuando cada viajero o refugiado lograba pasar las autoridades de inmigración. A pesar del uso de la indistinta frase "prohibición de viajar" en los medios de comunicación, las órdenes ejecutivas son ampliamente entendidas, tanto por los partidarios como por los opositores, como motivadas por el fanatismo anti-musulmán. Según recientes encuestas, una clara mayoría de los estadounidenses se oponen a la prohibición.

Los tribunales federales de menor rango otorgaron rápidamente varias órdenes de emergencia bloqueando partes de la prohibición de entrar en vigor antes de que su constitucionalidad pudiera ser litigada, con muchos jueces expresándose en términos extraordinarios. El juez jefe del Cuarto Circuito, Roger Gregory, nombrado por George W. Bush, escribió que la orden ejecutiva "gotea de intolerancia religiosa, animosidad y discriminación". Se preguntó si la Constitución "sigue siendo una ley para los gobernantes y la gente, igualmente en la guerra y en tiempos paz."

Ayer, la Corte Suprema pisoteó estas decisiones de los tribunales inferiores, permitiendo que parte de la prohibición entrara en vigor hasta que se tomara una decisión sobre el fondo, que se espera para el próximo período de octubre.

En su orden de ayer, la Corte Suprema agregó la advertencia de que la prohibición de viajar "no puede ser aplicada contra ciudadanos extranjeros que tienen un reclamo creíble de una relación de buena fe con una persona o entidad en los Estados Unidos", como los que tienen miembros de familia o conexiones profesionales o académicas en los Estados Unidos. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó que la prohibición se puede hacer cumplir con respecto a todos los "otros extranjeros".

La advertencia es un compromiso político que no tiene ningún significado jurídico. Su único propósito es justificar la cobarde capitulación por la llamada ala liberal de la corte. El significado histórico de la decisión de ayer es que el decreto presidencial de Donald Trump que ataca a los musulmanes, que fue redactado por sus consejeros fascistas Steve Bannon y Stephen Miller, podrá entrar en vigor con la aprobación de los nueve jueces de la Corte Suprema.

La decisión unánime, pronunciada "per curiam", es decir, sumariamente por el tribunal en su conjunto, se basa en la "necesidad imperiosa de proveer la seguridad de la Nación". Los nueve jueces saben que de ninguna manera la prohibición se relaciona con la seguridad nacional, ese argumento es un fraude que no resiste ningún tipo de escrutinio racional.

Trump hizo campaña para la presidencia sobre la base del odio anti-musulmán, gritando en repetidas ocasiones sobre la "investigación extrema" de los musulmanes en sus manifestaciones. Sus órdenes ejecutivas anti-musulmanas, la tosca obra de los nacionalistas blancos que Trump ha instalado en el ala oeste de la Casa Blanca, son un esfuerzo para dar sanción legal a este sentimiento. El ex alcalde de la ciudad de Nueva York y consejero de Trump, Rudy Giuliani, se jactó públicamente de que Trump consultó con él sobre cómo elaborar una orden ejecutiva anti-musulmana que resistiría el escrutinio legal.

Además, a pesar de las contorsiones de los abogados de Trump, la prohibición no tiene sentido como una supuesta medida de "seguridad nacional". Según los datos recopilados por Charles Kurzman de la Universidad de Carolina del Norte, ninguno de los extremistas musulmanes que han participado en ataques terroristas dentro de los Estados Unidos desde 2001 procede de los seis países en cuestión. De los 36 extremistas que el profesor Kurzman pudo identificar, 18 nacieron en América y 14 emigraron como niños, por lo que la gran mayoría no habría sido sometida a ningún procedimiento de investigación.

La advertencia de la Corte Suprema sobre "relaciones de buena fe" es totalmente arbitraria y no tiene fundamento en el decreto presidencial ni en ningún otro estatuto o regla. Como los magistrados de derecha Clarence Thomas y Samuel Alito escribieron en una opinión separada, unida por el candidato de Trump Neil Gorsuch, la Corte Suprema no define lo que constituye una "relación de buena fe" o una "reclamación creíble" a tal relación. En su lugar, estas preguntas son delegadas a las autoridades de inmigración de la Administración Trump para que apliquen como mejor les parezca. Si la Corte Suprema reconoce el poder del Presidente Trump de emitir el decreto "para proveer la seguridad de la Nación", estos tres jueces declararon, entonces debería haber permitido que la prohibición contra los musulmanes entrara en vigor en su totalidad.

La participación de los magistrados apuntados por los demócratas en esta decisión, incluyendo a los apuntados por Obama, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, estalla los pretextos del Partido Demócrata de estar interesado en defender los inmigrantes o los derechos democráticos. A pesar de las protestas populares contra la prohibición contra los musulmanes, el Partido Demócrata se ha negado a montar una campaña pública significativa contra Trump en este tema durante los últimos seis meses. En cambio, el partido ha centrado toda su atención en denunciar a Trump como poco hostil a Rusia, concentrándose en forjar alianzas con las agencias militares y de inteligencia, así como con reaccionarios como John McCain.

El silencio de los demócratas, mientras que la administración Trump ataca a los musulmanes como parte de un asalto despiadado a los derechos democráticos y sociales, expone la postulación del partido como una mentira desgastada digna sólo de desprecio. El Partido Demócrata representa la guerra, la desigualdad, la reacción y la represión.

Cada año electoral, a la población estadounidense se le dice que debe elegir a los demócratas para evitar más cambios a la derecha en la Corte Suprema. Cualquiera que sea el destino final de la prohibición contra los musulmanes, la decisión de ayer debería poner fin a estas afirmaciones.

Tampoco es el único caso reciente de la Corte Suprema en el que se llegó a una conclusión autoritaria y antidemocrática por unanimidad. En 2014, a petición del gobierno de Obama, el Tribunal Supremo decidió por un voto de 9-0 otorgar inmunidad a los policías que mataron a un automovilista que huía con una lluvia de 15 balas.

Hasta el momento de escribir esto, ningún prominente demócrata ha dado una palabra sobre la decisión de ayer. Las fuentes de Twitter de Elizabeth Warren y Bernie Sanders están en silencio sobre el ataque de la Corte Suprema contra los musulmanes, como lo son muchas de las columnas de opinión de los principales periódicos de Estados Unidos, que permanecen fijos en la campaña anti-rusa del Partido Demócrata.

La decisión del Suprema Corte de ayer se basa en una década y media de esfuerzos ininterrumpidos—desde los gobiernos de Bush, Obama y Trump—para desmantelar los derechos democráticos y erigir la infraestructura legal de un estado policial. A partir de la afirmación de la administración Bush de que los poderes de "guerra" y "emergencia" son ilimitados, el gobierno de Obama afirmó el poder de realizar espionaje ilimitado a la población estadounidense y mundial, así como asesinar a cualquier persona en cualquier parte del mundo, por decreto presidencial.

El presidente Obama protegió a los torturadores de la era Bush y sus cómplices de la rendición de cuentas, insistió en la inmunidad de los policías asesinos, burló el derecho internacional, invocó "secretos de Estado" para proteger las actividades de su administración del público, Y persiguió vigorosamente a cualquiera que se atreviera a exponer la criminalidad oficial. Gracias a la atmósfera política y los precedentes legales construidos a lo largo de una década y media de la "guerra contra el terrorismo", el Tribunal Supremo ahora está sentada en sus manos mientras el presidente persigue a los musulmanes en nombre de la "seguridad de la Nación".

Al mismo tiempo que permitió que la prohibición anti-musulmana entrara en vigor, la Corte Suprema señaló una mayor intensificación de los esfuerzos para socavar la separación de la iglesia y el estado.

El tribunal también encontró el lunes que una iglesia de Missouri tenía derecho a recibir neumáticos reciclados para resurgir su patio de recreo a través de un programa de asistencia estatal, a pesar de la prohibición de la constitución de Missouri de otorgar beneficios estatales a instituciones religiosas. Mientras que las apuestas pueden parecer relativamente menores, la decisión marca la primera vez en la historia de la Corte Suprema que ha decidido que la Constitución de los Estados Unidos requiere positivamente que el estado proporcione fondos públicos directamente a una iglesia.