Durante décadas, el separatismo y el regionalismo han sido utilizados para dividir a la clase obrera y evitar que emprenda una lucha independiente y unificada contra el capitalismo. Ahora, el partido de pseudoizquierda Podemos está sufriendo un conflicto entre facciones sobre el tipo de nacionalismo que han de cultivar.

El telón de fondo son las fuertes tensiones entre Madrid y Barcelona después de que el primer ministro catalán Carles Puigdemont anunciara un referéndum sobre independencia para el 1 de octubre. El gobierno español del conservador Partido Popular (PP), que gobierna con una minoría, ha declarado que la votación constituye “un golpe de Estado” que no será permitido.

Este mes, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, amenazó a los secesionistas catalanes recordándoles a los mandos militares su deber de “proteger la integridad y soberanía de España”.

El primer ministro Mariano Rajoy se reunió con el líder opositor del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, para dar a saber su “coincidencia sustancial en lo fundamental” en cuanto a Cataluña. Esto concierne el rechazo al referéndum y la defensa de la Constitución de España. Sánchez, sin embargo, está preocupado que las amenazas del PP de utilizar el artículo 155 de la Constitución para hacerse con el control de Cataluña “lo que hacen es retroalimentar al bloque independista”.

La portavoz de la cámara legislativa catalana, Carme Forcadell, ha respondido a las amenazas, afirmando que “el Parlament actuará como siempre defendiendo la libertad de expresión y su soberanía. Somos los representantes del pueblo catalán y debemos actuar como tal”.

Poco después de la sentencia, la coalición “Juntos por el Sí” y la ultranacionalista y pseudoizquierdista Candidatura de Unidad Popular (CUP) presentaron al Parlament el borrador de un proyecto de ley Referéndum que le da a la votación catalana una cobertura legal. Según la parlamentaria del CUP, Gabriella Serra, el borrador significa que, si el “sí” gana, la declaración de independencia se activará en 48 horas.

En este contexto, han emergido nuevas divisiones en Podemos.

El partido ya fue azotado por una disputa fraccional entre el ala errejonista liderada por el ex número dos del partido, Iñigo Errejon, y el ala pablista liderada por el líder del partido, Pablo Iglesias. Sus diversos desacuerdos tratan sobre la mejor manera de suprimir la oposición en la clase obrera, ya sea a través de protestas simbólicas en alianza con los sindicatos o evitando todas y cada una de las movilizaciones sociales en favor de maniobras puramente electorales y parlamentarias orientadas al PSOE. Pero, en el Congreso de Podemos de Vistalegre II que tuvo lugar en febrero, una nueva disputa estalló sobre la relación entre la dirección central y los afiliados regionales.

Desde su creación, Podemos ha sido una amalgama de fuerzas con puntos de vista opuestos sobre el nacionalismo regional. Su ala pablista, representada por la agrupación Anticapitalistas, defiende el derecho de los secesionistas a celebrar un referéndum y declarar su ruptura de España —siempre denominado “el Estado español”— como algo progresista. Su ala estalinista se opone a esta idea y, en cambio, favorece concesiones económicas y constitucionales a la burguesía catalana como una forma de defender la unidad del Estado. Pero ahora, la supresión previa de estas diferencias se está desentrañando.

En Andalucía, la líder pablista, Teresa Rodríguez, exige que su afiliada regional esté desvinculada del control de Madrid. En Castilla La Mancha, la dirección local está consultando a sus miembros sobre una invitación del PSOE para entrar en una coalición formal, la primera vez desde que se creó Podemos, para conseguir el presupuesto aprobado en el parlamento regional.

En Cataluña, una facción en Podem (la rama catalana de Podemos), en contraposición a Iglesias, se ha negado a unirse al grupo paraguas Cataluña en Común (CiC), fundado en enero por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. CiC integra a la mayoría de las organizaciones de la pseudoizquierda catalana, incluyendo la Iniciativa por Cataluña Verdes, Izquierda Unida y Alternativa dirigida por estalinistas, Barcelona en Común y Equo.

Podem ha anunciado públicamente que respalda el referéndum y está llamando a la gente a votar como un acto de protesta contra la “inmovilismo” y “autoritarismo” del gobierno español. Su principal diferencia con los secesionistas es que no consideran la votación vinculante y por lo tanto se oponen a una declaración inmediata de independencia.

El anuncio de Podem va en contra de la posición declarada por Podemos. Un dirigente declaró: “Si yo fuera catalán –que no lo soy—, no participaría y por lo tanto no votaría ni una cosa ni la otra”. Dijo que el voto “no tiene garantías” y que por lo tanto “no sirve para ejercer el derecho a decidir”.

La posición de la dirección fue aprobada el 8 de julio por la cúpula de CiC, que votó 85 contra 29 en apoyo a “todas las movilizaciones en defensa del derecho a decidir”, pero agrega que no llamaría activamente a la participación en el referéndum porque “debemos reflexionar sobre lo que no se ha hecho bien la hoja de ruta” independentista.

La declaración de CiC representa un revés para los separatistas catalanes, que han cortejado el partido de Colau. En efecto, la posición de las direcciones de Podemos y CiC es que un referéndum sólo puede ser celebrado a través de un acuerdo con el gobierno español y enmiendas a la Constitución, algo prácticamente imposible, dado que estos cambios requieren el apoyo de tres cuartas partes de los diputados del Congreso.

Esta posición ha entrado en conflicto con una serie de fuerzas de pseudoizquierda que orbitan Podemos y CiC. Una de estas es Lucha de Clase, asociada con la Corriente Marxista Internacional e involucrada dentro de Podemos, que ha publicado, “No compartimos en absoluto la postura” de CiC y Podemos, y llamado por una “República Catalana”.

Estas fuerzas han animado por años a los trabajadores y jóvenes a poner sus esperanzas en las fuerzas separatistas catalanas como una forma de resolver problemas sociales profundos. Han disfrazado como si fuese progresivo el proyecto de separación de la región más próspera de España, que aporta el 20 por ciento del PIB del país, diciendo que les proporcionaría mejores condiciones sociales a los catalanes.

El separatismo, ya sea bajo la apariencia de movimientos separatistas de extrema derecha como Lega Nord en Italia, Vlaams Belang en Bélgica o los supuestos “progresistas” de Cataluña y Escocia, no tiene nada que ofrecerle a la clase obrera. Estas fuerzas explotan agravios sociales legítimos que han sido empeorados por los recortes salvajes y las medidas de austeridad impuestas por los gobiernos centrales para forjar vínculos directos con la Unión Europea y el capital financiero global. Su reacción, en lo que casi siempre es la parte más próspera de un país que podría controlar potencialmente un recurso valioso como las tributaciones de petróleo del mar del Norte en Escocia, es, en esencia: “Le pagamos demasiado al gobierno central para poder subsidiar a los pobres, lo queremos de vuelta”.

Los ayudan las tendencias de pseudoizquierda, que esperan también que la relativa riqueza de sus regiones les permita una existencia más privilegiada.

En un reciente artículo publicado por el diario pablista, Viento Sur, el veterano líder de Anticapitalistas, Jaime Pastor afirma que los que se oponen a la independencia son los mismos que aprobaron el artículo 135 de la Constitución, el cual consagra la imposición de austeridad en la Constitución, rompe las disposiciones “no confesionales” (seculares) del Estado al darle más poder a la Iglesia Católica y ataca “derechos fundamentales como la libertad de expresión”. Luego añade los enormes escándalos de corrupción del PP a la mezcla.

Sin embargo, Pastor olvida convenientemente que los partidos separatistas catalanes han impuesto medidas brutales de austeridad en la región, hasta el punto de ser conocida como un “laboratorio de recortes”, y que el partido más grande, la Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), se vio obligado a refundarse como el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) el año pasado en gran medida por estar asociado a escándalos de corrupción –particularmente asociados a su viejo líder y expresidente catalán, Jordi Pujol—.

Peor aún, Pastor es indiferente al destino de los trabajadores en el resto de España. Para él, podrían pudrirse con el PP, la austeridad, la corrupción y el resto. Mientras tanto, los catalanes estarían bajo el control de los separatistas, quienes se dedicarían a imponer austeridad y canalizar la ira social hacia la mitad de la población que se opone a la independencia.

La receta de Pastor es la balcanización de España y Europa, con obreros luchando unos contra otros en una carrera hacia el fondo en términos de empleos, salarios y condiciones o, peor aún, luchando unos contra otros en guerras fratricidas, como muestra terriblemente la experiencia de Yugoslavia.

Mientras tanto, Podemos es un firme defensor del Estado español y sus intereses geopolíticos en todo el mundo. Mientras defienden las concesiones de los nacionalistas catalanes como un medio para detener al movimiento secesionista, aborrecen la posibilidad de que España pierda la riqueza que la región genera.

En sus disputas internas, todas las facciones de la pseudoizquierda están articulando los intereses de capas privilegiadas de la clase media. Son herramientas auxiliares de la clase gobernante en dividir a la clase obrera, cuando todo depende de la lucha unificada con base en el internacionalismo socialista. Esto significa el derrocamiento del imperialismo español y su aparato estatal, no la creación de un nuevo Estado represivo en Cataluña.