La matanza continúa Colombia mientras las FARC se desarman

por Carlota Duran
28 julio 2017

Después de 52 años, el grupo guerrillero más antiguo del mundo ha dejado las armas. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó la semana pasada una amnistía que abarca 3.252 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el último de los tres decretos que cubren un total de 6.005 guerrilleros. Otros 1.400, muchos de los cuales están en prisión, están siendo enviados ante los jueces para obtener la amnistía.

Los decretos siguieron a la aparición de Santos, del Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la Misión de las Naciones Unidas para Colombia, Jean Arnault, y del líder de las FARC Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, en una ceremonia de entrega de armas en Mesetas, Colombia, el 27 de junio.

En el evento, los inspectores de la ONU verificaron un contenedor lleno de rifles como un acto simbólico, lo que llevó a una recolección y conteo de todas las armas de las FARC.

Rodrigo Londoño, 'Timochenko', gritó a los guerrilleros presentes en el Campamento de Mesetas: “¡Adiós, armas! ¡Adiós, guerra!”

Los guerrilleros se han trasladado a campos de desmovilización temporales, establecidos también como “Zonas de Entrega de Armas”, donde ya han arribado 7.132 según el último informe. Por razones de seguridad, algunas armas permanecerán en los campos hasta el 1 de agosto, pero en su mayor parte, dijeron los inspectores de la ONU, el desarme está prácticamente completo.

Según informes de los medios de comunicación, las armas recogidas se están empacando para su envío fuera de Colombia y, en algunos casos, se derretirán y se utilizarán para construir monumentos.

El presidente Juan Manuel Santos dijo en una entrevista el 1 de julio de 2017: “El desarme de los integrantes de las FARC registrados en las zonas veredales es completo. La recuperación de las armas en las caletas está en marcha. Esperamos que el primero de septiembre las Naciones Unidas, apoyadas por la fuerza pública, con el inventario de esas armas”.

Sin embargo, dos semanas después del ampliamente difundido evento en Mesetas, la Misión de las Naciones Unidas acusó al gobierno de Colombia de “socavar el proceso de paz del país al no liberar a los prisioneros de las FARC y no proteger a las guerrillas desarmadas como prometió en el acuerdo de paz con grupo el rebelde más antiguo y más grande del país”.

En un comunicado de prensa, la Misión de la ONU dijo que el gobierno debe “actuar con responsabilidad y rapidez para poner fin a una situación que debilita la construcción de la paz”. La declaración continúa: “La detención de miembros de las FARC-EP en prisiones, seis meses después de la aprobación por el Congreso de la Ley de Amnistía y dos semanas después del desarme de individuos, socava el proceso de reintegración y la consolidación de la paz”.

De hecho, más de 1.400 miembros de las FARC encarcelados hicieron huelga de hambre, reclamando su libertad como se prometió en el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 y ratificado por el Congreso en una ley de amnistía unos días más tarde.

Además, el gobierno de Santos no ha enviado tropas para tomar el control del territorio abandonado por las FARC, creando inseguridad y provocando el asesinato de más de 50 líderes sociales, seis desmovilizados de las FARC y nueve familiares de ex guerrilleros.

Como lo señaló la ONU, “la inseguridad de los miembros de las FARC en las zonas de desmovilización, ilustrada por los casos de amenazas y asesinatos contra ellos y sus familiares” debilita las perspectivas de paz en Colombia. Santos, galardonado con el Premio Nobel de la Paz por este acuerdo con las FARC, ha sido criticado por no cumplir con lo estipulado.

El despliegue de este proceso amenaza con escalar la violencia por parte de bandas paramilitares de derecha ya peligrosas y violentas como los "Urabeños", "Rastrojos", "Águilas Negras" y otros, así como las llamadas "Bacrim" (Bandas criminales) o crimen organizado de Colombia, que están listas para llenar el vacío que dejó la desmovilización de las FARC. En muchos casos, esto supone la ocupación de un territorio donde las FARC recaudaban “impuestos” a agricultores que cultivan coca y a narcotraficantes, con los paramilitares de la derecha con la intención de hacer lo mismo.

Según los datos del Banco Mundial, Colombia es el país más desigual de América Latina después de Guatemala.

“En Colombia, el 10 por ciento de las personas más ricas ganan al menos cuatro veces más que el 40 por ciento inferior”, según el banco. “Además, el 77,6 por ciento de la tierra en el país es propiedad de sólo el 13,7 por ciento de los habitantes del país”.

Desde sus orígenes en 1964, las FARC hicieron de la reforma agraria el núcleo mismo de su programa político. Abarcó las concepciones de la revolución campesina propugnada por el maoísmo y el castrismo, pese a que Colombia se estaba convirtiendo en una sociedad cada vez más urbana, con menos de un quinto de la población en el sector agrícola.

Mientras que el acuerdo de paz firmado entre el movimiento guerrillero y el gobierno incluye una disposición de reforma agraria, las medidas previstas no harán nada para resolver el histórico problema del latifundio y la opresión de los campesinos y de los pobres del campo. Bajo el control del gobierno de Santos, la llamada “reforma” se utilizará para abrir vastas áreas —anteriormente disputadas con las FARC— a la explotación de las empresas mineras extranjeras y a la agroindustria.

Las FARC han iniciado su proceso de transformación en un partido político con una alianza con el Estalinista Partido Comunista Colombiano, PCC.

El PCC y las FARC anunciaron a principios de este mes que buscarían crear una alianza política con miras a las elecciones de 2018. La decisión fue revelada en la apertura del XXII Congreso del PCC, al que asistieron varios miembros de las FARC. Uno de los líderes del PCC declaró: “El PCC y las FARC están ansiosos por el desarrollo ... del nuevo partido o movimiento político”.

Hay precedentes en Colombia para tal clase de desarrollo. El grupo guerrillero Castrista M-19 (Movimiento 19 de Abril) se desarmó a finales de los años ochenta, con sus miembros recibiendo pequeños préstamos empresariales del gobierno y sus dirigentes convirtiéndose en políticos burgueses, uno de los cuales, Gustavo Petro, es el actual alcalde de Bogotá.

Las propias FARC buscaron a su vez la política burguesa en la década de 1980, integrándose en un partido político conocido como Union Patriótica (UP). Mientras que el partido disfrutó inicialmente de algún éxito, fue sometido a una campaña despiadada de asesinatos por parte de grupos de paramilitares de derecha, que operan con el apoyo de los militares, resultando en un saldo de más de 3.000 de sus militantes, candidatos y trabajadores de campaña asesinados.

Desde entonces, las FARC han visto sus números diezmarse y han sufrido una pérdida considerable de popularidad por sus actividades —asociadas en la mente del público, más con el narcotráfico, los secuestros y la extorsión— que con cualquier agenda revolucionaria.

Si bien su desarme pareciera señalar el fin del papel desempeñado por las FARC en los 52 años de guerra civil que cobró la vida de más de 265.000 colombianos y desplazó a unos 6 millones más, no hay razón para creer que el acuerdo de paz ponga fin a la violencia endémica, la mayor parte de la cual siempre ha sido obra del ejército y de la derecha paramilitar.

Mientras tanto, las FARC y el PCC organizarán un partido que servirá de cobertura "de izquierda" para el gobierno de Santos, éste prepara ataques intensificados a las condiciones de vida de los trabajadores colombianos. Frente a la debilidad de los precios del petróleo y a la presión de los inversionistas de Wall Street por nuevos “ajustes”, el ministro de Finanzas, Mauricio Cárdenas, prometió recortar 1,65 mil millones de dólares del presupuesto del próximo año.

En el análisis final, el acuerdo de paz no hará nada para reducir la intensa desigualdad social, la represión endémica del Estado, la falta de democracia y la corrupción desenfrenada en un país que constituye uno de los aliados más cercanos del imperialismo estadounidense en América Latina.