Trump revoca DACA, poniendo a 800 000 jóvenes en riesgo de deportación

por Genevieve Leigh
7 septiembre 2017

El Gobierno de Trump pondrá fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), el cual ha protegido limitadamente de la deportación a casi 800 000 inmigrantes llevados a Estados Unidos como niños. El Gobierno planea eliminar gradualmente el programa en los próximos seis meses.

El Departamento de Seguridad Nacional no considerará solicitudes nuevas para la obtención de un estatus legal a través del programa. Aquellos con un permiso de DACA que expire antes del 5 de marzo del 2018 podrá renovarlo por dos años antes del 5 de octubre del 2017. Para todos los demás, su condición migratoria legal se acabará el 6 de marzo del 2018.

Si el Congreso no actúa, casi 300 000 personas perderán su protección en 2018 y más de 320 000 lo harán entre enero y agosto del 2019. En el momento en que expire su condición como beneficiarios de DACA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE; Immigration and Customs Enforcement), con la colaboración de las autoridades policiales locales y estatales, tendrá total libertad para realizar detenciones y deportaciones.

El fiscal general, Jeff Sessions, bien conocido por las décadas que ha dedicado de su carrera para hostigar a inmigrantes y otras minorías, anunció el final del programa el martes. Su discurso fue una combinación de despiadada demagogia antiinmigrante y de ley y orden con mentiras totales para hacer de los inmigrantes un chivo expiatorio “del crimen, la violencia y el terrorismo” en EUA.

“El efecto de tal amnistía unilateral del Ejecutivo [refiriéndose a DACA]… contribuyó a una oleada de menores en la frontera sur que tuvo consecuencias humanitarias terribles”, exclamó Sessions. “También les denegó puestos de trabajo a cientos de miles de estadounidenses cuando les permitió a los mismos extranjeros ilegales tomar esos empleos”.

Después del anuncio el martes por la mañana, Trump hizo eco de los comentarios de Sessions al tuitear: “Somos una nación de derecho. No incentivaremos más la inmigración ilegal. No se equivoquen, ¡estaremos colocando el interés de los CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES DE PRIMERO!”.

El Gobierno de Trump recurre ahora al “Estado de derecho” para justificar sus ataques contra los inmigrantes tan sólo una semana después de que le concediera un indulto al notoriamente antiinmigrante sheriff de Arizona, Joe Arpaio, quien fue encontrado culpable penalmente por desacato a un juez que le ordenó dejar de perfilar racialmente a los latinos. Más allá, Trump personifica en sí la criminalidad de las corporaciones y el gobierno que operan con plena impunidad en Estados Unidos.

Con respecto a la afirmación que estas medidas contra los jóvenes inmigrantes son necesarias para defender “puestos de trabajo estadounidenses”, esto no es más que una mentira demagógica. La Administración Trump está compuesta por multimillonarios que están intentando destruir la educación pública, el acceso a la salud y otros programas social, mientras que su principal agenda para el país es una enorme reducción en los impuestos a las corporaciones y los ricos.

Mientras que los demócratas han criticado de cierta forma las acciones de Trump, las políticas antiimigratorias del actual mandatario están basadas en las medidas que impusieron sus predecesores, principalmente Obama.

En una publicación en Facebook el martes, Obama escribió que preservar DACA es una cuestión, “de decncia básica… de si somos un pueblo que echa a luchadores jóvenes y esperanzados de Estados Unidos, o si los tratamos como quisiéramos que trataran a nuestros propios niños”. Se prosiguió asegurar a capas dentro de la clase gobernante que estos jóvenes posiblemente podrían contribuir a la economía, “emprender nuevos negocios" o incluso “servir en el ejército”

El programa de DACA fue iniciado por Obama en junio del 2012, en gran parte como una maniobra cínica para ganar votantes de origen hispano en las elecciones de ese año. Al mismo tiempo, fue una pantalla para encubrir la severa persecución de inmigrantes que estaba en marcha, incluyendo a través de la expansión del programa “Comunidades Seguras”, un aumento en la militarización de la frontera y la implementación de cuotas límites de camas en los centros de detención del ICE.

Bajo la pretensión de hacer un giro hacia una política migratoria más “humana”, la implementación de DACA se llevó a cabo mientras el Gobierno de Obama presidía la mayor operación de deportaciones en la historia del país, expulsando a casi 3 millones de inmigrantes en sus ocho años de mandato. Esto incluyó el acorralamiento y deportación de niños que buscaban escapar de América Central en el 2014.

Las discusiones que los círculos gobernantes están teniendo abarcan algún tipo de renovación de DACA con una “reforma migratoria comprensiva” que, de aprobarse, comenzaría un conjunto de medidas reaccionarias y bipartidistas para aumentar la militarización de la frontera e imponer aún más onerosos requisitos para cualquiera que solicite derechos de ciudadanía. La finalización de DACA es parte de una ofensiva antiinmigrante más amplia del Gobierno de Trump, la cual no se ha topado con ninguna oposición del Partido Demócrata, el cual ha dedicado los últimos siete meses denunciando a Trump por ser demasiado “suave” con Rusia. Los demócratas han aplaudido cada paso para que los militares tomen más y más las riendas de la Casa Blanca, incluyendo el ascenso del exgeneral John Kelly de secretario de Seguridad Nacional de Trump a jefe de personal.

Kelly, quien supervisó directamente los ataques contra inmigrantes de Trump como titular del Departamento de Seguridad Nacional, había sido elegido por Obama en el 2012 para encabezar el Comando Sur de EUA, el cual preside las operaciones militares en América del Sur, Central y el Caribe. Para su primer puesto en la Administración Trump, Kelly fue confirmado por el Senado estadounidense con un voto bipartidista de 88 a 11.

La eliminación de DACA marca una escalada importante en la guerra de Trump contra los inmigrantes y tendrá consecuencias del mayor alcance. Los instrumentos y métodos de opresión que se forjen y afilen en estos ataques contra inmigrantes en nombre de “la ley y el orden” —el aparato de espionaje masivo, la recolección y reparto de datos, la integración de todas las agencias policiales y el armamento de las fuerzas policiacas con equipos militares— serán empleados contra la clase obrera en su conjunto.

Existe una gran oposición a las políticas antiinmigrantes del Gobierno de Trump. Esta oposición no puede ser encauzada de vuelta al Partido Demócrata, que está igual de irreparablemente sujeto a la élite corporativa que el Partido Republicano.

La defensa de los trabajadores inmigrantes exige la movilización independiente de toda la clase obrera en Estados Unidos e internacionalmente, con base en un programa que avance su propia solución a la crisis económica mundial: la reorganización de la economía global para atender todas las necesidades sociales y no el afán de lucro privado. Esta lucha unida tiene que comenzar con un rechazo a todos los intentos para dividir a los trabajadores nacidos en EUA de los trabajadores inmigrantes, independientemente de su estatus legal, y una defensa de la libertad de todos a vivir y trabajar en el país de su elección con derechos plenos e igualitarios.