Irma, el huracán del océano Atlántico más poderoso del que se tiene récord, pasó al noroeste de Puerto Rico el 7 de septiembre. Tres personas murieron; hubo considerables daños a carreteras y a la red de suministro eléctrico. De los 3,4 millones de habitantes, un millón perdió el servicio eléctrico a causa de la tormenta; otros trescientos cincuenta mil se quedaron sin agua corriente. La tormenta hizo que cesaran de funcionar la mitad de las torres te telecomunicación de toda la isla.

Aunque se salvó de la enorme fuerza total de la tormenta, que pasó noventa kilómetros al norte de la isla, los fuertes vientos y la las tormentosas mareas dañaron casas y las infraestructuras de servicio de agua, especialmente en torno a San Juan, la ciudad capital de Puerto Rico de más de cuatrocientos mil habitantes.

Las víctimas hablan de la pérdida de sus muebles, ropas y muchas otras pertenencias. Los fuertes vientos arrancaron techos de las viviendas de las comunidades de clase obrera de San Juan, incluyendo al histórico vecindario junto al mar de La Perla.

William Villafañe, alto funcionario bajo el gobernador Ricardo Rosselló anunció a unos días de la tormenta que el porcentaje de puertorriqueños sin electricidad había descendido del setenta y cuatro por ciento de la población al diecinueve por ciento (más de trescientas mil personas). Villafañe dijo que la luz se restauraría para la gran mayoría del resto en pocos días. Aclaró, sin embargo, que se necesitarán llevar a cabo importantes arreglos estructurales y que la red eléctrica era, junto con los caminos, una de las infraestructuras más dañadas por la tormenta.

En otra entrevista, el senador Miguel Romero de Partido Nuevo Progresista (PNP, estadista) dijo que tan solo en San Juan el cuarenta y dos por ciento de la gente todavía no tenía servicio eléctrico. La restauración del servicio eléctrico ocurría desordenadamente, dejando de lado a comunidades enteras y a otras con servicio intermitente.

Hablando sobre la situación, Anthony, estudiante de la Universidad de Puerto Rico, le dijo a WSWS (Sitio Web Socialista Mundial, wsws.org) que “ciertas zonas costeras en las afueras de la capital se han inundado. Viviendas y edificios se han desmoronado. En las islas de Vieques y Culebra (al este de Puerto Rico) la gente perdió casi todo. En esas isla, cerca de las Islas Vírgenes, el daño es muy grave, similar al de Barbuda”.

“Vivo en un suburbio de San Juan. No tenemos luz. Dicen que puede que tarde un mes en restaurar el servicio eléctrico en algunas zonas rurales y en el centro de la isla. Claro está que la prioridad es restaurar la luz para la clase de poder y para los políticos en la capital. Los trabajadores siempre vienen últimos”.

“Pienso que permitieron a propósito que la red eléctrica se deteriorara durante años, creando las condiciones para privatizarla”.

Según el periódico San Juan Star, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), sindicato de los trabajadores de electricidad, acusa al gobierno de dilatar adrede la restauración de la electricidad en San Juan y otras municipalidades donde el pueblo vive abarrotado para fomentar la privatización de la compañía pública de electricidad, la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica).

Se le habían negado los recursos necesarios a esta empresa estatal. En cambio se le impuso una medida tras otra de austeridad, con el fin de que cumpliera con sus deudas de nueve mil millones de dólares, lo que la hizo más vulnerable aún ante los fuertes vientos. Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de UTIER, ha señalado que en el año 2000 había 6.800 electricistas en la AEE. Ahora hay 3.500. Además de eliminar puestos, la empresa ha reducido materiales y mantenimiento. Para Jaramillo esto es una clara indicación de que la empresa no cumple con sus obligaciones.

La venta de la Autoridad de Energía Eléctrica a inversionistas particulares es algo que se discute desde hace años.

Se acelera esa discusión ahora que manda esa junta de control (impuesta sobre Puerto Rico sin la participación de los votantes), la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico. La junta fue nombrada por el gobierno del presidente Obama con el objeto de imponer un control dictatorial sobre el presupuesto fiscal de Puerto Rico y encarrilar miles de millones de dólares hacia Wall Street.

Según las cifras oficiales, Puerto Rico debe setenta y dos mil millones de dólares a varios fondos buitres, además de cincuenta mil millones de dólares en obligaciones a pensionistas del Estado. El gobierno de la isla se declaró en bancarrota en mayo, bajo las reglas de la ley PROMESA que el Congreso de estadounidense aprobó el año pasado.

En junio de este año, varios de los miembros de la junta de supervisión escribieron un editorial en el periódico Wall Street Journal intitulado “Privatizar la energía de Puerto Rico”, habiendo esa junta rechazado el proyecto de restructurar la deuda de la AEE y reducir las tarifas. En ese editorial, los miembros de la junta insistieron en que sólo la privatización de la empresa pública atraería suficientes inversiones de las casas financieras para modernizar la red y distribuir energía a “costos efectivos”.

Por lo tanto, insistían, se necesitaba “despolitizar” a la administración de AEE (léase: nombrar a representantes directos de los bancos para administrar la agencia), pasar “reformas” de pensiones y renegociar contratos laborales (léase: salvajes ataques contra las pensiones de trabajadores jubilados y contra los salarios y condiciones laborales de los trabajadores de la AEE) —todo esto en nombre de una mayor “eficiencia”—.

Obligar a los bonistas de la empresa a ceder una pérdida nominal del quince por ciento, insistían los miembros de la junta, crearía un obstáculo insuperable para la venta de liquidación de la AEE.

Al rechazar el plan de restructuración de deuda de la AEE, la Junta de Supervisión forzó a que esta empresa pública se declarara en bancarrota entorno a esos nueve mil millones de dólares, efectivamente negándole acceso a los mercados de crédito. Desde ese momento, Wall Street dictaría las condiciones de futuras “reestructuraciones”.

Esa declaración de bancarrota frena todos los proyectos de modernización y fortalecimiento de la infraestructura de la AEE; también socava las medidas esenciales de mantenimiento, como la poda de árboles cerca de las líneas eléctricas.

O sea que la crisis de electricidad que le siguió al huracán Irma no sorprende a nadie. En verdad, la tormenta le viene como anillo al dedo a los parásitos financieros que tienen la intención de saquear las propiedades del Estado, incluyendo a la compañía eléctrica, y acelerar el ataque a empleos, salarios y pensiones de trabajadores estatales.

El gobernador Rosselló admite que han pasado décadas en las que se gastó poco y nada en preservar la infraestructura. En vez de arrestar a los que de esa manera sabotearon a propósito la red eléctrica, causándole a la población de la isla mucho dolor y sufrimiento, Rosselló ahora exige la rápida privatización de AEE, bajo las reglas de la ley que estableció la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico.

Por su parte, Jennifer González, la comisionada residente que supuestamente representa a Puerto Rico ante el congreso de EUA, declaró que “esta es la crisis que necesitamos para beneficiarnos, transformándola en una oportunidad de cambio, producción e inversión”.

Al igual que con el huracán Katrina en el 2005 y la bancarrota de Detroit del 2013 y 2014, Wall Street ahora se aprovecha de la destrucción que causó el huracán Irma —empeorada por las acciones criminales de sus testaferros políticos— para reestructurar a Puerto Rico a costa de la clase obrera. Con toda seguridad, ese será el modelo para la reconstrucción de Houston, las islas Vírgenes, Florida y todos los territorios golpeados por los huracanes Harvey e Irma.