El Departamento de Justicia estadounidense ha emitido órdenes judiciales exigiendo que Facebook entregue información sobre cuentas privadas de tres individuos descritos por sus abogados como “activistas opositores a la administración” que “son generalmente muy críticos de las políticas de la administración [de Trump]”. Podría canalizarse hacia el gobierno información sobre cuentas privadas de miles de usuarios de Facebook como resultado de las órdenes judiciales.

Facebook recibió las órdenes judiciales en febrero, pero hasta hace poco había estado bajo una orden-mordaza que le prohibía dar a conocer las órdenes judiciales a los individuos en cuestión y al público. El gigante de las redes sociales no ha dicho si ha acatado esas órdenes judiciales o si piensa hacerlo.

Uno de los usuarios de Facebook puestos en la mira, Emmelia Talarico, operaba la página web disruptj20 donde se organizaron y discutieron protestas contra la asunción del mando de Trump. Aproximadamente 6.000 individuos visitaron el sitio, y el Departamento de Justicia tendría acceso a sus identidades si Facebook les entregara la información que pretenden las órdenes judiciales.

Talarico dice que si las autoridades pueden obtener información sobre su cuenta, tendrán acceso a sus “contraseñas personales, preguntas y respuestas de seguridad, e información de las tarjetas de crédito”, así como “las listas privadas de invitados y participantes de los varios actos políticos patrocinados por la página”.

Esto viene después de una orden judicial semejante emitida al proveedor de servicios web DreamHost, en la que el gobierno exigía que la compañía entregara todos los datos sobre disruptj20.org, incluyendo registros de visitantes y direcciones de IP de 1,3 millones de personas que visitaron el sitio. La orden judicial también exigía acceso a correos electrónicos, fotos y otros datos de los implicados en contribuir al sitio y en producirlo.

Estas órdenes judiciales son parte de un ataque masivo por parte de la administración Trump a la libertad de expresión y a la expresión política, concentrada sobre el Internet y las redes sociales. Esto es ayudado por parte de una campaña cómplice mccarthista dirigida por el Partido Demócrata y las agencias de inteligencia, con apoyo bipartito de los congresistas republicanos, arrojando a toda la oposición política a las políticas del gobierno y al aumento de la desigualdad social y la pobreza como el resultado de las “noticias falsas” rusas y la manipulación de los medios. El objetivo es criminalizar la oposición social y la disensión política y tacharla de actividad anti-estadounidense y traidora.

Esas exigencias amplias de información privada son una violación directa de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los EUA, que prohíbe “búsquedas y confiscaciones inaceptables” y declara que las órdenes judiciales tienen que basarse en la “causa probable … describiendo particularmente el lugar a ser investigado, y las personas o cosas a ser incautadas”.

También violan las garantías de la Primera Enmienda sobre la libertad de expresión y de prensa, y el derecho a protestar pacíficamente.

El juez del Tribunal Supremo de Washington DC, Robert Morin, concedió en gran medida la solicitud del Departamento de Justicia para recoger amplios conjuntos de registros, incluyendo los correos electrónicos de usuarios de Facebook y listas de miembros.

Y sin embargo este ataque flagrante a los derechos democráticos y esta afirmación de los poderes de Estado policial no ha provocado protestas significativas del establishment político ni de los medios. Ni un solo político demócrata prominente ha hecho declaración alguna condenando las órdenes judiciales.

Los otros dos usuarios de Facebook nombrados en las órdenes judiciales son Lacy MacAuley y Legba Carrefour. En comparecencias contra la orden judicial para investigar su cuenta, Carrefour dijo que “contiene una buena cantidad de material privado que concierne a mi vida personal”. Añadió en una declaración que las órdenes judiciales son “parte de un modelo de extralimitación procesal en la represión de los que protestaron durante el día de la toma del mando”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los tres usuarios de Facebook, presentó una moción para invalidar las tres órdenes judiciales. Los abogados de ACLU dijeron que las órdenes judiciales eran demasiado amplias y que revelarían información privada sobre personas no implicadas en la supuesta violencia durante las protestas a la asunción.

“Estamos profundamente preocupados porque el gobierno se implique en una expedición de búsqueda”, dijo Scott Michelman, un importante abogado de la ACLU del Distrito de Columbia.

Es particularmente preocupante, dijo Michelman, que la búsqueda del gobierno desvelaría “actividades disidentes opuestas a la administración que después serían investigadas por la propia administración contra la que están protestando”.

La administración de Trump afirma que las órdenes judiciales son parte de una investigación criminal de las manifestaciones del 20 de enero en la capital en las que arrestaron a más de 200 manifestantes.

La revelación de las órdenes judiciales del Departamento de Justicia coincidió con el anuncio por parte del gigante tecnológico Apple de que en la primera mitad de 2017 recibió el mayor número de cartas de la seguridad nacional del gobierno de los EUA solicitando datos. Según el informe de transparencia de Apple, recibió entre 13.250 y 13.499 solicitudes que afectaban a entre 9.000 y 9.249 cuentas.

El jueves, Google también publicó su informe de transparencia. Recibió hasta 499 solicitudes de datos, que afectaron a entre 1.000 y 1.499 cuentas.

Estos hechos en los EUA son parte de un ataque internacional al disentimiento político. Solo el mes pasado, el gobierno alemán hizo redadas en los domicilios de los supuestos administradores del sitio web izquierdista “linksunten.indymedia.org” y cerró el sitio. El gobierno alemán también aprobó una ley que requiere que las compañías de las redes sociales retiren material “extremista violento”.

El asunto del espionaje doméstico inconstitucional e ilegal en los EUA, incluyendo la vigilancia generalizada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) denunciada hace cuatro años por Edward Snowden, ha sido completamente dejado de lado por los medios y el establishment político. La administración Obama defendió la NSA y paralizó cualquier reducción del espionaje del gobierno a las comunicaciones electrónicas o acciones legales contra los que la organizaron. Le puso la mesa a la administración Trump procesando a más denunciantes por revelar información clasificada que cualquier administración anterior.

Monopolios tecnológicos y de la información tales como Facebook y Google son cómplices en el ataque de la clase gobernante a la libertad de expresión y acceso a la información. El World Socialist Web Site ha denunciado la lista negra política de sitios web de izquierdas y antibélicos de Google, que ha implementado algoritmos que, supuestamente para degradar “contenido de baja calidad”, cortan las derivaciones de búsquedas hacia sitios web de izquierdas. El WSWS ha sido muy duramente golpeado por esta censura.

En respuesta a la presión política, Facebook ha entregado al Congreso una lista de 3.000 cuentas, supuestamente vinculadas a Rusia, que la compañía afirma que compraron anuncios por valor de 100.000 dólares estadounidense para “sembrar la división” durante las elecciones estadounidenses de 2016. Twitter se enfrenta a demandas similares de que tome medidas duras contra los anuncios de usuarios rusos como el medio ruso de lengua inglesa RT.