Los cazadores de brujas en el Senado intensifican historia de horror contra Rusia

por Patrick Martin
9 octubre 2017

Los líderes del Comité de Inteligencia del Senado, el republicano Richard Burr, de Carolina del Norte, y el demócrata Mark Warner, de Virginia, declararon su acuerdo con el informe de la agencia de inteligencia emitido el pasado 6 de enero acusando a Rusia de interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

Al igual que la CIA, el FBI y la NSA, los senadores buscaron personificar al gobierno ruso como una gran amenaza para la democracia estadounidense, haciendo uso de un ejército de hackers, bots, trolls y otros “personajes” del Internet para influir en los votantes estadounidenses. Ambos admitieron que no había pruebas de que hubieran alterado la votación o la tabulación.

Pero Warner dijo que hay un “consenso general de que [los operarios rusos]” hackearon archivos políticos y los hicieron públicos en un esfuerzo por influir en el resultado de las elecciones”. Luego Burr añadió: “La inteligencia rusa está decidida, es inteligente y pienso que cada oficial de campaña debe tomar esto en serio a medida que nos acercamos a las próximas elecciones”.

El republicano y el demócrata afirmaron que los presuntos anuncios rusos estaban dirigidos, no sólo a influir en el resultado de las elecciones presidenciales, sino a suscitar conflictos sociales en América. Los anuncios de Facebook comprados por los operarios rusos “fueron indiscriminados”, dijo Burr, agregando que “el tema general de la participación de Rusia en las elecciones estadounidenses fue crear el caos en todos los niveles. Han sido bastante exitoso”. Warner dijo que el objetivo era “sembrar el caos e impulsar la división en nuestro país", y los rusos obtuvieron “una tasa de retorno decente" por sus inversiones.

Ambos afirmaron que los presuntos anuncios publicitarios rusos estaban dirigidos no sólo a influir en el resultado de las elecciones presidenciales, sino a suscitar conflictos sociales en Norte América. Los anuncios de Facebook comprados por los operarios rusos "fueron indiscriminados", dijo Burr, agregando que "el tema general de la participación de Rusia en las elecciones estadounidenses fue crear el caos en todos los niveles.” Warner dijo que el objetivo era "sembrar el caos e impulsar la división en nuestro país", y los rusos obtuvieron "una tasa de retorno decente" por sus inversiones.

Estos comentarios fueron repetidos y amplificados a través de los medios de comunicación estadounidenses el miércoles y el jueves como parte de una campaña sistemática para retratar el malestar social como el producto no de deterioro de las condiciones de vida y catástrofes impactantes como Las Vegas, Puerto Rico o el Huracán Harvey, sino “agitadores con sede en Rusia. La conclusión macartista de este argumento es que cualquiera que levanta su voz contra la crisis social más profunda del capitalismo americano es pagado por Moscú.

Incluso si se aceptara la premisa de las agencias de inteligencia –que el gobierno ruso favoreció la elección de Trump y dedicó sus esfuerzos de propaganda cibernética a ese fin– la escala de la operación es ridículamente desproporcionada con el supuesto resultado.

Un año de búsqueda sistemática de las actividades de los supuestos bots, rusos y trolls en Facebook, Instagram y otras plataformas de medios sociales ha descubierto que el gasto total en esas actividades fue de US$ 100.000 para colocar unos 3.000 anuncios, de los cuales muy pocos estaban directamente relacionados con la elección de Clinton vs. Trump el 8 de noviembre de 2016.

Mientras que según el Washington Post estos anuncios se han visto diez millones de veces, la gran mayoría produjeron después de las elecciones, como resultado del interés que generado la furiosa campaña en los medios de comunicación.

La supuesta interferencia rusa queda empequeñecida por la campaña multimillonaria de Clinton, así como el esfuerzo de supresión de electores dirigida por la campaña Trump usando el mismo medio –anuncios de Facebook– para reducir la participación de los votantes en las regiones supuestamente dominadas por los demócratas, incluyendo mujeres jóvenes y ex partidarios del senador Bernie Sanders.

Según un informe de la publicación en línea Medium, la campaña Trump produjo cientos de miles de anuncios digitales y sitios web, muchos de ellos no identificados abiertamente con el candidato, para desalentar a posibles votantes de Clinton. La campaña Trump gastó 150 millones de dólares en este esfuerzo de supresión de votantes, 1.500 veces más que el supuesto esfuerzo ruso en su nombre.

Como este ejemplo sugiere, lo que pasa por “democracia” en Estados Unidos es cualquier cosa menos eso. Este es un país que, durante más de un siglo después de la Guerra Civil, prohibió el derecho a votar a millones de ciudadanos afro-americanos. Es un país donde el robo de elecciones, ya sea por relleno de boletas o intimidación física de los electores, se elevó al nivel de una forma de arte político. La última obra maestra de la corrupción política antidemocrática se produjo en las elecciones del 2000, cuando la Corte Suprema detuvo el conteo de miles de votos y le robó las elecciones a Al Gore.

Pero no tenemos suficiente espacio aquí para una lección de historia a gran escala. Basta con decir que el proceso electoral estadounidense contemporáneo es sistemáticamente manipulado por poderosos intereses corporativos, que financian y controlan a los partidos demócrata y republicano y al gobierno estadounidense en todos los niveles, federal, estatal y local.

El senador Warner representa al Estado de Virginia, cuyo sistema político es tan completamente corrupto que hace que los estados cercanos de Delaware y Nueva Jersey parezcan modelos de integridad electoral. Para ascender a la cima del maloliente sumidero de la política del Partido Demócrata de Virginia, Warner desplegó los millones de dólares que él consiguió a través de la venta de su compañía de telefonía móvil a Nextel en la década de 1990. Estos recursos permitieron que Warner se comprara primero la gobernación de Virginia, y luego la sede en el Senado que ha ocupado por dos mandatos.

Warner es un tipo bastante común en el Congreso. El sistema electoral en los Estados Unidos está más controlado por una estrecha élite financiera que la de cualquier otra pretendida democracia en el mundo. Dos partidos de derecha, dedicados a salvaguardar la riqueza de los ultra ricos y los intereses globales del imperialismo norteamericano, excluyen efectivamente a cualquier otro competidor de la arena electoral, en muchos casos a través de claras barreras legales que hacen las campañas de candidatos otras organizaciones prácticamente imposibles. A estos candidatos se les niega rotundamente la cobertura por los medios de comunicación y se les excluye de los debates televisados. Se les niega el acceso a la balota en la mayoría de los estados por no cumplir con los onerosos requisitos que no aplican para los demócratas y republicanos.

Hay otros rasgos igualmente antidemocráticos del sistema electoral de los Estados Unidos, incluyendo, por supuesto, el Colegio Electoral, que hizo posible que Trump ganara la presidencia aunque su oponente demócrata lo venció por tres millones de votos en total. Las leyes de identificación de votantes promulgadas en dos docenas de estados contribuyeron significativamente a la victoria de Trump al afectar demográficamente de una manera desproporcionadamente al partido demócrata, incluyendo a los electores afroamericanos, de la tercera edad y estudiantes universitarios.

El martes, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos sobre la manipulación partidaria de los distritos legislativos del congreso y el ejecutivo, una práctica notoria bajo la cual los gobiernos tanto republicanos como demócratas –ambos partidos son culpables, aunque los republicanos son actualmente más exitosos– hacen de sus mayorías legislativas prácticamente invulnerables a los cambios en el sentimiento popular.

El caso de Wisconsin, que fue escuchado por el tribunal, los republicanos dibujaron mapas legislativos estatales de modo que grandes mayorías demócratas se concentraran en algunos distritos, mientras que las mayorías republicanas más pequeñas pero seguras se extendieron por más distritos. Con el 48 por ciento de los votos, los candidatos republicanos obtuvieron el 60 por ciento de los escaños. “El resultado queda predeterminado en la mayoría de los distritos”, observó la juez Ruth Bader Ginsburg, y preguntó: “¿Qué pasa con el precioso derecho a votar?”

La respuesta a la justicia es sencilla: el derecho a votar en los Estados Unidos está enteramente subordinado a los intereses de la élite gobernante capitalista.