La Casa Blanca de Trump le envió un documento al Congreso el domingo por la noche delineando sus demandas en políticas migratorias, exigiendo un mayor reforzamiento de las agencias policiales federales que tienen como blancos a los inmigrantes indocumentados, una caza de brujas legal en las ciudades y estados renuentes a cooperar con los arrestos y detenciones de masas y una reducción fuerte en los niveles de inmigración legal.

El documento fue presuntamente compuesto por el asesor político de orientación fascista de Trump, Stephen Miller, y el fiscal general, Jeff Sessions, basándose en indicaciones de agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS; Department of Homeland Security), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE; Immigration and Customs Enforcement) y la Patrulla Fronteriza, incluyendo los grupos cabilderos ultraderechista y antiinmigrantes en Washington.

Bajo el título “Principios y Políticas de Inmigración”, el documento de la Casa Blanca describe el marco para un Estado policial estadounidense, dirigido en primera instancia contra los inmigrantes, pero con el potencial para ir detrás de capas muchos más amplias de la clase obrera. Da órdenes de profundizar los ataques contra principios democráticos tan elementales como la presunción de inocencia, el debido proceso, una fianza razonable y el derecho a consejo legal.

La Administración Trump está haciendo un llamamiento a atacar los derechos democráticos en las siguientes tres áreas:

• Medidas de represión severas a lo largo de la frontera entre EUA y México: esto consta no sólo en “completar la construcción de un muro sobre la frontera sur de Estados Unidos”, sino cambiar el procesamiento de inmigrantes y refugiados indocumentados para asegurar que la mayoría de las peticiones de refugio sean denegadas y que la mayoría de los solicitantes sean echados del país rápidamente. Esto incluye contratar a miles de jueces y fiscales migratorios más, aumentar las pruebas que deben prestar los solicitantes de estar escapando una persecución para recibir un estatus de refugiados y expandir las categorías de inmigrantes que serán considerados criminales tras incluir ofensas como utilizar un número del seguro social falso, lo que haría calificar a millones de trabajadores indocumentados.

• Una escalada de actividades antiinmigrantes en el interior del país, por un lado, expandiendo agresivamente el ICE mediante la contratación de 10 000 agentes adicionales y, por el otro, movilizando a la policía estatal y local para servir como instrumentos de aplicación de las leyes migratorias federales. Esto aumentaría el tamaño de las fuerzas dedicadas a hostigar inmigrantes hasta llegar a millones. Los gobernantes locales que se resistan a participar en este esfuerzo serán blancos de recortes de fondos federales y se verán amenazados con demandas legales para ser obligados a compartir información y personal.

• Una reducción drástica en el nivel de inmigración legal por medio de la revocación del sistema actual que promueve la reunificación familiar al permitir que ciudadanos estadounidenses y residentes legales sean anfitriones de padres, hijos, parejas y otros parientes cercanos. Esto se cambiaría por un sistema basado en el empleo, siendo redirigido a priorizar las necesidades de las compañías tecnológicas en busca de trabajadores altamente calificados y de las compañías agrícolas que contratan mano de obra por temporada. El número de refugiados permitidos a ingresar en el país también sería reducido fuertemente.

Las disposiciones migratorias de Trump están escritas con un vocabulario populista de derecha, característico de Miller y el exasesor de la Casa Blanca, Stephen Bannon. El documento demoniza a los inmigrantes como un peligro para la seguridad nacional del país (por ejemplo, como potenciales terroristas) y como amenazas para los puestos de trabajo y niveles de vida de los trabajadores estadounidenses (asimismo, argumenta que la inmigración legal “ha suprimido los salarios, alimentado el desempleo y deteriorado los recursos federales”).

Esta declaración de guerra contra secciones substanciales de la clase obrera —un estimado de doce millones de trabajadores indocumentados y un número incluso mayor de inmigrantes legales, tenedores de permisos de trabajo o “ green cards ”, refugiados y ciudadanos naturalizados— es la verdadera cara del Gobierno de Trump, el más derechista y antidemocrático en la historia estadounidense.

Este documento sobre migración expone el papel del Partido Demócrata en encubrir políticamente a la Casa Blanca, más notablemente en la respuesta efusiva del líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y la titular de la minoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, después de la reunión de Trump el mes pasado para discutir el estatus de ochocientos mil inmigrantes jóvenes indocumentados protegidos por el programa Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA; Deferred Action for Childhood Arrivals).

Schumer y Pelosi salieron de la cena con Trump en la Casa Blanca declarando que el presidente se simpatizaba genuinamente por la grave situación de estos jóvenes, quienes crecieron en Estados Unidos de haber sido traídos por sus padres como niños. Señalaron tener por lo menos los puntos generales de un acuerdo para prevenir la deportación de los llamados “Soñadores” (Dreamers) de DACA, a cambio de un reforzamiento de la seguridad fronteriza, pero sin incluir el muro de Trump.

Desde que Trump llegó a poder, e incluso antes, el Partido Demócrata ha enfocado su oposición al nuevo Gobierno en la supuesta colusión de Trump con Rusia durante la carrera electoral del 2016, no en sus monstruosos y antidemocráticos ataques contra los inmigrantes ni en la amplia gama de políticas sociales ultraderechistas y militaristas a las que Trump se ha comprometido. El propósito principal de su campaña ha sido presionar a Trump para que adopte una línea más agresiva contra Moscú, tanto en la guerra en Siria como más ampliamente, incluyendo el Este de Europa y el Báltico.

Desde el trato de Schumer y Pelosi con Trump del mes pasado para expandir la autorización del presupuesto federal y el techo de la deuda hasta mediados de diciembre, los demócratas han especulado interminablemente sobre un posible traslado de Trump “hacia el centro”, es decir, hacia acuerdos con la minoría demócrata en el Congreso sobre amplios temas, incluyendo inmigración, comercio, recortes fiscales para corporaciones e infraestructura, en los que ambos partidos capitalistas comparten una agenda derechista en común.

Ahora, Schumer y Pelosi profesan estar “sorprendidos” de que la Casa Blanca haya emitido una lista de políticas migratorias tan draconianas sin mencionar la legalización de ni permisos para los beneficiados por DACA y ni hablar de retirar el temor de otros once millones de indocumentados de ser detenidos y deportados. “Le dijimos al presidente en nuestra reunión que estábamos abiertos a medidas de seguridad fronteriza razonables, dijeron en su declaración, “pero la lista va mucho más allá de lo que es razonable. Esta propuesta fracasa en representar cualquier intento a un compromiso”.

¡Qué fraude tan cínico! De hecho, cualquier acuerdo entre los demócratas y la Administración Trump incorporaría una ofensiva mayor contra los trabajadores inmigrantes, yendo más allá de las medidas de deportaciones en masa y la militarización de la frontera con México bajo Obama. El propósito de las maniobras demócratas con Trump en cuanto a DACA no era proteger a los trabajadores inmigrantes, sino apuntalar a un Gobierno en crisis y prevenir lo que temen más los demócratas: una intervención independiente de la clase obrera.

Mientras que los blancos inmediatos de la propuesta de la Casa Blanca son los trabajadores inmigrantes, toda la clase obrera está en la mira. El Gobierno de Trump está buscando escalar dramáticamente los ataques bipartidistas contra el acceso a la salud, la educación pública y otros servicios sociales, al mismo tiempo que preside otra transferencia histórica de riqueza de la clase trabajadora a los ricos. El hacer de los inmigrantes chivos expiatorios tiene como fin dividir a la clase obrera, mientras que dichos mecanismos de Estado policial son empleados para suprimir toda oposición nacional.

Sean cuales fueren sus diferencias internas, incluyendo sobre política migratoria, los demócratas y republicanos comparten esta misma estrategia básica de clase.

La clase obrera tiene que rechazar este marco reaccionario entero. La defensa los trabajadores inmigrantes y lucha por el derecho de toda persona vivir y trabajar donde decidan –una política socialista de fronteras abiertas— tiene que estar conectada a un programa que defienda los intereses de toda la clase obrera. Los recursos existen para asegurar que todos los trabajadores tengan el derecho a un empleo digno, seguro médico, educación pública y una jubilación de calidad, pero estos derechos no son compatibles con el sistema capitalista de lucro.