Recursos presentados por los 31 trabajadores de Maruti Suzuki víctimas de un caso fabricado, incluyendo a todos los 12 dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Maruti Suzuki (MSWU) en la planta de ensamblaje Manesar del fabricante de automóviles en la periferia de Delhi, exponen la confabulación entre la compañía multinacional japonesa, el establishment político de la India, la policía y los tribunales para meter a toda prisa a estos trabajadores en la cárcel.

Sentenciados a cadena perpetua en marzo pasado bajo acusaciones falsas de homicidio, trece de los trabajadores —incluyendo a los doce dirigentes del MSWU— están confinados actualmente en la Cárcel Bhondsi en Gurgaon, una ciudad localizada cerca de Manesar en Haryana. A los otros 18 trabajadores les dieron sentencias de tres a cinco años con cargos menores. La mayoría de estos trabajadores ya han sido liberados de la cárcel por el tiempo cumplido, pero habiendo perdido sus empleos y habiendo sido falsamente incriminados con cargos criminales graves, se enfrentan ahora a la indigencia.

Los trabajadores de Maruti Suzuki son blanco de una feroz venganza de años. Lo son porque el MSWU, que fue formado por los trabajadores en 2011-2012 en oposición al sindicato títere de la compañía, reconocido por el gobierno y la planta Manesar, surgió como un polo de oposición a las condiciones brutales de explotación que prevalecen todo a lo largo del cinturón industrial Gurgaon-Manesar y en toda la India.

El 18 de julio de 2012, la patronal provocó un altercado en la planta de producción con trabajadores en la planta Manesar. Durante esos altercados se declaró misteriosamente un incendio que llevó a la muerte de un gerente de la compañía que simpatizaba con la difícil situación de los trabajadores.

Como parte de la campaña mundial que lleva a cabo el Comité Internacional de la Cuarta Internacional para movilizar a la clase trabajadora para conseguir la libertad de los trabajadores de Maruti Suzuki, el World Socialist Web Site publicó una serie de cinco partes exponiendo cómo la policía fabricó pruebas y el juez retorció la ley a propósito para obtener los veredictos de culpable.

Esa serie también observaba que la propia acusación y los propios tribunales insistieron repetidamente que había que usar como ejemplo a los trabajadores de Maruti Suzuki para asegurar a los inversores que el Estado indio garantizaría la “paz laboral” ─es decir, reprimiría brutalmente la resistencia obrera─ y para hacer cumplir la estrategia “Hacer en la India” del Primer Ministro Narendra Modi, que tiene por objeto transformar a la India en el principal centro capitalista mundial de manufactura barata (ver: “ La incriminación de los trabajadores de Maruti Suzuki ─Primera parte ”).

Los recursos, que fueron presentados en junio y julio, señalan numerosos defectos fácticos y legales en el caso de la acusación y en el juicio emitido por el juez R. C. Goyal del Tribunal del Distrito Gurgaon.

Los recursos se explayan sobre los siguientes puntos clave:

*El juicio del tribunal es contrario a la ley y a los hechos que constan.

*El tribunal llegó a sus conclusiones sin un serio examen de las pruebas de las que había constancia y sin tratar las presentaciones del abogado de la defensa que apuntaban a serias inconsistencias y contradicciones en el caso de la acusación.

*Se ignoraron sin razón los antecedentes legales de juicios previos de tribunales citados por la defensa.

*El tribunal no puede desarrollar un caso diferente del caso original de la acusación y condenar a los acusados en esa base. Sin embargo, el juez Goyal hizo exactamente eso para remendar agujeros en el caso de la acusación.

*El tribunal no tuvo en cuenta que la patronal se puso en la mira a los dirigentes del MSWU y su resolución de desbaratar los esfuerzos de los trabajadores para afirmar sus derechos. El altercado y los intentos subsiguientes de culpar a los trabajadores por ello y por el incendio en la fábrica fueron parte de una campaña respaldada por la policía y el gobierno por parte de Maruti Suzuki para aplastar al MSWU y callar a los obreros.

*La policía no hizo una investigación libre, justa e imparcial, sino que plantó pruebas, falsificó MLCs (certificados médico-legales) e instruyó o entrenó a testigos.

*El tribunal tenía que absolver a 117 acusados a quienes los abogados de la defensa habían mostrado que la policía había confabulado con la patronal para implicar falsamente en el altercado y el incendio. Legalmente, argumentan los recursos, “ya no es posible basarse en las mismas pruebas con el fin de condenar a los acusados que quedaban”.

Los 13 trabajadores fueron condenados a cadena perpetua porque sus acciones llevaron a la muerte del gerente, Avnish Dev. Por lo tanto, se dedicó un espacio considerable en los recursos a exponer las acusaciones infundadas en este asunto.

Como la muerte de Dev se debió a la inhalación de humo del incendio, la acusación intentó demostrar que los 13 trabajadores victimizados provocaron el incendio. Al menos tres testigos producidos por la acusación afirmaron haber visto a algunos de los trabajadores incriminados encender el fuego. Sin embargo, ninguno de esos testigos pudo identificar a ninguno de los obreros que ellos estaban implicando. Por lo tanto, no se puede decir que estas pruebas hayan incriminado a los recurrentes, afirman los recursos.

La defensa señaló que Dev ofreció su renuncia poco antes de su muerte como protesta por el maltrato a los trabajadores por parte de la patronal de Maruti Suzuki. Los trabajadores, por lo tanto, no tenían ningún motivo para lastimarlo, mucho menos matarlo.

Los recursos indicaban que el tribunal subestimó la afirmación de los trabajadores de que Dev simpatizaba con ellos, aunque mostraron que él los había ayudado a registrar el MSWU en el Departamento de Trabajo de Haryana. Es más, el juez Goyal insistió en que ellos produjeron la carta de renuncia de Dev, aunque esta claramente estaría en posesión de la patronal, no de los trabajadores.

Los recursos también argumentan que la funda de una cajetilla de cerillas que la policía afirma haber recuperado milagrosamente del medio del fuego 17 horas después del incendio obviamente fue plantada allí después. En cualquier caso, la policía y la acusación no pudieron aportar ninguna prueba que ligara a cualquiera de los trabajadores con esa funda de caja de cerillas.

Los recursos también discreparon con la afirmación de que los trabajadores estaban allanando propiedad de la empresa porque se habían quedado después de que terminara su turno. Los trabajadores tenían el derecho legítimo a estar allí, afirmaban los recursos, dado que la patronal acababa de despedir a uno de sus compañeros que había sido incriminado.

La acusación infundada de allanamiento fue un componente importante de la incriminación, ya que sirvió como un mecanismo legal para responsabilizar colectivamente a los trabajadores de otros delitos para los que no había pruebas que los involucraran individualmente.

Los recursos hicieron hincapié en que el tribunal no pudo hacer que la acusación satisficiera el principio legal básico de estipular su caso más allá de toda duda razonable. En vez de ello, el juez Goyal concedió repetidamente el beneficio de la duda a la policía, mientras ponía la carga de la prueba en los trabajadores acusados. “El tribunal”, declaraba uno de los recursos, “ha utilizado repetidamente razonamientos incorrectos para barrer serias pruebas de favoritismo bajo la alfombra, en un intento de proteger a la policía y la investigación chapucera que estaba haciendo”.

Un ejemplo de esto fue el tratamiento por el tribunal del cambio que la policía/acusación hizo entre el FIR (Primer Informe de Información) y el proceso en sus afirmaciones respecto a qué armas empuñaron los trabajadores. Según el FIR, los trabajadores atacaron a los patrones con belcha, varas lathi (palos), sara de acero (varas), danda, etc. Pero durante el proceso, testigos de la patronal de Maruti Suzuki dijeron que los trabajadores usaron “vigas de puerta” y “amortiguadores”. Se usó este cambio para superar la cuestión legítima de dónde habrían podido los trabajadores conseguir tal montón de belcha, varas lathi, sara de acero, danda, etc.

El juez Goyal afirmó que la discrepancia respecto a las armas no importaba, y que en cualquier caso estaba comprendida por ¡la referencia del FIR a “etc.”! De manera semejante, afirmó que cuestiones respecto a cómo los trabajadores podrían haber escabullido vigas de puerta hacia afuera del taller de soldaduras de la fábrica o por qué la empresa nunca denunció que los robos de amortiguadores y vigas de puerta eran irrelevantes.

La policía, observaron los recursos, violó sus propios procedimientos estándares al “recuperar” las vigas de puerta en las viviendas de los obreros; no pudieron confirmar si de hecho habían venido desde la fábrica Maruti Suzuki; y como otras “pruebas” vitales no pudieron someterlas a ningún test forense.

Ningún médico indicó que las lesiones que los patrones sufrieron durante el altercado en la fábrica habían sido causadas por vigas de puerta. Por el contrario, médicos admitieron que las lesiones podrían haber sido causadas por una caída en una superficie dura o despareja, lo cual es altamente probable dada la situación creada por la patronal en la planta ese día. Incluso el tribunal del proceso tuvo que admitir que MLCs presentados por la policía fueron fabricados. Sin embargo, el juez del proceso se precipitó a minimizar el significado de la conducta criminal de la policía, diciendo que las falsificaciones de la policía no significaban que las lesiones fueran “falsas”.

Los recursos tomaron nota de la flagrante injusticia de las conclusiones del tribunal de que ningún trabajador que había presenciado los acontecimientos del 18 de julio de 2012 y que no había sido acusado de ningún crimen fue “llamado como testigo porque no habría dicho la verdad”. La defensa reiteró que no hay base —legal o fáctica— para hacer tal afirmación generalizadora.

Se identificó también un número de lagunas legales. Estas incluían el uso por parte de la policía de un hotel propiedad de Suzuki como la base principal para su investigación y un retraso de entre seis y ocho días en obtener declaraciones de los gerentes de la compañía, para asegurarse de que esas declaraciones se conformaran a la narrativa que la empresa y la policía estaban elaborando.

Resumiendo las pruebas que había presentado mostrando los agujeros y falsificaciones flagrantes en el caso de la acusación y las numerosas lagunas legales del juez, uno de los recursos concluyó, “En el caso actual, la duda no es solo abrumadora, sino de hecho no hay casi ningún aspecto en el que el caso de la acusación sea siquiera creíble”.