El lunes por la noche, el Tribunal Supremo de España ordenó la encarcelación sin fianza de los líderes de las mayores organizaciones independentistas de Cataluña: Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural.

Los dos líderes se encuentran detenidos mientras se investigan los cargos de sedición falsos. Se les acusa de organizar manifestaciones el 20 y 21 de septiembre en las que supuestamente los manifestantes intentaron evitar las redadas policiales contra organizaciones y el arresto de funcionarios asociados con el referéndum sobre la independencia catalana el primero de octubre. La sedición conlleva una sentencia máxima de 15 años de prisión.

La sentencia y el arresto por parte del Alto Tribunal de Sánchez y Cuixart marcan los primeros casos de presos políticos desde el final de la dictadura del general Francisco Franco.

El encarcelamiento de los dos líderes independentistas provocó protestas en Cataluña. El lunes por la noche, miles marcharon, golpeando ollas y sartenes. El martes, miles más salieron a las calles de Barcelona en un paro laboral al mediodía. Una manifestación más se llevó a cabo más tarde esa noche.

El vocero de Òmnium, Marcel Mauri, dijo a los manifestantes: “Ni siquiera el régimen de Franco se atrevió a enviar a la cárcel a los presidentes de Òmnium y ANC, por lo que a partir de hoy saldremos a las calles para exigir la liberación de los prisioneros políticos y democracia”. El martes, ambas organizaciones convocaron a una manifestación que se realizará el próximo sábado para exigir la liberación de los dos líderes.

El fallo del Tribunal Supremo es una indicación de las medidas dictatoriales que el gobierno del Partido Popular (PP) está dispuesto a llevar a cabo, allanando el camino para la imposición del artículo 155 de la Constitución española, que planea invocar el presidente del gobierno Mariano Rajoy el jueves. La invocación del artículo 155 suspenderá el gobierno regional catalán y colocará a la región bajo el dominio directo de Madrid. El artículo 155 podría invocarse conjuntamente con el artículo 116, estableciendo el marco legal para la declaración de un estado de sitio, que implica la suspensión de los derechos democráticos y la imposición de un gobierno policial-militar.

En su fallo, la jueza Carmen Lamela dijo que los eventos de septiembre “no constituyeron una protesta cívica aislada, casual o pacíficamente convocada contra las acciones policiales llevadas a cabo por orden de un juez”. Continuó: “Por el contrario, las actividades ya descritas fueron parte de una estrategia compleja en la que Jordi Cuixart y Jordi Sánchez han estado involucrados durante mucho tiempo como parte de una hoja de ruta diseñada para lograr la independencia catalana”.

El fallo de Lamela es contrario a los numerosos reportajes y vídeos que muestran a Cuixart y Sánchez interviniendo en la manifestación para pedir una protesta pacífica contra el arresto de 14 funcionarios del gobierno catalán. Fue solo después de que los dos hombres se fueron que sucedieron casos aislados de violencia a pequeña escala, que no pasaban de vandalizar varios vehículos de la Guardia Civil.

En el mismo tribunal donde los separatistas fueron condenados a prisión, el jefe de la policía regional catalana de los Mossos ’Esquadra, Josep Lluís Trapero –también investigado por sedición por no controlar las protestas del 20-21 de septiembre– fue, a todos los efectos prácticos, puesto en libertad condicional mientras espera la sentencia. Se vio obligado a entregar su pasaporte, permanecer en España y personarse en el tribunal cada dos semanas.

La Fiscalía del Tribunal Supremo, que considera que las restricciones de Lamela sobre el Sr. Trapero son demasiado indulgentes, está buscando formas de encarcelarlo recurriendo su puesta en libertad. La fiscalía está solicitando que la investigación de la sedición se extienda hasta el primero de octubre, el día del referéndum secesionista. Con ese fin, la Guardia Civil ha buscado en las oficinas del gobierno regional en Reus (Tarragona) pruebas de que los Mossos no cumplieron las órdenes de incautarse de las urnas y el material electoral el día del referéndum.

La judicatura española ha dejado en claro que estas son solo las etapas iniciales de un encarcelamiento de independentistas a gran escala. El martes, el Tribunal Constitucional dictaminó por unanimidad que la ley de referéndum aprobada por el parlamento catalán el 6 de septiembre es inconstitucional y carece de cualquier fuerza legal vinculante, y que el parlamento catalán se ha colocado “fuera de la ley”.

La decisión abre el camino para el enjuiciamiento de todos los que participaron en la organización del referéndum del primero de octubre, o que “no pudieron evitarlo”. Esto incluiría al presidente regional catalán, Carles Puigdemont, miembros de su gobierno, alcaldes, concejales, funcionarios y otras personas que participaron en los preparativos del referéndum.

La prensa burguesa no solo aclama el encarcelamiento de los separatistas, sino que está pidiendo rabiosamente medidas más despiadadas. Isabel San Sebastián, escribiendo para el diario conservador ABC, dijo: “Puigdemont y su mano derecha, Trapero, tienen que pagar caro por el daño causado por su traición. Ellos y algunos más. De [Carme] Forcadell, portavoz del parlamento regional en abierta rebelión contra el orden jurídico ... a [el vicepresidente catalán Oriol] Junqueras y [al ministro regional Raül] Romeva, responsable de la financiación y promoción de este golpe, hasta a los 78 firmantes de esta ‘declaración de independencia’, firmada en flagrante violación de la Constitución actual.

“Todos deben responder por sus acciones ante la Justicia, mejor antes que después. Los fiscales deben acusar y los tribunales deben juzgar, independientemente de las consideraciones políticas. El código penal marca el camino a seguir en los artículos sobre la rebelión, la sedición, la malversación de fondos públicos y la incitación al odio. Debemos actuar sin contemplación”.

San Sebastián refleja la opinión creciente dentro de la clase dominante de que la mejor manera de suprimir el impulso a la secesión es enviar a los independentistas a la cárcel. Los miembros del PP ya han hablado sobre la prohibición de partidos y programas que promueven la secesión, cambiar drásticamente el sistema educativo catalán y disolver los Mossos.

El hecho de que estas medidas puedan provocar una oposición masiva es visto como una oportunidad por parte de la clase dominante, que tendría un pretexto para desplegar a los militares bajo un estado de emergencia, tal como se detalla en el artículo 116. Dicha respuesta ha sido ampliamente discutida durante las recientes semanas en la prensa. Esto significaría la represión no solo de las masas catalanas, sino también de la clase trabajadora en el resto del país. El ejército español ya ha elaborado planes para la Operación Cota de Malla, en la que respaldará las operaciones policiales y de la Guardia Civil en Cataluña.

Otras secciones de la élite gobernante, una minoría, son más cautelosas, lo que genera inquietudes acerca de que las protestas se salgan de control. La Vanguardia, con sede en Barcelona, advirtió de que la detención de los líderes separatistas “es una muy mala noticia”. Continuó: “Tal tensión ahora puede transferirse fácilmente desde las oficinas institucionales y tribunales a las calles, donde las posibilidades de una situación incontrolable se multiplicarán”.

Lo que está claro es que las medidas reaccionarias del gobierno del PP, apoyadas por el Partido Ciudadanos y el Partido Socialista (PSOE), y por todos los sectores del Estado, no se detendrán aunque el presidente catalán Puigdemont se retracte del proyecto secesionista, como se le ordenó hacerlo a partir del jueves.

Después de un cuarto de siglo de escalada de austeridad y guerra imperialista, los mecanismos por los cuales la clase dominante ha tratado previamente de regular las tensiones sociales y contener la lucha de clases en España y en otros lugares de Europa se han roto. España se dirige ahora a la era de las formas autoritarias de gobierno que dominaron gran parte de su historia durante el siglo XX.

La Unión Europea y los jefes de otros gobiernos europeos no ofrecen otra alternativa a este impulso hacia un gobierno autoritario. Más bien, continúan dejando claro que apoyan la represión de Rajoy porque comparten el mismo objetivo de suprimir la oposición social a la guerra, el militarismo y la austeridad.

El martes, la Comisión Europea se negó a comentar sobre el encarcelamiento de los líderes separatistas, afirmando una vez más que la crisis de Cataluña es “un asunto interno” en relación con el “orden interno legal y constitucional de España”.