El fin de semana se produjeron amargos conflictos dentro de la Unión Europea (UE) por la suspensión de España del gobierno electo de Cataluña después del referéndum sobre la independencia catalana del primero de octubre y la fuga del depuesto presidente regional catalán Carles Puigdemont a Bruselas. A medida que Madrid intensifica su represión en Cataluña después de que el general Fernando Alejandre amenazara a la comunidad autónoma con la intervención militar, una crisis política histórica está sacudiendo a la UE hasta sus cimientos.

Puigdemont se entregó ayer a oficiales de la policía en Bélgica, adonde huyó cuando Madrid suspendió su gobierno, después de que la capital emitiera una orden europea para su arresto y extradición a España. “Estamos preparados para cooperar plenamente con la justicia belga siguiendo la orden de arresto europea emitida por España”, escribió Puigdemont en Twitter.

En medio de las crecientes críticas a Madrid en círculos oficiales belgas, los fiscales dijeron que examinarían la orden, que los abogados de Puigdemont recurrirán, lo que abre la posibilidad de un largo juicio de extradición. “Lo estudiaremos y lo pondremos en manos de un juez de instrucción”, dijo a AP el portavoz de la fiscalía, Eric Van Der Sijpt. “Eso podría ser mañana, pasado mañana o incluso el lunes ... No tenemos prisa”.

Esto se produjo cuando los abogados de ocho ministros catalanes encarcelados en España presentaron quejas sobre su manejo por parte de la policía española. Según el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, los oficiales desnudaron a dos de los ministros, esposaron a los ministros por la espalda y les hicieron escuchar un bucle repetido del himno nacional español en su camino a la cárcel. El depuesto ministro de Justicia catalán, Carles Mundó, habría sufrido heridas debido a las esposas. Los ministros fueron tratados “como si fueran narcotraficantes”, dijo Alonso-Cuevillas a la televisión pública catalana el sábado.

El impulso de Madrid hacia la dictadura, que recibió durante un mes el apoyo total de la UE, es profundamente reaccionario y hay que oponerse a este. Todos los presos políticos en España deben ser liberados, y la clase trabajadora en toda Europa debe movilizarse políticamente en la lucha contra el creciente peligro del gobierno policial y militar. En esta lucha, los trabajadores deben actuar independientemente de, y en contra de las fuerzas de la élite gobernante europea que trabaja con los nacionalistas catalanes, que hablan por facciones de la burguesía catalana, y son hostiles a la clase trabajadora y a los derechos democráticos.

Detrás de la renuencia de los fiscales belgas a extraditar rápidamente a Puigdemont, reside la preocupación en los círculos gobernantes de que la crisis catalana ha expuesto el redireccionamiento total de la UE hacia los gobiernos de Estado policial y podría provocar una explosiva oposición popular. Se convoca a la huelga en Cataluña para el 8 de noviembre y también se realizan protestas en el País Vasco y el sur de Francia, incluyendo en Tolosa y Perpiñán.

Después de una década de imponer una profunda austeridad y represión policial a instancias de la aristocracia financiera, con millones de desempleados en España y en toda Europa, la UE está profundamente desacreditada. Los vídeos de la brutal represión policial contra votantes pacíficos durante el referéndum del primero de octubre conmocionaron a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, las principales potencias de la UE respaldaron al presidente del gobierno español, Rajoy; Berlín, Londres y París emitieron declaraciones en las que destacaban que veían a Rajoy como su único socio en España.

Desde el primero de octubre, las principales potencias europeas han dado luz verde en todo momento a las fuerzas más agresivas de la clase dominante española. Alejandre, que catalogó a Cataluña como posible objetivo de acción militar y saludó a los soldados “de todas las épocas” —incluyendo la invasión fascista del Generalísimo Francisco Franco en 1939 a Cataluña en la Guerra Civil española— dejó en claro que Madrid está reaccionando al legitimar su herencia fascista para preparar la represión masiva. También dijo que los aliados de la OTAN en España están haciendo planes similares.

Después de que cargos del Partido Socialista Catalán (PSC) advirtieran la semana pasada que los suburbios obreros de Barcelona son un “barril de pólvora”, algunos cargos de la UE temen que un enfrentamiento militar inmediato con Cataluña pueda tener consecuencias peligrosas, provocando una oposición incontrolable en toda Europa. Se preguntan si, ahora que las tropas españolas y la Guardia Civil se están apoderando de la infraestructura y de los edificios estatales de toda Cataluña, podría ser posible un acuerdo con los nacionalistas catalanes.

El ministro belga del Interior Jan Jambon, cuya separatista flamenca Nueva Alianza Flamenca (NVA) envió observadores al referéndum catalán del primero de octubre, criticó la política de Madrid en VTM. Dijo: “ahora el gobierno español actuará en el lugar de un gobierno elegido democráticamente, de miembros de un gobierno que están encarcelados ... ¿Qué hicieron mal? Solo intentaron actuar de acuerdo con el mandato que recibieron de sus electores. Así que me estoy haciendo preguntas”.

Sin embargo, las críticas a Madrid se extendieron más allá de los separatistas flamencos. Elio di Rupo, del opositor Partido Socialista Francófono de Bélgica, dijo: “Me opongo a la política de Puigdemont, pero me sorprendería que el sistema judicial belga lo encarcele. Tengamos un mínimo de dignidad. Vamos a oponernos a la secesión, pero seremos democráticos. Puigdemont abusó de su posición, pero Rajoy se comportó como un franquista autoritario. Busquemos el camino hacia una España más federal”.

La candidata presidencial del Partido Socialista Francés (PS) de 2007, Ségolène Royal, también planteó preguntas en la radio RTL. “Cualquiera puede ver lo extraño que es encarcelar a las personas, en el corazón de Europa, por llevar a cabo una lucha ideológica”, dijo. Royal agregó que esto representa “una disfunción de Europa”. Las instituciones europeas, la comisión o el parlamento, deben proporcionar un foro para la negociación”.

Estos comentarios fueron una respuesta a los llamamientos de Puigdemont la semana pasada a la UE en busca de apoyo. En una entrevista con la radio RTBF belga el viernes por la noche, repitió estos llamamientos y dejó en claro que pretende evitar el estallido de un enfrentamiento entre los trabajadores y el gobierno de Rajoy. Ofreciéndose para presentarse desde Bruselas en las elecciones del 21 de diciembre que se celebrarán en Cataluña bajo la bota de Madrid, Puigdemont calificó los eventos de Cataluña como una “crisis europea”.

Cuando se le preguntó si existía el peligro de una nueva “erupción” en Cataluña, respondió: “Precisamente, estoy aquí para evitar una nueva oleada de violencia”. Advirtió que esta erupción “depende de la decisión del Estado español. Siempre he pedido el diálogo, la no violencia”. Puigdemont también se ofreció a reunirse con Rajoy en Bruselas, y agregó: “Siempre me he sentido inclinado a mantener ese diálogo”.

Hay que advertir a los trabajadores: lo que Puigdemont y sus aliados en la élite gobernante belga y francesa proponen no es una política democrática después de la represión de Madrid en Cataluña. No se oponen al giro de Madrid hacia el gobierno de Estado policial o la legitimación del fascismo. Royal ayudó a supervisar el estado de emergencia en Francia por parte del gobierno del PS, que invitó a la dirigente del neofascista Frente Nacional (FN) Marine Le Pen al palacio presidencial del Elíseo para conversar.

En cuanto al EVN, sus vínculos con los neonazis flamencos y las simpatías de Jambon por la colaboración belga con la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial son bien conocidos.

Más bien, Puigdemont y sus aliados de la UE están cerrando filas con Madrid contra los trabajadores, aceptando las elecciones del 21 de diciembre convocadas por Madrid después de suspender el gobierno catalán, y pidiendo a Rajoy conversaciones incluso cuando Madrid busca imponer una dictadura. Un acuerdo entre Rajoy y Puigdemont negociado por la UE solo podría ser a expensas de los trabajadores, sobre la base de medidas represivas reforzadas y la continuación de la austeridad de la UE.

Grandes secciones de la clase capitalista catalana temen principalmente a la clase trabajadora y apoyarían con entusiasmo un trato antidemocrático. Esto fue subrayado por la decisión de la federación empresarial catalana Foment del Traball de presentar hoy una demanda para bloquear la huelga del 8 de noviembre. Afirmó que los motivos de la huelga “no son cuestiones laborales” y que los organizadores de la huelga “ocultan los motivos políticos” de la acción, es decir, expresar oposición a Madrid.

El único camino para defender los derechos democráticos y evitar un giro hacia las formas de gobierno de Estado policial en España y en toda Europa es la movilización independiente de la clase trabajadora en todo el continente. Los trabajadores no pueden defender sus intereses dentro de la estructura política podrida creada por la suspensión de Madrid del gobierno regional catalán y su vuelta a la dictadura, respaldada por la UE. Más bien, la clase trabajadora debe asumir la defensa de sus derechos sociales y democráticos como una lucha por el socialismo, basada en una perspectiva revolucionaria e internacionalista.

No se puede oponer al giro hacia las formas de gobierno militar-policial en función de la perspectiva fallida de los diversos partidos nacionalistas catalanes, que apuntan a establecer un estado capitalista independiente en Cataluña, aliado de la UE. Esta orientación, que divide a la clase trabajadora y bloquea la unificación de las luchas de los trabajadores contra la austeridad y el gobierno de Estado policial, es reaccionaria. Su objetivo es dejar en el poder a la burguesía catalana, incluso cuando se vuelve cada vez más directamente contra los trabajadores.

Este es en particular el papel del partido catalán pequeño-burgués Candidaturas de Unidad Popular (CUP), que está elaborando su estrategia para las elecciones del 21 de diciembre basadas en llamamientos a Puigdemont. “Queremos saber hacia dónde va el gobierno [catalán]. Y queremos determinación. Ya sea aquí o en Bruselas”, dijo la diputada de la CUP y profesora de la Universidad Pompeu Fabra, Mireia Boya.

Tales apelaciones solo subrayan la impotencia de la CUP, que exige “determinación” por parte de Puigdemont incluso cuando intenta abrir conversaciones con Rajoy para sofocar la oposición de la clase trabajadora a Madrid.