En un discurso de media hora el martes ante la Asociación Nacional de Directores de Medicaid, Seema Verma, la administradora de Trump de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), anunció que el CMS se “asociaría” activamente con los Estados para imponer requisitos de trabajo y otras restricciones a Medicaid.
Verma llamó a la oposición a los requisitos punitivos de trabajo “fanatismo suave de expectativas bajas”. El que el programa de salud del gobierno para los pobres sirva “a adultos en edad laboral y físicamente capaces no tiene sentido”, dijo a la conferencia de jefes estatales de Medicaid. “Lo voy a decir claramente para todas las personas que están en esta sala: Aprobaremos propuestas que promuevan actividades de compromiso con la comunidad”.
La administración de Trump está invitando a los Estados a redactar y enviar amplias exenciones de la ley de Medicaid federal que imponen más que requisitos de trabajo. Para demostrar su compromiso con la “innovación” —es decir, ataques legislativos a los niveles de vida de los trabajadores— el CMS trabajará como “socio” de los gobiernos estatales para aprobar exenciones, acelerar aprobaciones para programas de exención que o bien son “rutina” o bien han mostrado “éxito” en otros Estados, y prolongar el período de máxima exención efectiva hasta 10 años. (Antes las exenciones normalmente se aprobaban para un períodos de cinco años, con posibilidad de prorrogarlo tres años.)
Veintiocho Estados tienen exenciones actualmente pendientes con el CMS. Siete Estados (Indiana, Maine, Arizona, Utah, Arkansas, Kentucky y Wisconsin) ya tienen exenciones que impondrían requisitos de trabajo o capacitación laboral a los beneficiarios. Otras solicitudes de exención incluyen la imposición de primas de seguro, largos periodos de bloqueo por pagos de primas perdidas o incumplimiento de los requisitos de trabajo, límites a la inscripción de por vida, límites de tiempo de inscripción seguidos de períodos obligatorios de bloqueo de reinscripción, copagos por visitas al departamento de emergencias que no provoque la admisión de pacientes hospitalizados y el final de la asistencia con la prima para el seguro patrocinado por el empleador.
Una de las solicitudes más atroces es la de Maine, que quiere solicitar pruebas iniciales de activos financieros. Se evaluarían los ahorros en efectivo y el valor de las propiedades de los solicitantes además de sus ingresos, algo que está prohibido por la ACA. Esto significa que los trabajadores no reunirían las condiciones para los beneficios o tendrían que deshacerse de sus pertenencias para obtener cobertura de salud para sus familias. El Estado de Texas también tiene una exención pendiente para denegar los pagos de Medicaid a los proveedores de atención médica que brindan servicios de aborto.
En oposición al gobernador republicano de Maine, Paul LePage, los votantes estatales se convirtieron el martes en los primeros en la nación en aprobar en las urnas la expansión de Medicaid bajo la Ley de Asistencia Asequible. LePage ha prometido bloquear la expansión a menos que la Legislatura estatal financie la parte que le corresponde a Maine con una expansión.
Stephen P. Miller, el comisionado de Medicaid para el Estado de Kentucky, cuya exención pendiente fue diseñada por la propia firma consultora de Verma, le dijo al Washington Post: “Han oído lo que se ha dicho hoy, y estamos en sintonía con eso”. Está esperando la aprobación de la solicitud de exención de Kentucky “pronto” y espera comenzar a implementar las nuevas restricciones a mediados de 2018. El programa de exención de Kentucky prohibiría ciertos beneficios a los beneficiarios que no los compren y requerirá 20 horas semanales de “actividad laboral”, que pueden incluir el servicio comunitario no remunerado.
Verma también anunció el lanzamiento de “tarjetas de puntuación” del CMS, para calificar los programas estatales de Medicaid, sobre la eficacia con la que están utilizando los fondos para “producir resultados positivos” y ayudar a los destinatarios a llevar “vidas más independientes”.
“Todo estadounidense merece la dignidad y el respeto de las altas expectativas y como funcionarios públicos debemos ofrecer programas que infundan esperanza y le digan a cada beneficiario que creemos en su potencial”, dijo sobre las medidas que eliminarían de Medicaid a más de 9,8 millones de adultos desempleados.
El programa de $ 1,1 billones proporciona seguro de salud a 80,7 millones de personas, o casi un cuarto de la población de los EUA, incluidos 11 millones de discapacitados y 34,8 millones de niños. La mitad de todos los recién nacidos están atendidos por Medicaid. Según la Kaiser Family Foundation, el 79 por ciento de los beneficiarios adultos de Medicaid no discapacitados provienen de hogares que trabajan. El 59 por ciento trabaja; el 41 por ciento de los beneficiarios trabaja a tiempo completo, y aun así no puede permitirse el acceso a una atención médica decente.
La carrera de Verma en el negocio de la política de la salud abarca más de dos décadas. A mediados de la década de 1990, trabajó para la Corporación de Hospitales y de Salud del Condado de Marion, cuyo programa subsidiado de seguro de salud exigía que los beneficiarios desempleados proporcionaran pruebas de que tenían un adulto que trabajaba ayudándolos a pagar las facturas. En 2001, fundó su propia firma de consultoría, SVC Inc. (ahora conocida como HMA Medicaid Market Solutions). El programa Medicaid creado por SVC para el Estado de Indiana, Healthy Indiana Plan, impone un deducible de $ 1.100 (aumentado a $ 2.500 en 2015 con la aprobación de la administración Obama) y requiere que los beneficiarios realicen aportes mensuales a una cuenta de ahorro especial para descontar del deducible. Beneficiarios que se perdieron un pago perdían la cobertura y se les prohibía volver a inscribirse durante 12 meses (reducido a 6 meses en 2015).
Las exenciones de otros Estados, incluido un número actualmente pendiente de aprobación, también fueron redactadas por la firma consultora de Verma. Ha disfrutado de millones de dólares en contratos de consultoría con los gobiernos estatales y con los procesadores de reclamos de Medicaid, como Hewlett-Packard, que posteriormente se adjudican lucrativos contratos de administración con los Estados cuyos programas de Medicaid han sido elaborados por su empresa. “Cuando diseñé las exenciones, descubrí que muchos Estados ni siquiera presentaban sus propias ideas porque suponían que serían rechazadas”, lamentó Verma. “Esos días han terminado. Estamos restableciendo la asociación entre los Estados y el gobierno federal y ese trabajo ya ha comenzado”.
Verma criticó a la administración Obama por no haber ido más allá para privatizar y restringir el acceso de los trabajadores a la atención médica, diciendo que la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que transfirió los costes del seguro de salud de los empleadores a los empleados y obligó a los no asegurados a entregar dinero a las compañías de seguros para planes de cobertura mínima con abusivos costes extra, “simplemente pongan a más personas en el programa”. Culpó a la expansión de Medicaid, que brindó seguro de salud a 11 millones de personas, por “desviar recursos estatales de otras áreas como educación y desarrollo económico” y pidió “iniciativas que reestructuren Medicaid lejos de un derecho abierto a un programa más seguro fiscalmente”.
“En última instancia, las leyes de Medicaid deben cambiar, para que los Estados no necesiten el permiso del CMS para desarrollar soluciones únicas e innovadoras. ... Pero hasta que la ley cambie, me enorgullece anunciar que estamos actuando a través de una serie de cambios que hacen que sea más fácil que nunca que los Estados diseñen enfoques innovadores...”.
Los trabajadores deben tomar el discurso del martes como una seria advertencia. En un país donde casi un cuarto de la población no puede pagar la atención médica básica, la élite financiera está preparando una ofensiva brutal para atacar y arrasar cualquier institución social que no sirva a sus intereses de lucro. Siempre encontrando billones de dólares para la guerra pero nunca nada para la educación o la sanidad, el bienestar de las familias de los trabajadores no será respaldado por ningún sector del establishment político burgués.