Puerto Rico proclama un “Nuevo Gobierno” para intensificar sus medidas de austeridad

por Andrea Lobo
20 noviembre 2017

El martes en la mañana, las autoridades puertorriqueñas realizaron una audiencia pública para promover la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”. El proyecto de ley y las vistas, que siguieron el anuncio de que 70 000 hogares fueron totalmente destruidos cuándo el huracán María devastó el territorio estadounidense el 20 de setiembre, ambos constituyen advertencias de que están preparando una ofensiva brutal contra los trabajadores y jóvenes puertorriqueños.

Refiriéndose a los “gastos excesivos históricamente” y a daños causados por los huracanes Irma y María que podrían sobrepasar los $100 000 millones, el proyecto de ley indica, “nos hemos visto forzados a repensar y rediseñar el Gobierno de Puerto Rico”. Entre otras medidas drásticas, llama a “autorizar al Gobernador a reorganizar, externalizar, consolidar y suprimir, agencias, programas y servicios de la Rama Ejecutiva mediante Orden Ejecutiva”.

No cabe duda de que tales poderes dictatoriales tienen como objetivo imponer los dictados de austeridad de la Junta de Supervisión Fiscal encargada de asegurar los pagos a los tenedores de bonos de la deuda puertorriqueña de $74 000 millones. Los oficiales locales reconocen que, a fin de recibir cualquier parte de los $94 400 millones de asistencia que le solicitaron a Washington el lunes pasado, no pueden poner en duda la autoridad de la Junta.

La comisionada de Puerto Rico en el Congreso estadounidense, Jennifer González también anunció el lunes que presentaría un proyecto de ley para reformar la Ley Stafford, la cual limita actualmente los fondos de socorro para desastres naturales a la restauración de la infraestructura a su estado previo, que en el caso de Puerto Rico era totalmente inadecuado.

Durante la audiencia sobre el “Nuevo Gobierno”, realizada en conjunto con ambas cámaras legislativas coloniales, los oficiales públicos tomaron turnos para buscar legitimar la explotación de la crisis humanitaria actual y el caos de los esfuerzos de asistencia para volcar agresivamente las instituciones públicas.

La intensidad de las medidas que preparan se refleja en su insistencia de que esta reestructuración del Gobierno irá dirigida a hacer valer el plan fiscal existente de 10 años, el cual tiene como meta reducir el número de las agencias públicas de 130 a 35 y recortar los gastos gubernamentales $2 750 millones cada año.

El secretario de Trabajo, Carlos Saavedra, describió la crisis como una ventana de oportunidad para expandir los servicios del Estado a las oligarquías financieras y corporativas. Sin embargo, como también lo demuestran las reafirmaciones hacia los empleados públicos en el proyecto de ley, el principal temor es que dicha escalada en austeridad y privatizaciones provoque un levantamiento de masas y la movilización independiente de los trabajadores puertorriqueños.

“Esto es una oportunidad histórica para hacer un nuevo gobierno”, dijo, un proceso en el que puede “que hayan que mover” empleados. Luego añadió cínicamente que esta legislación específica no ocasionará despidos.

Casi inmediatamente, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo Portela, “Nuestro norte es buscar ahorro del gobierno”. Por su parte, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, simplemente declaró que las 130 agencias públicas eran “innecesarias”.

En medio de esta farsa, y menos de una semana después de que un apagón redujera la generación eléctrica en Puerto Rico del 40 al 18 por ciento, se volvió a ir la luz en gran parte de la isla. Según la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una “falla técnica” en la misma línea de transmisión de la semana previa, que alimenta al área metropolitana de San Juan, hizo que la generación de electricidad volviera a colapsar, esta vez del 50 al 22 por ciento. Varios centros médicos se quedaron sin electricidad.

Pese a que la AEE pudo reestablecer las líneas que fallaron en algunas horas, estos incidentes exponen que no es posible depender en la infraestructura que está siendo reestablecida y que es urgente modernizarla.

Incluso antes del apagón del martes, 31 de las 78 municipalidades todavía no tenían corriente eléctrica del todo, mientras que la mayoría de las otras sólo tienen un acceso parcial. El martes, el sindicato asociado con los trabajadores de la AEE, UTIER, dijo que la figura del 50 por ciento les generaba sospechas porque el Gobierno se rehúsa a hacer públicas las cifras sobre el uso eléctrico promedio a través de la isla.

UTIER también denuncio la subcontratación de una firma privada puertorriqueña para reparar la central de Palo Seco, en vez de enviar a trabajadores de la AEE disponibles. Tales maniobras son señales de que el Gobierno ya está poniendo de lado a la utilidad pública en los esfuerzos de reconstrucciones, que han dependido hasta ahora en los trabajadores públicos.

El mismo día, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y el líder de la AEE, Ricardo Ramos, prestaron sus declaraciones ante la comisión de recursos naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en una audiencia que en sí fue otro paso hacia la privatización de la entidad.

A lo largo de la sesión, los legisladores estadounidenses buscaron retratar a la AEE como un desastre irreparable y corrupto, atacándola por firmar un contrato enormemente sobrevalorado de $300 millones con una diminuta e inexperimentada empresa, Whitefish Energy. Ramos insistió en que la compañía ofrecía los mejores términos, pero reconoció que la AEE ya ha estado fallando desde hace mucho tiempo y que era susceptible a la corrupción. Por otra parte, Rosselló fue directo al grano, declarando que estaba considerando privatizar la compañía eléctrica.

Desde que el Gobierno de Obama creó la Junta de Supervisión Fiscal en el 2016, compuesta por un grupo de operativos políticos derechistas encargados con imponer austeridad dictatorialmente y canalizar dinero a Wall Street, ha rechazado restructurar la deuda y ha llamado abiertamente a privatizar la AEE.

Una ilustración clara de esto fue dada por uno de los miembros de la Junta, Andrew Briggs. The Intercept reportó el martes que, en un evento público, Briggs dio una lista que las presuntas barreras previniéndole a Puerto Rico recuperarse, incluyendo: “leyes de salario mínimo, normas laborales que requieren una causa justa para despido, días pagos por enfermedad, licencia por paternidad y pago de tiempo extra”. En este sentido, dijo que esperaba que el huracán provocara algunos cambios, “como un alcohólico que no puede llegar más abajo”.

Las condiciones económicas de la isla son el resultado de más de un siglo de explotación colonial de la clase obrera de la isla como una plataforma de mano de obra barata y, más recientemente, de la huida de capitales de inversión en busca de una fuerza laboral más barata en otras partes del mundo, particularmente Asia, lo que ha resultado en una contracción económica del 10 por ciento durante la última década.

Casi dos meses después del huracán María, la mayoría de puertorriqueños todavía viven una pesadilla. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EUA reportó que el 80 por ciento de los 60 000 hogares que requieren un techo temporal todavía no recibe uno y que sólo el 7 por ciento de los escombros ha sido removido.

Laura, una trabajadora de limpieza retirada de la Ciudad de Nueva York, quien vive en el pueblo de Arroyo, al sureste de Puerto Rico, le dijo al WSWS, “Acabo de recibir de vuelta mi electricidad la semana pasada. La compañía Stryker, que tiene una fábrica con 1000 trabajadores y hace equipos médicos, contrató a una compañía privada para que rehicieran toda la infraestructura eléctrica para que su fábrica funcionara de nuevo. Los postes están hechos de concreto en vez de madera, que se cae muy fácilmente en un huracán. Las personas en los pueblos a su alrededor esperan poder tener electricidad de nuevo”.

“Las personas están limpiando el agua contaminada y hay un problema serio de mosquitos también. Muchas de las aguas negras van al agua, y los ríos van al mar. Hay una mancha de un cuarto de milla en las playas. Pero, es aún peor en las áreas más pobres del campo y en las montañas. Todavía hay partes a las que no han llegado donde las personas necesitan agua limpia. Algunas casas sin techos todavía no han recibido lonas para cubrirlas de los elementos.

“Dicen que podría tomar nueve meses para que la electricidad vuelva completamente. Si no fuese por los trabajadores municipales y otras personas aquí en Arroyo levantando los postes y cabes caídos, limpiando y removiendo los escombros, todavía estaríamos en un desastre. Las profesoras han limpiado las escuelas, personas con generadores extras se los están llevando a los adultos mayores. Pero temo que todo vaya a ser peor después del huracán. Necesitamos ayuda”.

En una señal de total indiferencia al sufrimiento del pueblo puertorriqueño por parte de Washington, el Pentágono está retirando unidades militares estadounidenses enviadas para los esfuerzos de socorro, incluyendo docenas de helicópteros que estaban realizando misiones para dar asistencia. “Ya salimos de la fase de emergencia, pero las personas todavía necesitan ayuda”, le dijo el general Jeffrey Buchanan a CNN después de anunciar que retiraría sus tropas.

La semana pasada, un nuevo conjunto de escuelas reanudaron clases, alcanzando un total de 932 escuelas abiertas del total de 1132. Se espera que una gran parte de las que quedan no sean abiertas del todo y que una de las oportunidades que buscan explotar las autoridades puertorriqueñas es la de privatizar todo el sistema educativo. La secretaria de Educación, Julia Keleher, ya tuiteó el último mes que la transformación de Nueva Orleans después del huracán Katrina en un distrito compuesto completamente por escuelas concertadas o charter como un “punto de referencia”.

Por su parte, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció el martes que alrededor del 10 por ciento de los hogares que sirve todavía no tienen agua potable. En términos de telecomunicaciones, sólo el 60 por ciento de la isla tiene cobertura de celular.