En un memorando publicado viernes en la noche, la administración de Trump anunció que tomará medidas concretas para encarcelar de manera indefinida a los inmigrantes capturados que crucen la frontera. Desde que el presidente Franklin Roosevelt ordenó el internamiento de japoneses y japoneses-americanos, el Gobierno no ha puesto en marcha una encarcelación masiva a tal escala.

La nueva política es parte de una campaña general de terror por parte de la administración Trump, con la complicidad de los demócratas, dirigida a los trabajadores inmigrantes. El jueves, funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, todas las siglas en inglés) allanaron una planta empacadora de carne en la zona rural de Tennessee, arrestando a 97 inmigrantes, en una de las incursiones más grandes en el lugar de trabajo en los últimos años.

La nota de la administración Trump expandirá exponencialmente la constelación de campos de internamiento de inmigrantes que salpican el suroeste de Estados Unidos. Exige que el fiscal general y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) "asignen todos los recursos disponibles legalmente para construir, operar, controlar o modificar —o establecer contratos para construir, operar, controlar o modificar— instalaciones para detener a inmigrantes por violaciones de la ley de inmigración en o cerca de las fronteras de los Estados Unidos".

Desde el viernes, ningún líder del Partido Demócrata ha indicado su oposición al memorando. En marzo, los demócratas se unieron a los republicanos para aprobar un proyecto de ley de gastos de 1,3 billones de dólares que incluye una disposición que otorga a Trump el poder para expandir el sistema de cárceles de inmigrantes "según sea necesario para garantizar la detención de extranjeros con prioridad de deportación".

La nota del viernes ordena al DHS que produzca "una lista detallada de todas las instalaciones existentes, incluidas las militares, que podrían usarse, modificarse o reutilizarse para detener a extranjeros por violaciones a la ley de inmigración en o cerca de las fronteras de los Estados Unidos." El verdadero propósito detrás de la decisión de Trump de desplegar 2000-4000 tropas de la Guardia Nacional en la frontera entre Estados Unidos y México es movilizar soldados para custodiar campamentos de detención militares improvisados o liberar a ICE y agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para que realicen esa función.

El memorándum cita como autoridad ejecutiva las órdenes emitidas por Trump en enero de 2017 que piden el fin de lo que Trump llama la política de "captura y liberación". Este es, de hecho, un principio básico del debido proceso. Los inmigrantes que son entrevistados por un oficial de asilo cuales puedan demostrar un "temor creíble" de regresar a su país de origen, se les permite vivir en los EUA mientras que sus procedimientos de deportación se llevan a cabo en el tribunal administrativo.

Tanto la demanda del memorándum de una evaluación de los centros de detención nacionales como su momento en tiempo —después de casi una semana de declaraciones racistas y antiinmigrantes de Trump y el anuncio del despliegue de la Guardia Nacional— indican que Trump está tomando medidas activas para poner su plan de internamiento en acción.

La medida se ve reforzada por una decisión de la Corte Suprema de marzo, de que los inmigrantes no tienen derecho a audiencias de fianza. Como resultado, la implementación del plan de Trump dejará decenas o cientos de miles de inmigrantes encarcelados durante meses o incluso años. El caso promedio de inmigración está pendiente por casi dos años.

La nota se basa en un pretexto fraudulento y racista. Cita el "contrabando de drogas y otros artículos, y la entrada de miembros de pandillas y otros delincuentes en la frontera de los Estados Unidos" que "amenazan nuestra seguridad nacional y seguridad pública".

La abrumadora mayoría de los inmigrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México son trabajadores que nunca han cometido ningún delito y buscan refugio de sus países devastados por décadas de explotación imperialista y dictadores y escuadrones de la muerte respaldados por Estados Unidos.

La nota del viernes exige que el DHS y el Departamento de Justicia (DOJ) "asignen oficiales de asilo a los centros de detención de inmigrantes" para determinar rápidamente si los inmigrantes tienen un temor creíble de regresar a sus países de origen. La nota exige que estos oficiales se aseguren de que los inmigrantes no "exploten ilegalmente" las leyes de asilo "para evitar la deportación de extranjeros que de otro modo serían removibles".

En otras palabras, la administración está dando órdenes tácitas a los funcionarios de asilo para negar a la gran mayoría las solicitudes de asilo y garantizar la deportación más amplia posible. Durante las entrevistas de temor creíble, los agentes rutinariamente cometen fraude, inventan testimonios, destruyen documentos y pertenencias de los inmigrantes y los obligan a firmar documentos que no han leído.

La nota también pide que el Secretario de Estado y DHS tomen medidas "contra los países que se nieguen a aceptar rápidamente la repatriación de sus nacionales". Algunos países, como Somalia, Camboya y otros, no aceptan la repatriación de personas que no tienen documentos que demuestren que nacieron en esos países.

El New York Times y el Partido Demócrata han minimizado el significado de la directiva. El Times escribió el viernes por la noche, llamando a la nota "una jugada simbólica" que "por sí sola no endurece la política de inmigración ni toma medidas concretas para hacerlo".

De hecho, la nota ordena al Pentágono armar una lista de campos de internamiento y endurecer sus políticas para detener a los inmigrantes. El Times y el Partido Demócrata temen que las movidas de Trump —publicadas ya tarde el viernes para recibir atención limitada— generará protestas masivas similares a las que afectaron al país después de que Trump emitió su prohibición de viaje inicial en enero de 2017.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de abril de 2018)