El expresidente del Partido de los Trabajadores (PT), Luís Inácio Lula da Silva, mejor conocido como Lula, fue arrestado el sábado tras entregarse a la Policía Federal de Brasil para cumplir una condena de 12 años por corrupción y lavado de dinero. La orden de prisión de Lula fue emitida menos de 24 horas después de que el tribunal supremo del país (STF) rechazó su petición de hábeas corpus. El fallo permitió al Panel 8vo del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) encarcelar a Lula mientras apela la condena penal.

El proceso que condujo al encarcelamiento de Lula se remonta a noviembre de 2015, cuando un exsenador del PT planteó la participación del expresidente en un esquema de sobornos relacionado con contratos de infraestructura con el gigante petrolero estatal Petrobras, investigado por la Operación Autolavado (Lava Jato). El proceso subraya tanto la bancarrota política del PT durante sus casi 14 años en el poder como la rápida conducción de la élite gobernante del país hacia formas de gobierno autoritarias.

La condena se basa en cargos de que después de dejar la presidencia en 2010, Lula aceptó un departamento con vista al mar en la ciudad turística de Guarujá, 70 kilómetros al sureste de San Pablo, por un valor aproximado de un millón de dólares, del gigante de la construcción OAS, una de las compañías involucradas en el esquema de corrupción de Petrobras. El juicio no es por el manejo de Lula de una economía capitalista brasileña podrida por la corrupción y dirigida contra la clase trabajadora.

La evidencia contra Lula consiste en poco más que un documento interno de OAS que contiene sobrenombres relacionados con el departamento que los ejecutivos de OAS afirman que se usaron para referirse a Lula y su difunta esposa, Marisa Letícia. Los documentos supuestamente demuestran que el departamento, que todavía pertenece legalmente a OAS, estaba reservado de manera encubierta para Lula, pero esa propiedad no fue transferida oficialmente.

Significativamente, tanto el juez del 13er distrito, Sergio Moro, como el panel de tres jueces del TRF-4 declinaron nombrar cualquier favor específico otorgado o prometido por Lula a OAS, alegando en cambio que “la probabilidad más allá de una duda razonable” de sus servicios prestados podría inferirse de “la totalidad” de sus demostradas relaciones con los dueños del gigante de la construcción.

Según una ley que el propio Lula firmó en 2010, el expresidente ahora tiene prohibido presentarse a las elecciones presidenciales en octubre debido a su condena por el tribunal de apelaciones. Durante casi dos años, Lula ha liderado las encuestas con 35 por ciento de apoyo. Las encuestas también han mostrado apoyo para Jair Bolsonaro, fascista capitán del ejército de reserva, que tiene un 20 por ciento, el mismo nivel que la tasa de abstención esperada. El apoyo a Lula y Bolsonaro refleja el disgusto generalizado con todos los partidos políticos, incluido el PT.

El reciente anticipo de que se podría otorgar la petición de hábeas corpus de Lula desencadenó el martes 3 de abril un aluvión de amenazas militares, que indudablemente hizo sentir a la Corte Suprema que estaba votando a punta de pistola para evitar un golpe.

El diario más antiguo de Brasil, O Estado de São Paulo, que apoyó la dictadura militar respaldada por Estados Unidos desde 1964 hasta 1985 y es un portavoz militar desde hace mucho tiempo, lanzó el primer disparo de advertencia. Citó al general del ejército de reserva y excomandante de la División Este, Luiz Schroeder Lessa, quien dijo que otorgar la petición de hábeas corpus de Lula significaría que “no habrá alternativa excepto una intervención militar” y que la Corte Suprema estaría “induciendo a la violencia” al permitirle apelar mientras se encuentra en libertad. Horas después, el comandante del ejército, Eduardo Villas Boas, tuiteó “que el ejército comparte los sentimientos bien intencionados de los ciudadanos contra la impunidad para Lula”.

La orden de Moro de negar la petición de hábeas de Lula, que luego la Corte Suprema ratificó, fue escrita en un distintivo tono fascista, justificando el arresto anticipado con el argumento de que las apelaciones aclaratorias permitidas por la ley eran “una patología dilatoria que debería ser eliminada del mundo legal”. La edición brasileña de El País de España descubrió el 6 de abril que la oficina del fiscal general había enviado al TRF-4 una solicitud secreta de que se acelere la orden “para socavar la omnipotencia de Lula”. Esto evitaría que Lula “manipulara a las masas” para obstruir el arresto.

Después de que Moro le concedió a Lula 24 horas para entregarse el jueves, Lula fue a la sede del sindicato de trabajadores metalúrgicos de la llamada “región ABCD”, al sureste de la ciudad de San Pablo, donde el PT organizó una manifestación con miles de partidarios que intentaron bloquearlo para que no se entregara. Luego los abogados defensores de Lula negociaron más tiempo con los fiscales para evitar una represión sangrienta de la manifestación.

Finalmente, Lula se entregó tras un discurso de una hora en el que hizo todo lo posible para asegurar que no era una amenaza para los intereses del capitalismo, recordando las huelgas de la década de 1980 que derribaron la dictadura respaldada por EUA y afirmando que siempre “aprendió de los trabajadores” acerca de cómo proceder. De hecho, el gobierno de Lula trabajó desde su inicio para estabilizar el capitalismo en Brasil y anunciarse ante las potencias imperialistas como ejemplo de un partido burgués de gobierno. Los servicios que Lula prestó al imperialismo le valieron de forma célebre los comentarios elogiosos de Barack Obama en 2009 de que era “el hombre” y el político más popular de la Tierra.

El PT ha sido el partido de gobierno preferido de la burguesía brasileña durante casi 14 años, configurando todo el aparato represivo que actualmente se está volviendo contra el PT. El partido de Lula incluso nombró a cinco de los seis jueces de la Corte Suprema que votaron contra su petición de hábeas corpus.

En medio de un viaje hacia la dictadura y una intervención militar en Río de Janeiro, el PT está cortejando a los militares, culpando a la prensa por “hacer un uso indebido” de los comentarios de Villas Boas y diciendo que ellos “también están contra la impunidad”, “igual que Villas Boas”, con el candidato del PT a gobernador de Río, Celso Amorim, escribiendo en un artículo del 25 de febrero en Carta Capital, portavoz del PT, que hay que oponerse al presidente derechista Michel Temer porque en la década de 1990 “Brasil rechazó esta mentalidad de sujeto para el papel de las fuerzas armadas”, por lo cual “ellas deberían luchar contra el crimen y dejar de lado ambiciosos proyectos nacionales como el submarino nuclear y los aviones de combate supersónicos”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de abril de 2018)