Después de que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) anunciara el martes un despiadado paquete de austeridad dirigido contra el sistema de pensiones, las principales ciudades del país han sido testigo de las mayores protestas desde que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) regresó al poder en el 2007. El Gobierno de Daniel Ortega, quien ha sido por décadas el líder del FSLN, llamó a sus simpatizantes, operativos y al aparato policial a lanzar una “Movilización Permanente en Defensa”.

La rama nicaragüense de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha registrado a 27 personas fallecidas, incluyendo un periodista, 43 desaparecidos, 20 detenidos y docenas de heridos. Estas cifras no han sido confirmadas por la Cruz Roja. Además, la FIDH es financiada por Ford Foundation y Open Society Foundation, ambas conectadas al aparato de inteligencia estadounidense; sin embargo, el Gobierno nicaragüense no ha contradicho esta información.

El domingo, después de que aparecieran reportes de oficiales policiales siendo arrestados por no acatar las órdenes para reprimir a los manifestantes, Ortega anunció que cancelaría la reforma de pensiones y entablaría una negociación con las cámaras empresariales, los sindicatos y la Iglesia.

En Estelí y Managua el viernes por la noche, después de que varios edificios del Gobierno, otras infraestructuras y sedes del FSLN fueron atacados, y en algunos casos incendiados, fue desplegado el ejército. El siguiente día, en su primer discurso público sobre las manifestaciones, Ortega apareció junto a los titulares del ejército y la policía, pidió una “reconciliación” dentro de la clase gobernante, defendió las exoneraciones de impuestos para las grandes empresas y enfatizó que el FSLN ha sido por décadas el garante de la “estabilidad” para el gobierno burgués en el país. Sin mencionar la represión ni los muertos, buscó sembrar temor con advertencias de una guerra civil y criminalizó a los manifestantes como “agentes del imperialismo”, pandilleros, traficantes de drogas y “exterminadores”.

Mientras que es probable que estén intentando aprovecharse de la crisis organizaciones alineadas con el imperialismo estadounidense para ejercer presión sobre la camarilla en el poder, las manifestaciones tienen características de una explosión popular auténtica contra las reformas derechistas exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las protestas iniciales el miércoles estuvieron conformadas principalmente por trabajadores pensionados y estudiantes universitarios en las dos mayores ciudades del país, Managua y León. Los activistas de la oposición derechista del Frente Amplio por la Democracia (FAD) han estado movilizándose en varias manifestaciones, claramente buscando ganar control de las protestas. Durante los últimos dos días, miles de personas más, principalmente jóvenes, se unieron a la ola de manifestaciones en 11 otras ciudades y varios pueblos.

A partir del primero de julio, las pensiones existentes estaban programadas a caer 5 por ciento, mientras que las pensiones futuras iban a colapsar 12 por ciento. Al mismo tiempo, el decreto ejecutivo que ya había sido firmado aumentaba las contribuciones al seguro social por parte de los trabajadores y la patronal un 0,75 por ciento y 3,5 por ciento, respectivamente. Más allá de las denuncias de la prensa burguesa y las cámaras empresariales, estas medidas no solo fueron sugeridas por el FMI el año pasado, sino que constituyen una enorme transferencia de ingresos de la clase trabajadora a los bolsillos de la burguesía local y sus jefes imperialistas.

El aparato político del FSLN, incluyendo varios medios de comunicación controlados por la élite empresarial alrededor de Ortega, la Juventud Sandinista, todos los principales sindicatos, oficiales locales y los líderes católicos, han organizado conciertos, marchas y sesiones de fotos escenificadas en apoyo de las resoluciones del INSS.

Más allá, varios videos de Managua en redes sociales muestran pickups de la policía transportando a grupos de hombres con camisetas de la Juventud Sandinista, quienes agredieron a manifestantes el miércoles e hicieron un blanco especial de los periodistas. Incidentes similares se reportaron en León y Masaya, mientras que los estudiantes formaron barricadas dentro de la Universidad Centroamericana (UCA) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para protegerse contra estos grupos de choque progubernamentales y la policía antimotines, quienes han utilizado gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes.

La vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, caracterizó a los protestantes como un “grupos minúsculos que azuzan y desestabilizan para destruir Nicaragua”. El Gobierno suspendió clases a nivel nacional el viernes, mientras que la embajada de EUA cerró sus oficinas y llamó a que “las fuerzas del orden respeten la prensa y los derechos de los manifestantes”.

El viernes por la tarde, los medios occidentales celebraron que la líder local de Nueva Guinea, Francisca Ramírez haya convocado a los campesinos para que marchen a Managua en protesta de “todas las reformas de leyes de este país”. Ramírez obtuvo cierta fama internacional como la líder de las protestas contra el planeado canal interoceánico concedido a la firma china HKND.

En un giro dramático, las principales cámaras empresariales y el todopoderoso Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), el cual ha gobernado el país junto a la burocracia del FSLN, se opuso a las medidas del INSS y convocó una huelga patronal en el sector privado el lunes, incluyendo una marcha “por el diálogo y la paz” en el centro de Managua. Hasta ahora, la única huelga que ha sido reportada es de empleados del banco privado Lafise el viernes por la tarde.

En respuesta, el Gobierno cedió y anunció las negociaciones con el Cosep sobre el INSS, “entre otros temas”. Las cámaras empresariales han demandado que el peso del financiamiento del seguro social caiga más fuertemente en las finanzas estatales y en los trabajadores.

Todas las principales cámaras utilizaron el aumento en la cuota del INSS proveniente de la patronal para amenazar a los trabajadores con despidos masivos y con dejarlos sin seguro social, lo que podría terminar socavando las finanzas del INSS. Sus intervenciones en la crisis política actual reflejan una riña cada vez más enconada dentro de la clase gobernante, la cual está perdiendo confianza en la habilidad de Ortega de contener el malestar social en el país, especialmente debido a que preparan ataques mucho más profundos contra los derechos sociales de la clase obrera.

Los oficiales estatales y los operativos del FSLN han justificado los recortes a las pensiones como una medida necesaria para expandir la atención médica a los adultos mayores; sin embargo, una fuente con acceso a los registros financieros del INSS le indicó a Confidencial que dicha institución simplemente está llegando a la bancarrota.

El jueves, un trabajador en Managua en contacto con el WSWS reportó un apagón mediático de las protestas. “Daniel Ortega mandó a cerrar cuatro canales de televisión”, señaló, añadiendo que muchos se unen a las marchas, deseando auténticamente resistirse a las medidas del INSS y a los ataques contra la libertad de prensa, pero lo hacen con hesitación respecto a quienes las organizan.

Al mismo tiempo, los nicaragüenses están dependiendo en las redes sociales para evitar la censura del Gobierno. De hecho, el 12 de marzo, Rosario Murillo anunció que estaba discutiendo con el presidente del Congreso medidas para “revisar” el uso de las redes sociales, dañando “la capacidad de convivencia”.

El FSLN llegó al poder en 1979 en un movimiento nacionalista pequeñoburgués que incluía guerrillas castristas. Para 1990, perdieron las elecciones cuando el Gobierno comenzaba a imponer los dictados de austeridad del FMI. Los sandinistas, sin embargo, mantuvieron un control significativo sobre la burocracia estatal y el ejército durante la década siguiente. Desde que regresaron al poder en el 2007, el autoproclamado Gobierno “socialista” tan solo ha profundizado la explotación de la clase obrera nicaragüense como una plataforma de mano de obra barata principalmente para el imperialismo estadounidense, encauzando prácticamente toda la riqueza de vuelta a los inversores extranjeros o a la élite clientelar local. El 10 por ciento más rico de la población recibe tantos ingresos como casi el 70 por ciento más pobre (CEPAL—Comisión Económica para América Latina de la ONU).

Cerca del 85 por ciento de la población trabajadora tiene ingresos por debajo del umbral de la CEPAL de cuatro líneas de pobreza—“insuficientes para mantener fuera de la pobreza a un hogar el tamaño medio”—. Esta medida se ha mantenido prácticamente constante desde al menos el 2002. Más allá, desde el 2008, la desigualdad ha aumentado de forma marcada.

Según cifras del Banco Central de Nicaragua, el porcentaje de la población económicamente activa (mayores de 15 años edad) brincó de 52 por ciento en el 2009 a casi 75 por ciento en el 2016, en medio de un bono demográfico que casi duplicó a la población trabajadora y más que duplicó las inversiones extranjeras. A pesar del crecimiento tan grande de contribuyentes potenciales al INSS, el fondo pasó de tener un superávit de $7,5 millones en el 2012 a un déficit de $75,8 millones en el 2017, lo que sugiere que, proporcionalmente, los trabajadores están siendo excluidos cada vez más del seguro médico y las pensiones del INSS. Algunos analistas también sugieren una gestión inadecuada e inversiones corruptas para favorecer a los empresarios alrededor de Ortega.

La facción de Ortega en la burguesía se ha visto obligada a profundizar sus medidas de austeridad para pagar los intereses sobre la deuda pública que están creciendo alrededor de 20 por ciento por año, y para contrarrestar la pérdida de ayuda económica venezolana en años recientes. Debido a esto, ha recurrido cada vez más decisivamente hacia establecer una dictadura policial-estatal para suprimir el crecimiento de la oposición social.

Al igual que las cámaras empresariales locales, el imperialismo estadounidense está amenazando con dejar de tolerar a la corrupta burocracia del FSLN, particularmente manteniendo bajo consideración el proyecto de Ley de Condicionalidad de la Inversión en Nicaragua (“Nica Act”) en el Congreso de EUA, que pondría fin al acceso a créditos de instituciones financieras internacionales. Más allá, a medida que la Administración de Trump persigue una confrontación militar y económica cada vez más agresiva contra sus principales rivales actuales, Rusia y China, la presión de Washington procura obligar al Gobierno del FSLN a cortar sus crecientes lazos con Moscú y Beijing, o, sino, buscará instalar un régimen que lo haga.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 abril de 2018)