La Administración de Trump anunció ayer que pondrá fin al programa de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para 86.000 hondureños que han vivido en Estados Unidos durante casi 20 años. Hasta la fecha, el Gobierno de Trump ha cancelado el estatuto para 425.000 inmigrantes, lo que conducirá a una deportación masiva aproximadamente igual a la población de Minneapolis, Cleveland u Oakland.
Las protecciones para estos inmigrantes se vencerán en el 2020, momento en el cual los que estén en EUA bajo el TPS se verán obligados a regresar a sus países de origen, empobrecidos y devastados por la guerra.
El programa TPS está destinado a proporcionar un amparo temporal a inmigrantes de países asolados por desastres naturales o guerras. La decisión del viernes representa efectivamente la eliminación del programa. Ahora con los hondureños, el 97,4 por ciento de todos los beneficiarios de TPS verán perderán esta protección. En su anuncio la titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kirstjen Nielsen, determinó que “el daño en las condiciones de vida en Honduras dejado por el Huracán Mitch, el cual había conducido a la incorporación de Honduras al TPS, se ha disminuido hasta el punto de que ya no debería ser considerado como sustancial".
Aproximadamente 10.000 personas murieron en el huracán de 1998, y la empobrecida nación centroamericana nunca se ha recuperado. A pesar de que el TPS ha sido renovado cada 18 meses desde el huracán, la decisión de ayer no explica qué ha cambiado en el último año y medio. En realidad, no existe una base legal para la revocación de TPS.
Las condiciones en Honduras se han deteriorado aún más desde la última extensión del TPS. Después de que el Partido Nacional de derecha, encabezado por el candidato presidencial oficialista Juan Orlando Hernández, cometiera un flagrante fraude electoral en las elecciones generales de noviembre del 2017, estallaron manifestaciones masivas en todo el país. El Gobierno declaró un toque de queda y un estado de excepción a nivel nacional y desplegó al ejército para reprimir a los manifestantes, matando a 38 y arrestando a casi 1.700. Incluso la Organización de Estados Americanos, dominada por los imperialistas, hizo un llamamiento al Partido Nacional para convocar nuevas elecciones, pero el régimen de Hernández lo ignoró y llevó a cabo una reinvestidura el 27 de enero.
El Partido Nacional ha gobernado Honduras desde el golpe militar respaldado por Estados Unidos en el 2009, el cual derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya. El golpe se llevó a cabo con la aprobación de la Administración de Obama y la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton. Varios manifestantes fueron asesinados en las manifestaciones posteriores al golpe. Las desapariciones de figuras opositoras y activistas, como la líder de derechos indígenas Berta Cáceres, son cada vez más comunes. Cáceres fue asesinada por soldados de élite del Gobierno, dos de los cuales fueron entrenados en Fort Benning, Georgia, el antiguo sitio de la Escuela de las Américas.
Tras décadas de destrucción perpetrada por el imperialismo estadounidense en Honduras, las maras ahora colaboran con la policía y el Estado para aterrorizar a la población. Un estudio del Guardian del 2015 encontró que 35 hondureños deportados de EUA fueron asesinados el año previo. La profesora de la Universidad Estatal de San Diego, Elizabeth Kennedy, le comentó al Guardian: "Estas cifras nos dicen que Estados Unidos está devolviendo a personas a la muerte en violación de las leyes nacionales e internacionales. La mayoría de las personas que, según los informes, fueron asesinadas, vivían en algunas de las ciudades más violentas de algunos de los países más violentos del mundo, lo que sugiere fuertemente que es por eso que huyeron".
La violencia que afecta a la sociedad hondureña tiene raíces profundas que involucran la decisión de Estados Unidos de estacionar a miles de efectivos de sus escuadrones de la muerte o "Contras" en el país en los años ochenta. Desde bases en Honduras, los Contras no solo llevaron a cabo sus actividades antisandinistas y de limpieza étnica en Nicaragua, sino que también asesinaron a activistas de izquierda y llevaron a cabo una represión brutal en Honduras.
Alrededor del 80 por ciento de todos los participantes en la caravana "Estaciones de la cuz" de este año son de Honduras. Se estima que 1.200 personas hicieron el viaje de más de 4.000 kilómetros desde Centroamérica, a través de México y hasta la frontera entre México y Estados Unidos. Doscientas personas se vieron obligadas a acampar en el paso fronterizo entre Tijuana y San Diego durante días antes de que se les permitiera presentar solicitudes de asilo.
Durante el primer año y medio de Trump en el poder, el Partido Demócrata no ha movido un dedo para detener el ataque a los beneficiarios del TPS. Con un país tras otro, Trump ha ido cancelando el estatus de protección para cientos de miles de oriundos de los que llamó "países de mierda" en África, América Central y el Caribe, mientras que los demócratas no han presentado ninguna oposición seria. En cambio, han gastado su capital político denunciando la "intromisión extranjera" y la "interferencia rusa", cultivando un clima xenófobo que alimenta la agenda de ataques contra inmigrantes de Trump y sus asesores fascistas.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de mayo de 2018)