Después de ganar en abril un proceso electoral marcado por el profundo malestar social en el país, Carlos Alvarado, el nuevo presidente de Costa Rica y del segundo término consecutivo del Partido Acción Ciudadana (PAC), pronunció un discurso de investidura virulentamente nacionalista y reaccionario el martes pasado. Su Gobierno, planteó, “nace de un acuerdo nacional, …con el primer gabinete paritario y multipartidista… y un directorio legislativo multipartidista”.

Detrás de esta consolidación histórica de poder en el Gobierno entrante por parte de la clase gobernante, como el mismo Alvarado lo indicó, se encuentran “momentos de incertidumbre en el concierto de las naciones”. Esta fue una indirecta referencia al estancamiento de las inversiones productivas en el país y la región, y la creciente amenaza de conflictos comerciales y militares entre las principales economías globales.

Luego, advirtió explícitamente que la respuesta de la burguesía será una escalada en la ofensiva contra los programas sociales y un choque frontal con la clase obrera: “Seremos austeros… y mantendremos firmes una disciplina fiscal; seremos rigurosos en el control del gasto público”.

En cara a un programa tan derechista dirigido a implementar los dictados de Wall Street y la oligarquía nacional, no queda nada de las meramente decorativas promesas de reformas para asistir a los pobres y reducir la desigualdad que Alvarado y los sindicatos avanzaron durante la campaña.

En preparación para este Gobierno, la última Asamblea Legislativa aprobó reformas laborales y legislativas para acelerar la implementación de las nuevas medidas de austeridad, los ataques contra los puestos de trabajo y la criminalización de las huelgas, particularmente de los empleados públicos y de organizaciones de trabajadores independientes de los sindicatos. Por más de ocho años, han estado en marcha un reame y una expansión de la policía, mientras que los sindicatos están coordinando estrechamente con la nueva Administración para socavar cualquier resistencia.

Más allá, el Legislativo está discutiendo consagrar en la Constitución (los Artículos 176 y 184) nuevos límites severos al déficit público que requerirían despidos masivos en el sector. Otro cambio constitucional (Artículo 112), supuestamente para combatir la “corrupción”, facilitaría la expulsión de cualquier legislador que caiga en desgracia con dos-terceras partes de los diputados.

El precedente histórico para este Gobierno de coalición —encarnado en el acuerdo firmado el 8 de marzo entre Alvarado y Rodolfo Piza, el nuevo ministro de la Presidencia y excandidato presidencial del conservador Partido Unidad Social Cristiana— es el pacto de 1995 entre los líderes de los dos partidos tradicionales de derecha en el país, José María Figueres Olsen del Partido Liberación Nacional (PLN) y Rafael Ángel Calderón Fournier del PUSC.

Mientras que el pacto de 1995 incluía un nuevo programa de ajuste estructural recetado por el Banco Mundial, una amplia desregulación y una privatización parcial del sector bancario y las pensiones, el nuevo acuerdo entre las principales fuerzas políticas incluye nuevos impuestos regresivos, una prohibición categórica de “convenciones colectivas que impliquen aumentar gasto público” y otros ajustes estructurales. Estas políticas actúan en interés de los pagos a los tenedores de deuda y de la acelerada creación de una plataforma de mano de obra barata que pueda competir con los países más empobrecidos del sureste asiático y el resto de Centroamérica y el Caribe.

El discurso de Alvarado se basó en gran medida en su experiencia como gerente regional de mercadeo para la transnacional P&G, empleando nada más que el tipo de “charla” que da un torpe ejecutivo a los trabajadores antes de un despido masivo. Pidió sacrificios para la “causa común” de la “empresa” y citó llamados caducos de unidad nacional hechos por oligarcas de mediados del siglo XIX, a quienes describió como “la generación de nuestros abuelos”.

Frente a una multitud esparcida y peatones y una ciudad a su alrededor que seguían sus vidas con poco interés en la ceremonia, Alvarado trazó las políticas “impostergables” con las que pretende intensificar las décadas de ataques contra el empleo público y los niveles de vida de la clase obrera.

En su intervención de media hora, le urgió a la Asamblea Legislativa —no menos que siete veces— que aprobara el “plan fiscal”, el cual busca imponer un impuesto regresivo al valor agregado e incorporar recortes a los aumentos salariales anuales (anualidades) a los empleados públicos, entre otras medidas para abordar el déficit público.

Durante ese fin de semana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos anunció que el desempleo aumentó el año pasado a 10,3 por ciento y 25 por ciento para la juventud, debido a una caída en los empleos disponibles. Además, los salarios reales cayeron tanto en el sector público como el privado; la informalidad laboral es mayor de 40 por ciento; y 150.000 jóvenes (15-24 años) no estudian ni trabajan.

El martes, Alvarado anunció que seguirá impulsando las privatizaciones parciales de los principales servicios públicos, indicando que el desempleo y las problemáticas del país en educación, transporte, provisión de agua y energía se abordarán dentro del “marco de concesiones” y del “empuje del sector privado”.

En realidad, los recursos existen para un proyecto masivo de obras públicas que provea una infraestructura social de alta calidad y expanda los servicios sociales esenciales para toda la población, al mismo tiempo en que se elimina el desempleo, pero esto requiere tomar control de la enorme riqueza acumulada por un puñado de millonarios oligarcas costarricenses y extraída por las corporaciones transnacionales, cuyos intereses son representados por los partidos en el poder.

Mientras que el ascenso del PAC y el Frente Amplio (FA) se produjo en paralelo a la llegada al poder de los Gobiernos burgueses de “izquierda” a través de América Latina, comenzando por Hugo Chávez en Venezuela, el Gobierno de Solís ni siquiera implementó reformas sociales menores como sus contrapartes sudamericanas. El PAC y el FA expusieron su quiebra política inmediatamente, respondiendo al recrudecimiento de la crisis del sistema capitalista con elevados ataques contra la clase obrera. Sin embargo, de forma similar, los llamados Gobiernos de la “marea rosa”, junto con sus sucesores derechistas, también han intensificado agresivamente sus medidas de austeridad y han realineado sus Estados y aparatos de seguridad con el imperialismo estadounidense.

De hecho, el PAC simplemente ha operado como un revestimiento de las mismas fuerzas tradicionales, particularmente el liberacionismo. El Gobierno de coalición bajo Alvarado es la culminación de una serie de realineamientos dentro de la élite política para enfrentar una creciente crisis de gobierno. Durante los años noventa, el PLN y el PUSC, conforme se desacreditaban tras décadas de eviscerar la salud y educación públicas y los programas de asistencia social, buscaron una nueva fachada que estuviera más alineada con los sindicatos para prevenir el desarrollo de una oposición independiente entre los trabajadores.

En el 2000, Ottón Solís y otros líderes liberacionistas dejaron el partido para fundar el Partido Acción Ciudadana como una alternativa “progresista” e “izquierdista”, oponiéndose a los planes de privatizar el Instituto Costarricense de Electricidad y de entrar en un Tratado de Libre Comercio con EUA. En el 2010, el proyecto de Ottón Solís convenció a y se ganó el respaldó de Luis Alberto Monge, el expresidente liberacionista que consolidó el giro contrarrevolucionario del partido por medio de un pacto en 1982 con Reagan. En el 2014, el exsecretario nacional del PLN, Luis Guillermo Solís quedó electo presidente como candidato del PAC, y ahora el nuevo Gobierno del PAC está incorporando al PLN en su Gobierno.

En un trayecto paralelo, el estalinista y pseudoizquierdista Frente Amplio fue fundado en el 2004 por José Merino y otros políticos que también participaron en experimentos asociados con el PLN, los cuales buscaban contener el crecimiento de la oposición social por medio de partidos “socialdemócratas” como Fuerza Democrática. Una vez que el PAC llegó al poder en el 2014, el FA se atrincheró dentro de la Administración de Solís para fortalecer los lazos del Gobierno con la burocracia sindical.

Los servicios del Frente Amplio al Gobierno y a la clase gobernante costarricense han conllevado una drástica pérdida de apoyo popular entre los trabajadores y la juventud. En las elecciones de febrero, perdió ocho de sus nueve escaños en la Asamblea Legislativa, incluso mientras crece la oposición social en la clase obrera, lo cual fue reflejado recientemente en la huelga del sector público del 25 de abril y en las protestas multitudinarias del Primero de Mayo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 12 de mayo de 2018)