En la madrugada del miércoles, un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo e interrogó a dos ciudadanos estadounidenses por hablar en español mientras compraban comestibles en una gasolinera en Havre, Montana, una ciudad de 10.000 habitantes ubicada a 35 millas al sur de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Poco después de la medianoche del 16 de mayo, Ana Suda y Mimi Hernández estaban esperando en la cola para pagar por leche y huevos cuando un agente en uniforme de la Patrulla Fronteriza se les acercó para exigirles que le mostraran sus documentos de identidad.

“Solo estábamos hablando, y luego iba a pagar. Levanté la vista [y vi al agente], y luego, me pidió mi identificación. Lo miré y dije, ‘¿Hablas en serio?’. Él dijo, ‘Sí, muy en serio’”, dijo Suda al Washington Post.

El agente luego llevó a las mujeres afuera para interrogarlas, en ese momento Suda comenzó a filmar el encuentro. En el v ídeo publicado en Facebook, Suda le preguntó al agente por qué su amiga y ella estaban siendo interrogadas.

En una demostración de abierta xenofobia y desprecio por los derechos democráticos rudimentarios, el agente de la Patrulla Fronteriza respondió: “Señora, la razón por la que solicité su identificación es porque vine aquí, y vi que ustedes están hablando español, lo que es muy extraño aquí”.

Cuando se les preguntó si a las mujeres se las había discriminado racialmente, el agente reafirmó la falta de una base legal para su detención y dijo, “No tiene nada que ver con eso. Es el hecho de que ustedes estaban hablando español en la tienda, en un Estado predominantemente angloparlante”.

Después de unos 35 ó 40 minutos de interrogatorio, el agente finalmente permitió que la pareja se fuera. Más tarde, Suda dijo al Washington Post, “Estaba tan avergonzada ... estar afuera en la estación de servicio, y todo el mundo te está mirando como si estuvieras haciendo algo malo. No creo que hablar español sea algo criminal, ¿sabes? Mi amiga, ella se puso a llorar. Ella no dejó de llorar en el camión. Y le dije, no estamos haciendo nada malo”.

Ambas mujeres son ciudadanas estadounidenses de ascendencia mexicana y ambas nacieron en los Estados Unidos. Suda nació en El Paso, Texas, y se crió en Ciudad Juárez, México; Hernández nació en el centro de California. Al igual que 40,5 millones de otras personas en los Estados Unidos, las mujeres principalmente hablan español en casa y entre los amigos hispanohablantes, aunque también dominan el inglés.

Si bien funciona principalmente en las inmediaciones de las fronteras de los EUA con Canadá y México, la Patrulla Fronteriza está autorizada a operar hasta a 160 kilómetros de la frontera. Dentro de esa área, los agentes tienen amplios poderes para detener, interrogar y arrestar a personas si tienen sospechas razonables de que se ha cometido un delito o una infracción migratoria.

Suda le dijo al Washington Post que tiene la intención de emprender acciones legales contra la Patrulla Fronteriza por su detención. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también anunció que está investigando el incidente.

En un tuit el lunes, la ACLU escribió: “Hablar español no es una razón válida para que la Patrulla Fronteriza te cuestione o te detenga ... La Constitución prohíbe a todas las agencias de aplicación de la ley, incluido @CBP, el uso de perfiles raciales y registros y detenciones arbitrarios”.

La detención de Suda y Hernández se produce cuando el presidente Donald Trump y su administración están alentando activamente a los elementos de derecha y fascistas, refiriéndose repetidamente a los inmigrantes de América Latina como animales, violadores y contrabandistas.

Notablemente, la detención ilegalmente flagrante de ciudadanos estadounidenses por hablar español es otro episodio de la campaña de terror de la administración Trump contra las comunidades de inmigrantes que se ha encontrado con un silencio cómplice por parte del Partido Demócrata, que se centra exclusivamente en presionar a Trump por supuesta intromisión rusa en las elecciones de 2016.

Un portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo en un comunicado que la agencia estaba investigando el incidente para asegurarse de que el agente había actuado de acuerdo con las políticas y procedimientos adecuados, y añadió sin ironía, “Los agentes y funcionarios de CBP se han comprometido a tratar a todos con profesionalismo, dignidad y respeto al aplicar las leyes de los Estados Unidos”.

En realidad, CBP tiene un historial denso de ignorar los derechos humanos y democráticos básicos. En uno de los ejemplos más atroces de los últimos años, el agente de la Patrulla Fronteriza, Lonnie Swartz, fue absuelto de cargos de asesinato en abril por la muerte del ciudadano mexicano Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, por disparos transfronterizos.

Swartz afirmó que su vida estaba en peligro debido a que el niño le arrojó piedras desde 20 pies por debajo mientras el agente se paraba detrás de una valla elevada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Swartz disparó 16 tiros contra Rodríguez, ocho de los cuales lo golpearon en la espalda durante lo que el oficial afirmó era un intento de operación de contrabando de drogas.

(Publicado originalmente en inglés el 22 de mayo de 2018)