El martes, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para eximir a la gran mayoría de las firmas financieras de las regulaciones del banco Dodd-Frank aprobadas después del colapso de Wall Street en 2008. Esto coincidió con informes de prensa según los cuales la Junta de la Reserva Federal (Fed) y otros reguladores bancarios anunciarán ya la semana próxima las propuestas para destripar la provisión de Dodd-Frank más odiada por Wall Street, la llamada “Regla de Volcker”.

La ofensiva acelerada, incluso contra las menores restricciones, sobre la especulación financiera tiene lugar en el contexto de las crecientes ganancias de los bancos y el pago a los directores ejecutivos. El martes, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, una de las agencias que se prepara para destripar la regla de Volcker, informó que los bancos estadounidenses registraron ganancias récord de $56 mil millones en el primer trimestre de 2018, un aumento del 28 por ciento respecto al mismo período del año pasado.

A medida que se acerca el décimo aniversario del desplome de Wall Street en septiembre de 2008, las restricciones simbólicas sobre los bancos aprobadas durante la administración Obama se están desmantelando. Estas medidas mínimas, que incluyen mayores requisitos de reservas de capital, “pruebas de estrés” anuales y restricciones limitadas sobre el comercio de derivados arriesgados, se promulgaron principalmente para proporcionar cobertura política para el rescate multimillonario por parte de la administración de las instituciones financieras responsables de la destrucción mayorista de empleos, millones de ejecuciones hipotecarias y la eliminación de ahorros para la jubilación.

Después de ocho años de la “reforma” Dodd-Frank, la oligarquía financiera estadounidense ejerce su dictadura sobre la sociedad y el gobierno con más firmeza que nunca. Esta élite, que desea no rendirle cuentas a nadie, no tolerará ni siquiera los límites más pequeños en su capacidad para saquear la economía para su propio beneficio personal.

La “regla de Volcker”, que lleva el nombre del ex presidente de la Junta de la Reserva Federal Paul Volcker, se incluyó en la ley Dodd-Frank 2010, pero no fue redactada y aprobada por las agencias reguladoras hasta 2013. No entró en vigencia hasta 2015.

La norma aparentemente prohíbe a los bancos comerciales, que se benefician de depósitos minoristas garantizados por el gobierno federal y otros respaldos del gobierno, especular con fondos bancarios, incluidos los depósitos de los clientes, por cuenta propia, una práctica conocida como negociación por cuenta propia. Sin embargo, la norma incorpora enormes lagunas que permiten a los bancos especular con sus propios fondos al amparo de proteger sus inversiones y proporcionar liquidez a los mercados financieros.

En el momento de su adopción, el Wall Street Journal escribió cínicamente pero con precisión: “Tengan la seguridad de que los bancos encontrarán lagunas. Y tengan la seguridad de que algunos de los autores de la regla de Volcker encontrarán oportunidades de trabajo en el sector privado para ayudar en la búsqueda de tales lagunas una vez que decidan dejar sus cargos al servicio del gobierno”.

Ningún banco ha sido citado por violar la regla desde que entró en vigencia.

Sin embargo, importantes directores ejecutivos de Wall Street como Jamie Dimon de JPMorgan y Lloyd Blankfein de Goldman Sachs han hecho una campaña feroz contra la medida, denunciándola como una restricción arbitraria en los mercados financieros y un impedimento para el crecimiento económico. Los lobistas de Wall Street han gastado muchos millones de dólares sobornando a los políticos de ambas partes para debilitar la regla hasta el punto de volverla totalmente irrelevante.

En un discurso a los banqueros internacionales en marzo, Randal Quarles, el nuevo vicepresidente de supervisión de la Fed, dijo: “Queremos que los bancos puedan participar en la creación de mercado y proporcionar liquidez a los mercados financieros con menos ayuno y plegarias sobre su acatamiento de la Regla de Volcker”.

El plan es hacer que la regla sea letra muerta a través de cambios administrativos en el lenguaje de la regulación en lugar de mediante legislación. A instancias de los principales bancos, los reguladores federales se preparan para ensanchar aún más las lagunas existentes, lo que les permite a los bancos realizar transacciones a corto plazo con sus propios fondos y acumular más activos especulativos en nombre de la “creación de mercado”. También pondrá fin a los requisitos de que los bancos proporcionen documentación para demostrar que sus actividades cumplen con la regla, confiando en cambio en las garantías de los banqueros.

El proyecto de ley aprobado por la Cámara el pasado martes 15 de mayo aumenta el umbral de activos de Dodd-Frank para que las firmas financieras sean consideradas “instituciones financieras sistémicamente importantes” y, por lo tanto, sujetas a una vigilancia reguladora más estricta, de $50 mil millones a $250 mil millones. Esto es presentado por los partidarios demócratas y republicanos como una cuestión de equidad para los bancos pequeños y medianos. De hecho, la prerrogativa cubre compañías tan grandes como American Express, SunTrust Banks y Fifth Third Bank.

Estas compañías ya no estarán sujetas a “pruebas de resistencia” anuales de la Reserva Federal ni a mayores requisitos de reserva de capital. El proyecto de ley también exime de la Regla Volcker a los bancos con menos de $10 mil millones en activos y exime a los bancos que otorgaron menos de 500 hipotecas de los requisitos de información.

Treinta y cinco demócratas de la Cámara se unieron a todos menos a uno de los republicanos de la Cámara para aprobar la medida, que ahora va al presidente Trump, quien se ha comprometido a firmarla. La versión del Senado fue aprobada en marzo con amplio apoyo demócrata, incluidos 11 copatrocinadores demócratas. Un total de 17 demócratas del Senado votaron a favor del proyecto de ley.

Otro aspecto del ataque a Dodd-Frank es la estrangulación de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB). Esta agencia, que carece de poderes serios de aplicación y totalmente subordinada a la Reserva Federal, se estableció bajo la legislación de la era de Obama para dar la impresión de apoyo gubernamental a los consumidores víctimas de prácticas bancarias ilegales o fraudulentas. A pesar de su carácter inofensivo, fue atacada inmediatamente por Wall Street para su destrucción.

Bajo Trump, este proceso ahora está en marcha. La Casa Blanca presionó al remanente de Obama, Richard Cordray, para que renunciara como director de la CFPB y puso en el cargo a Mick Mulvaney, director de presupuesto de Trump, como jefe interino de la oficina para supervisar su desmantelamiento. Mulvaney detuvo las investigaciones, impuso un congelamiento de las contrataciones, evitó que la agencia recolectara ciertos datos de los bancos y propuso cortar el acceso público a una base de datos de quejas de consumidores.

A pesar de las protestas verbales por parte de los políticos demócratas por el desmantelamiento de las regulaciones bancarias, la eliminación de las restricciones a las instituciones financieras es una política bipartidista. El enfoque de tierra quemada de Trump es una intensificación de la línea básica de la administración Obama en lugar de una desviación de ella.

En 2011, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado produjo un informe de 650 páginas sobre la crisis financiera que documentaba en detalle las actividades fraudulentas e ilegales de los principales bancos de Wall Street, con la ayuda de obedientes agencias reguladoras federales corruptas y calificacadoras de riesgo crediticio que tenían intereses propios en promover el fraude hipotecario de alto riesgo de los bancos y otras estafas. En ese momento, el presidente del subcomité, el senador por Michigan Carl Levin, dio una conferencia de prensa en la que dijo que la investigación había encontrado “un pozo de serpientes financiero plagado de avaricia, conflictos de intereses y malas acciones”.

Sin embargo, Obama siguió una política deliberada de proteger a los grandes bancos y sus altos ejecutivos del enjuiciamiento criminal. La especulación financiera y el fraude continuaron sin interrupción, subsidiados por la política del gobierno de suministrar a los bancos crédito casi gratuito por medio de tasas de interés cercanas a cero y el programa de “flexibilización cuantitativa” de impresión de dinero de la Reserva Federal.

A pesar de una ola de escándalos, incluida la manipulación de la tasa de interés clave Libor, la pérdida “London Whale” derivada de $6,2 mil millones de JPMorgan, casos de lavado de dinero que involucran a algunos de los bancos más grandes del mundo y la falsificación de documentos para facilitar las ejecuciones hipotecarias, ni un solo destacado banquero fue acusado penalmente, mucho menos encarcelado durante los años de Obama.

Esto no se debió a las dificultades para obtener acusaciones o condenas. Por el contrario, el fiscal general Eric Holder le dijo a un comité del Senado en marzo de 2013 que la administración de Obama decidió no enjuiciar a los grandes bancos o sus directores ejecutivos porque hacerlo podría “tener un impacto negativo en la economía nacional”.

Mientras tanto, las políticas del gobierno favorecieron una mayor consolidación de las instituciones financieras, incluida la adquisición subsidiada por JPMorgan de Bear Stearns y Washington Mutual, la adquisición de Merrill Lynch por Bank of America y la absorción de Wachovia por parte de Wells Fargo. Como resultado, el dominio absoluto de un puñado de megabancos sobre la vida económica y social de los Estados Unidos es más estricto que nunca.

(Publicado originalmente en inglés el 23 de mayo de 2018)