Una huelga de camioneros que ha durado una semana ha empujado la vida social y económica de Brasil al borde del colapso debido a que los suministros básicos y de comida se están acabando en las principales ciudades, de esta forma impidiendo que funcione el transporte y dejando a los supermercados vacíos.

El Gobierno derechista del presidente Michel Temer ha respondido a la acción pidiendo al ejército de que limpie las carreteras de los bloqueos de los camioneros y reprima la huelga. Esto marca la primera vez que el ejército ha sido movilizado en una escala nacional desde el fin de la dictadura de dos décadas de Brasil que comenzó con el golpe respaldado por EUA en 1964.

Los camioneros comenzaron la huelga el pasado lunes 21 de mayo, conllevando más de 1.000 bloqueos en carreteras en 25 de los 26 estados brasileños.

La principal razón para la huelga es el alza en el precio del combustible diésel, el cual incrementó 19 por ciento el año pasado, aumentando siete veces más rápido que la tasa general de inflación en el mismo período de 2,7 por ciento. En la semana previa al comienzo de la huelga, los precios del diésel fueron reajustados cuatro veces, con un incremento de 5,6 por ciento en el diésel de las refinerías del gigante petrolero estatal, Petrobras.

El continuo incremento del precio de diésel y los otros combustibles en Brasil ha sido causado por la nueva política de precios de los combustibles adoptada por el presidente de Petrobras, Pedro Parente. desde que asumió el cargo tras la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT). Bajo el Gobierno de Rousseff, los precios de los combustibles eran controlados por Petrobras y se encontraban por debajo del precio del mercado, como parte de una estrategia antiinflacionaria.

Como parte de una serie de políticas neoliberales que han sido adoptadas por el presidente brasileño, Michel Temer (MDB), en octubre del 2016 los precios de los combustibles comenzaron a ser ajustados de acuerdo a los cambios en el valor de la moneda nacional, el real, contra el dólar y los precios del petróleo global. En julio del 2017, Parente anunció que Petrobras comenzaría a reajustar los precios de los combustibles “en cualquier momento, incluso diariamente”. Esta nueva política fue introducida al mismo tiempo que comenzaron a subir los precios de petróleo, lo cual, combinado con la devaluación del 12 por ciento del real en los últimos dos meses, ha dado como resultado que el precio del diésel se incremente de manera exponencial.

Un conductor de camiones declaró al diario Folha de S. Paulo que su salario mensual ha decrecido 40 por ciento desde la implementación de la nueva política de precios de Petrobras, de 5.000 reales (US$1.366) a 3.000 reales (US$820). “Antes podías pagar las cuentas, ahora es imposible”, declaró.

Junto con la nueva política de precios de Petrobras, Parente ha estado llevando a cabo un enorme plan de desinversión en la compañía con el objetivo de privatizarla.

Uno de los sectores del plan de desinversión de Petrobras es el refinamiento de petróleo. En los primeros cuatro meses de este año, las inversiones en las refinerías cayeron 47 por ciento comparado con las del mismo periodo el año pasado, lo cual condujo a que se aumentara el cierre de refinerías. Esto, a su vez, fue acompañado por el anuncio de la privatización en abril del 60 por ciento de cuatro refinerías de petróleo, las cuales representan el 33 por ciento de la industria de refinado de petróleo en Brasil.

Hoy, estás refinerías están operando a menos del 60 por ciento de su capacidad, mientras que el promedio nacional es 71 por ciento.

El plan de desinversión se enfoca mayormente en el diésel, el producto más importado por Brasil. En los primeros cuatro meses de este año, las importaciones de diésel incrementaron 58 por ciento desde el mismo periodo el año pasado, y 235 por ciento en relación al mismo período en el 2016.

Estados Unidos es el país que ha más ha incrementado sus exportaciones de diésel a Brasil. Del 2016 al 2017, las exportaciones de diésel estadounidenses a Brasil aumentaron 177 por ciento. En el 2013, 33 por ciento del diésel importado de Brasil vino de EUA, mientras que en el 2017 esa cifra incrementó al 83 por ciento.

La respuesta del presidente Temer a la huelga de los camioneros vino sólo cuatro días después de que comenzara. El pasado jueves, 24 de mayo, ocho sindicatos representando a camioneros y empresas transportistas, como la Confederación Nacional de Trabajadores Autónomos (CNTA) y la Confederación Nacional de Transporte (CNT) alcanzaron un acuerdo con el Gobierno para suspender la huelga por 15 días.

Entre otras medidas, el acuerdo incluía una reducción del 10 por ciento en el precio del diésel en las refinerías por 30 días, que los reajustes al precio del diésel sean mensuales en vez de diarios hasta el fin del año, eliminar uno de los impuestos al diésel y una reducción de peajes en carreteras para los camiones sin carga.

Sin embargo, incluso después del acuerdo, el viernes 25 de mayo, los conductores de camiones continuaron con la huelga con 419 bloqueos en las carreteras brasileñas. De acuerdo a un conductor de camión citado por Folha, “los supuestos sindicatos que están negociando no representan a los camioneros que están en las calles”. Prosiguió: “en los más de 30 grupos de WhatsApp que participo, nadie ha aceptado este acuerdo”.

Según un reporte publicado por BBC Brasil, la huelga comenzó espontáneamente con camioneros autónomos organizándose a sí mismos por medio de redes sociales y grupos de WhatsApp. El 16 de mayo, el sindicato que representa a los camioneros autónomos, CNTA, pidió que se congelara el precio al diésel y la apertura de negociaciones con el gobierno federal pero no obtuvo respuesta. Después de que comenzaran los bloqueos, otros sindicatos que representan a camioneros contratados por compañías de transporte vinieron para apoyar a los camioneros autónomos.

De los aproximadamente 2 millones de conductores de camiones en Brasil, 27 por ciento son autónomos (propietarios de los vehículos) y 58 por ciento son contratados por compañías de transporte. Junto a los largos días de trabajo, los cuales usualmente exceden las 12 horas, y los bajos salarios –85 por ciento de los conductores ganan entre 1 y 3 salarios mínimos—, los conductores se enfrentan a la falta de condiciones seguras y al pobre estado de las carreteras brasileñas.

El apoyo de los empresarios a la huelga de los camioneros, como la organizada por la CNT, la cual representa a las compañías de transporte y participó en las negociaciones con el Gobierno de Temer, condujo a que el ministro de seguridad pública, Raul Jungman denunciara al movimiento de los camioneros como un lockout. Según él, “hay evidencia de que hay una alianza, un acuerdo entre los camioneros autónomos, los distribuidores y las empresas de transportes. Digo esto porque ellos han adoptado una posición común”, reportó el sitio web G1.

Luego de que los conductores rechazaran detener los bloqueos, el viernes 25 de mayo Temer pidió ayuda al ejército. Bajo la guía del derechista general Sérgio Etchegoyen, ministro de seguridad institucional, firmó un decreto de “garantía de ley y orden” (GLO) con vigencia hasta el 4 de junio, el cual otorga el poder policial en la nación a las fuerzas armadas y les permite desobstruir las carreteras brasileñas.

A diferencia de otros GLO, como los decretos del año pasado que autorizaban la represión a los manifestantes contra la privatización de la compañía de agua y desagüe (CEDAE) en Rio de Janeiro y contra protestas por las reformas laborales y pensionarias en Brasilia, esta es la primera vez que se aplica tal decreto para todo el país.

La noche del sábado 26 de mayo había aún 586 bloqueos en las carreteras brasileñas. La determinación de los camioneros a continuar sus huelgas, desafiando tanto al Gobierno como a sus propios sindicatos, instó al Gobierno de Temer el mismo día a autorizar que el ejército despeje las carreteras. Esta medida ha sido justificada con referencia al artículo 5 de la Constitución Federal, el cual dice que “en caso de peligro público inminente” las autoridades pueden tomar la propiedad privada.

En la tarde del domingo 27 de mayo, Folha reportó que aún seguía habiendo 33 bloqueos de carretera en el estado de São Paulo.

Dada la enorme dependencia de Brasil en los camiones, que representan el 61 por ciento de la transportación de bienes, los bloqueos de los camioneros han causado una enorme crisis de suministro a través del país.

São Paulo, la ciudad más grande tanto en Brasil como Latinoamérica, ha estado bajo un estado de emergencia desde el viernes. El combustible se ha acabado en las estaciones de gasolina de la ciudad, después de días previos en los que los conductores esperaban horas en largas filas para llenar sus tanques. Durante el fin de semana, sólo el 40 por ciento de los buses de la ciudad dejaron los garajes debido a la falta de combustible.

Los supermercados se han quedado sin bienes perecibles, como frutas y vegetales, y CEAGESP, el centro más grande de suministros en Latinoamérica, se ha quedado vacío. Durante la semana pasada, los precios de comida han subido 300 por ciento, con el precio de un kilogramo de papas multiplicándose 11 veces. Incluso con que finalice el bloqueo de los camioneros, se necesitaría una semana para que los suministros de comida y combustible regresen a la normalidad.

Los bloqueos de la carretera también están afectando la distribución de medicinas y vacunas, como para la gripe y los hospitales temen que se queden sin oxígeno en los días venideros. Catorce aeropuertos brasileños están sin combustible y 8 por ciento de los vuelos fueron cancelados.

Las perdidas infringidas por la huelga de los camioneros han sido enormes para todos los sectores económicos, con una pérdida total de más de 10 mil millones de reales (US$2,7 mil millones). La falta de autopartes ha obligado a 40 plantas de carros, camiones y buses a parar su producción en Brasil. Según G1, 152 frigoríficos han cerrado y 220.000 trabajadores han sido enviados a casa, con una pérdida a la industria de pollos de 1,2 mil millones de reales (US$738 millones). Mientras tanto, 40.000 toneladas de carne para exportación no pueden dejar el país y 800 millones de reales (US$219 millones) se perdieron en frutas y leche que no pueden llegar a los consumidores.

Al anunciar el decreto del GLO, el general Etchegoyen declaró que “el detonante de la decisión para emplear los recursos energéticos más necesarios fue el riesgo a los suministros”.

Con el índice de aprobación más bajo en la historia —de tan sólo un 6 por ciento de aprobación— y con el desempleo alcanzando 13 por ciento –una cifra que se incrementa al 24 por ciento cuando se toma en cuenta a los que han dejado de buscar empleo—, no hay duda de que el Gobierno de Temer teme que una crisis de suministro desate una insurgencia social que amenace con derrocar su Gobierno.

A pesar de las crecientes dificultades que ha causado la huelga de los camioneros, hay un amplio apoyo popular a su acción, lo cual refleja la imposibilidad cada vez mayor de que la clase trabajadora logre satisfacer sus necesidades bajo el presente sistema.

Sin embargo, al mismo tiempo la izquierda brasileña permanece en un estado de parálisis total, indiferente al creciente descontento en la clase trabajadora. Ha canalizado todos sus esfuerzos hacia el llamado de “Liberar a Lula”, esto es, pedir que sea liberado de prisión el presidente Luiz Inácio da Silva, en dónde sirve una sentencia por cargos de corrupción, para que sea candidato en las elecciones presidenciales a finales de año.

Esto le ha dado la puerta abierta a las fuerzas de derecha para que hagan un llamado a favor de la toma de poder del ejército para que ponga fin a la crisis económica y social. El pasado jueves, según un reporte de la BBC Brasil, “intervención militar” fue la segunda búsqueda más popular en Brasil en Google, mientras que se ha visto a banderas apoyando una toma militar en camiones bloqueando las carreteras.

El descrédito de prácticamente todos los partidos burgueses y políticos en la abrumadora crisis de corrupción que tiene como centro a Petrobras, combinado con la profundización de la crisis económica de Brasil plantea con una urgencia cada vez mayor la coyuntura entre la necesidad de una movilización independiente de la clase trabajadora en la lucha por el poder, o el retorno de un gobierno militar, 33 años después del final de la dictadura militar más larga de América Latina.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 28 de mayo de 2018)