Esta es la segunda parte de una serie de dos partes. La primera parte fue publicada el 21 de junio.

Evidencia irrefutable

Los documentos que fueron encontrados en las oficinas gubernamentales en Trípoli, las cuales fueron abandonadas después de la invasión dirigida por la OTAN en 2011, incluían una carta de sir Mark Allen, un oficial de alto rango de la agencia espía británica MI6, dirigida al director de inteligencia libio, Musa Kusa, quien cambió de lado y huyó a Inglaterra. La carta muestra que la CIA, con la ayuda de la inteligencia británica, usó a Diego Garcia como un intermedio para capturar a Belhaj y a su esposa embarazada.

En una carta fechada marzo de 2004, Allen felicitó a Kusa por la “llegada exitosa” de Belhaj y añadió, “Esto es lo mínimo que pudiéramos haber hecho por usted y para Libia para mostrar la relación admirable que hemos construido en los últimos años”. Añadió que mientras que la CIA había proporcionado la aeronave para la operación de rendición, “la inteligencia... era británica”.

Los mismos documentos develaron que la SAS británica estuvo involucrada en la formación de la Brigada Khamis, la cual es liderada por uno de los hijos de Gadafi y es considerada como responsable de algunas de las peores atrocidades cometidas durante la guerra para derrocar a Gadafi. Noventa de estos asesinos fueron transportados a Reino Unido para recibir entrenamiento, antes de regresar a Libia con el sello de aprobación de Blair.

Los documentos notan que los oficiales observaron que “el Reino Unido está preparado para hacer lo que sea para mantener sus vínculos comerciales y varios otros con Libia”. Blair le ayudó al hijo y heredero de Gadafi, Saif al Islam, a obtener su tesis de doctorado –supuestamente plagiada– de la Escuela de Economía de Londres.

Los documentos relacionados con la colaboración de Reino Unido y el MI6 con Gadafi son tan voluminosos que superan por mucho los de la CIA. Nada de esto previno que Blair, y sus sucesores Gordon Brown y David Cameron se posicionaran en la arena internacional como defensores de los derechos humanos.

Inicialmente, tanto Straw como Allen desmintieron cualquier participación británica en la rendición extraordinaria, nombrándolas “teorías conspiratorias”. Cuando los documentos libios revelaron la complicidad británica en las detenciones y las torturas, Straw dijo que no era razonable que él supiera todo lo que estaban haciendo las agencias de inteligencia, mientras que Blair dijo que no tenía “ninguna memoria en absoluto” de la rendición de Belhaj.

Las agencias de inteligencia estaban determinadas a no asumir la culpa y contradijeron esto absolutamente, argumentando que esto fue “una política gubernamental autorizada por el ministerio”. Sir Richard Dearlove, el director del MI6 en ese entonces, dijo, “Fue una decisión política, tras desarmar significativamente a Libia, que el Gobierno cooperara con Libia en relación con el terrorismo islámico”.

En un momento, Belhaj ofreció cancelar los procedimientos judiciales en cambio de solo £3 en daños, una admisión de responsabilidad por lo que pasaron él y su esposa, y una disculpa por parte del Gobierno británico. El Gobierno rechazó su oferta y buscó que las cortes bloquearan una serie de demandas legales relacionadas al caso.

Después de la publicación de la correspondencia en 2011, la Policía Metropolitana llevó a cabo una investigación de cuatro años, recopilando 28.000 páginas de evidencia sobre el papel de Reino Unido en las rendiciones extraordinarias y la tortura, mostrando que la conducta de un oficial británico llegó al nivel de mala conducta bajo un cargo público.

A pesar de una recomendación policiaca, el Servicio de Enjuiciamientos de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) reportó que no había suficiente evidencia para enjuiciar a nadie. Sin embargo, estuvo forzado a declarar que “el sospechoso”, descrito como un oficial público, refiriéndose a Sir Mark Allen, estaba al tanto de la rendición.

Belhaj solicitó una revisión judicial de la decisión del CPS de no enjuiciar a Straw o Allen. En febrero de este año, las audiencias judiciales mostraron documentos notando que las agencias de inteligencia trataron a todos los miembros de la comunidad musulmana británica, unos 2 millones de personas, como potenciales amenazas de seguridad.

Los memorandos declararon, “Los elementos conectados a las organizaciones terroristas, especialmente en países en el norte de África, están involucradas en operaciones criminales como falsificaciones y migración ilegal” y “líderes y elementos clave de organizaciones como Al Qaeda. Estos elementos tienen habilidades ‘quimobiológicas’”.

Reino Unido accedió a que los oficiales libios trabajaran en sus calles, a lado del MI5, su servicio de inteligencia doméstico, para asistir con la vigilancia de disidentes de Libia basados en Reino Unido. El MI5 prefirió establecer espías en los grupos disidentes que parecieron ser una amenaza en lugar de usar “una vigilancia policial directa, lo cual dejaría la impresión de que Reino Unido actuó en contra de la comunidad islámica”.

Otros documentos notan que las agencias de seguridad británicas y libias acordaron “trabajar juntas e intercambiar información en áreas específicas” incluyendo Irán, Iraq, Malí, Mauritana, Nigeria y Turquía, para aumentar “la cooperación en el campo de monitoreo del Internet” y establecer una línea directa para “reportar los sitios que deben ser monitoreados por la falta de personas que hablan árabe fluidamente en la oficina británica de asuntos exteriores”.

Determinado a prevenir más revelaciones, el Gobierno pidió audiencias secretas bajo el manto del Acto de Justicia y Seguridad de 2013 para “proteger la seguridad nacional”. Sin embargo, la corte invalidó la demanda de secretismo del Gobierno ya que la legislación que permite audiencias secretas es solo para casos civiles, y este caso involucraba la decisión de abrir un enjuiciamiento penal. Cabe notar que el juez de dio al Gobierno dos semanas para publicar el reporte policial y las declaraciones hechas por 75 testigos, sobre todo otros oficiales gubernamentales entrevistados por la policía, a los abogados de Belhaj.

Temas más generales

Este caso prueba que no se puede creer ni una sola palabra que ha dicho el Gobierno en oposición a esos grupos islamitas. Los usa cuando quiera y de la manera que necesite en casa y en el exterior.

En su mayor parte, los medios reportaron la disculpa de May sin comentario. Nadie quiere señalar el hecho de que siguen en marcha la colusión británica con terroristas islamitas como Belhaj.

A pesar de mentirle repetidamente al Parlamento y romper tanto las políticas del Gobierno como la ley internacional, no se va a rendir cuentas con nadie en el Gobierno laborista de Blair. Lo mismo aplica para la agencia espía británica o el servicio civil.

El asunto va a ser enterrado por el Comité de Inteligencia y Seguridad (ISC), compuesto por miembros del Parlamento y compañeros vetados por el primer ministro, quien ahora examinará el caso de Belhaj. Sin importar lo que digan Straw o cualquier oficial al ISC, todo será detrás de puertas cerradas. El ISC ya ha aceptado sin crítica las declaraciones falsas de las agencias espías, incluyendo el papel que desempeñó Reino Unido en la detención y tortura del residente británico Binyam Mohamed en la Bahía de Guantánamo.

A pesar de la decisión de la corte, el Gobierno se rehúsa a difundir el archivo de Belhaj y busca impedir la divulgación de otros documentos sobre la relación entre los regímenes británicos y libios solicitados por la Libertad de Información por Nigel Ashton, profesor de historia internacional en la Escuela de Economía de Londres.

Ashton originalmente pidió archivos cubriendo el periodo desde el bombardeo de Bockerbie en diciembre de 1988 a la invasión de 2011, pero después enfocó su pedido al periodo de 1990 a 2002, como parte de una evaluación más abierta sobre la respuesta británica al bombardeo de Lockerbie y el apoyo de Gadafi al IRA respecto a sus “problemas” con Irlanda del Norte, el periodo de acercamiento posterior a 2003 que incluyó la complicidad británica en las rendiciones y en el derrocamiento del régimen de Gadafi.

El año pasado, un tribunal rechazó la solicitud del Gobierno alegando que esta era “abusiva”, diciendo que la solicitud de Ashton era para “información que es de gran valor e importancia pública”. Ahora, el Gobierno está apelando esta decisión, diciendo que tomaría demasiado tiempo redactar los documentos antes de difundirlos para proteger la seguridad nacional y las relaciones internacionales, presuntamente con EUA y la CIA.

Mientras que el primer ministro Cameron preparó una investigación dirigida por el juez Peter Gibson para examinar la evidencia sobre la conspiración de las agencias para la rendición de ciudadanos y residentes británicos en la prisión militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo en Cuba, ordenó su interrupción inmediata cuando las cartas de Allen y Kusa emergieron en 2011, transfiriendo la tarea de Gibson al ISC, el cual se reúne en privado.

El reporte de Gibson sobre su trabajo inicial para Cameron y el comité de inteligencia en 2013 reconoció que “En algunas instancias, los oficiales de inteligencia del Reino Unido estaban conscientes de sus métodos de interrogación inapropiados y el maltrato o acusaciones de maltrato de algunos detenidos por socios de otros países. Muchas de estas instancias fueron reportadas a las oficinas de dirección de las agencias”.

Evidentemente, no ha emergido nada substancioso sobre el ISC.

El secretario de asuntos exteriores, Boris Johnson, se rehusó repetidamente a descartar ayudar a la Administración de Trump en cualquier futuro programa de rendición, a pesar de que Trump declaró que favorece “muchísimo peor que el hundimiento en agua”. Ningún oficial del Gobierno ha criticado el nombramiento de Gina Haspel para dirigir la CIA, quien ha sido implicada directamente en los crímenes de tortura y desaparición forzada, así como la destrucción de evidencia de estos crímenes.

Reprive, la organización de derechos humanos que ha apoyado las demandas legales de los Belhaj contra el Gobierno indicó que Reino Unido está reescribiendo las leyes de tortura del país a puerta cerrada. Añadió, “El reporte más reciente de la Guía Consolidada —las leyes que aplican a los servicios de seguridad donde hay un riesgo de tortura o de trato inhumano— reveló que tan solo en 2016 hubo: 921 casos de tortura considerados —el doble de las figuras del año anterior; un número sin precedentes de fracasos admitidos; una falla de aplicar las reglas en 35 casos, y 8 casos donde la inteligencia fue transmitida bajo circunstancias prohibidas bajo la ley”.

Desde el 11 de septiembre, el Gobierno y la maquinaria estatal han eviscerado el marco de los derechos legales y democráticos que fueron ganados durante cientos de años. Mientras que el blanco ostensible de estas medidas son las redes islamitas, su última meta es la clase obrera y cualquier oposición a las políticas del gobierno en torno a la austeridad, la guerra y el ataque a los derechos democráticos.

El líder laborista Jeremy Corbyn ha mantenido un silencio notable sobre la admisión implícita de May de su conspiración con Washington en las rendiciones y torturas. Esto está vinculado con sus continuos esfuerzos para asegurarle a la élite dirigente que puede confiar en que un Gobierno laboristaprotegerá sus intereses. Con esta meta, ha prometido reclutar a 10.000 policías adicionales y proveer más dinero para el ejército y los servicios de inteligencia.

Concluido

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de junio de 2018)